Nadie quiere el castillo más icónico de Cádiz

Aquel corte de cinta se convirtió en una declaración de intenciones del futuro que le esperaba al castillo de San Sebastián. El monumento, icono patrimonial y paisajístico de Cádiz, había sido rehabilitado y abrió sus puertas al público un 22 de marzo de 2013, un año después de lo previsto, sin uso definido, a medio terminar y con defectos evidentes de construcción. “Ese día, el suelo de madera tenía bolsas de agua y las paredes estaban mojadas”, rememora Paco Cano, entonces comisario de la exposición inaugural y hoy concejal de Patrimonio Histórico de la ciudad. Casi una década después, las humedades son ya el menor de sus problemas. El edificio del siglo XVIII está cerrado, enredado en una pelea burocrática entre administraciones y con zonas que amenazan ruina.

Nadie parece querer el castillo de San Sebastián. Y eso que es un monumento histórico protegido como Bien de Interés Cultural y enclavado en un espigón sobre la playa de La Caleta que protagoniza una de las estampas paisajísticas más reconocibles de la ciudad. Ni siquiera sus 40.000 metros cuadrados baldíos en una capital pequeña y con pocas áreas de desarrollo despiertan interés por desatascar el lío burocrático que lo bloquea. El Ministerio de Transición Ecológica, propietario actual del inmueble, asegura no estar interesado en él y se muestra dispuesto a cederlo al Ayuntamiento de Cádiz. Pero el Consistorio replica que “no puede aceptar un edificio deteriorado”, como resume Cano.

Mientras el desencuentro bloquea una salida digna para el monumento, la amenaza de ruina se hace evidente. El embate de los temporales ha horadado uno de los lienzos de muralla que da a la cara sur, hasta provocar un peligroso socavón en el suelo de arena y grava. La zona de casamatas, en la que la Dirección General de Costas —dependiente del Ministerio de Transición Ecológica— invirtió 11 millones de euros para convertirla en un espacio expositivo de cara al Bicentenario de la Constitución de 1812, está hoy abandonada, con las paredes y los suelos de madera comidos por esa humedad que ya dio la cara en la inauguración. Al complejo, cerrado y sin vigilancia, solo accede la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para el mantenimiento del faro de Cádiz (1908), el único de los reconocibles iconos que componen del edificio que sí está mantenido.

“Desde la Antigüedad hasta el siglo XX está presente en ese castillo. El valor paisajístico es altísimo. También a nivel cultural, por su historia militar y natural. Es muy triste que esté así”, resume el historiador del arte Lorenzo Alonso de la Sierra. De hecho, la dejadez de la última década no ha sido la tónica habitual en la historia de un lugar que se cree ocupado desde los primeros moradores de la ciudad, entre finales del siglo IX e inicios del VIII a. C., tanto para fines culturales como de orientación de navegantes. Los arqueólogos señalan la zona como posible ubicación de un templo —aún no localizado— a una deidad fenicia. Además, distintas torres y atalayas han jalonado el paisaje desde, al menos, hace un milenio. Ya en el siglo XII, el geógrafo andalusí Al-Zuhri hablaba de la existencia de un “curioso faro parecido al de Alejandría”.

La actual fortificación se empezó a construir en el siglo XVIII en torno a una ermita que, a finales del XV, levantaron unos venecianos como agradecimiento a la ciudad por haberles acogido en esa zona retirada para curarse de la peste. El proyecto no culminó hasta la edificación en el siglo XIX de la isla más alejada de la costa (donde está el faro) y formaba parte de un plan de amurallado de la ciudad que arrancó a finales del siglo XVI para proteger a la capital de asaltos y saqueos. En las décadas que tuvo uso militar, San Sebastián llegó a ser incluso espacio de presidio y en el golpe de 1936 quedó marcado como lugar detención y fusilamiento de los represaliados de la Guerra Civil.

Pero no fue hasta los preparativos del Bicentenario de la Constitución de 1812 —ya sin uso militar— cuando el castillo de San Sebastián se convirtió en objeto de deseo político. La entonces alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), quería que el monumento se convirtiese en el epicentro cultural de las celebraciones de 2012. Del entorno de ese año datan varios proyectos e ideas frustradas: auditorio con embarcadero, acuario, espacio de muestras… La crisis económica que arrolló a los fastos del Doce dejó aquellos planes ambiciosos en la rehabilitación parcial financiada por Costas, que, para Cano, fue un fracaso por la elección de materiales no adecuados para un edificio que “es como un barco en mitad del mar”.

Aquella inauguración de 2013 como espacio expositivo de un lugar tan afectado por el mar y sus temporales, poco apto por su humedad para exponer obras de arte, fue el inicio del lío burocrático actual. El Ayuntamiento de entonces mostró su interés al Ministerio de Medio Ambiente (también del PP en aquella época) por hacerse con el inmueble en una cesión temporal de cuatro años, mientras se gestionaba una concesión administrativa por medio siglo. El trámite de desafección echó a andar y, desde 2015, la Dirección General de Costas declaró su “innecesariedad”. Este cambio de estatus implica que el castillo no es necesario para proteger la integridad de la naturaleza del dominio público terrestre, algo que sí ocurre con el resto de las murallas de la ciudad. También que la fortaleza está en la transición de pasar de ser un bien demanial —de dominio público— a un bien patrimonial que dependerá del Ministerio de Hacienda para sus posibles cesiones de uso a otras administraciones, tal y como explican desde el Ministerio de Transición Ecológica.

Pero el proceso se quedó a medias, después de que al Ayuntamiento de Cádiz se le “solicitase un proyecto arquitectónico y una justificación económica”, según detalla Cano. “Ni el equipo anterior (PP) ni el actual (de Adelante Cádiz y Ganar Cádiz) lo presentaron porque era desorbitado para un Consistorio”, apunta el concejal. Los cuatro años de cesión municipal temporal expiraron en 2017, aunque el municipio mantuvo la seguridad privada del espacio hasta la pandemia, momento en el que el cambio de empresa concesionaria imposibilitó alargar el cuidado para un edificio que no es de la ciudad, según justifica Cano. “Lo comunicamos a Costas y nos contestó que reconsiderásemos que fuese la policía local quien lo protegiese. La actitud del ministerio es decir ‘es nuestro, pero no vamos a poner dinero, ni seguridad”, se queja el edil.

Transición Ecológica se justifica en que, una vez declarado innecesario, el ministerio “no está legitimado para intervenir en él”. “Para rehabilitar un Bien de Interés Cultural habría que buscar otras vías de financiación que no corresponde al Miteco determinar”, aseguran desde esa administración. En todo ese embrollo, solo la Universidad de Cádiz ha llegado a mostrar interés por dar vida a un monumento en el que, durante unos años, ya tuvo un laboratorio del mar, el Labimar. De aquella intención, aún no cristalizada en un proyecto concreto, solo se sacó en claro que recuperar el espacio como museo de la ciencia costaría 26 millones de euros y necesitaría una más que probable colaboración público-privada a la que el Ayuntamiento no se opone, según asegura Cano. Mientras, el edificio que todo el mundo quiso, pero que ahora nadie desea poseer, se consume, cerrado y abandonado a su suerte.