Menos opacidad y más investigación: cómo resolver el mayor saqueo artístico de nuestra historia

Durante la posguerra franquista se produjo el mayor saqueo artístico de nuestra historia, comparable en muchos sentidos al expolio nazi de las colecciones judías, pero en este caso las víctimas fueron fundamentalmente los exiliados y represaliados republicanos. Aunque también hubo otros muchos damnificados.

Para entender esta cuestión hay que retrotraerse a la Guerra Civil, cuando, a los pocos días de su estallido, el Gobierno republicano creó la Junta de Incautación y Salvamento del Tesoro Artístico, que tenía como función la localización, recogida y almacenamiento de bienes patrimoniales. Tan sólo en la zona centro —Madrid y las provincias limítrofes— se llegaron a concentrar en diversos depósitos más de 22.670 pinturas de los más variados orígenes, además de miles de piezas de orfebrería, porcelanas, muebles, bibliotecas, etc., que aparecían reseñadas en los libros de incautaciones de la Junta junto al nombre de sus propietarios.

También la Caja de Reparaciones, organismo dependiente de Hacienda creado con el objetivo de incautar los bienes de los sediciosos, procedió a la recogida de obras de arte, que finalmente acabarían en las manos de la Junta. En Madrid este organismo llegó a incautarse de más de 3.200 pinturas. Si añadimos las obras incautadas y almacenadas por la Junta republicana en otras zonas bajo mandato republicano —en Valencia, Murcia, Andalucía oriental, Asturias, Cantabria…— el montante es realmente importante. Resulta difícil cuantificarlas en el estado actual de la investigación, pero podríamos estar hablando de en torno a 40.000 piezas, seguramente más.

La parte más importante de este patrimonio fue evacuada, debido al intenso bombardeo sobre Madrid, primero a Valencia, después a Cataluña y, ya al final de la guerra, a Ginebra. Entre estas obras, que también se contabilizaban en miles, había más de 500 del Museo del Prado. Las obras evacuadas a Ginebra volvieron en su totalidad, pero varias acabaron siendo desviadas por los agentes franquistas entregándolas a otros destinatarios. Por el ejemplo, el Prado recibió cuatro obras evacuadas a Ginebra, entregadas en depósito por el Servicio franquista. En el caso de las obras catalanas, vascas, asturianas y cántabras, fueron evacuadas en parte a Francia; la mayoría volvieron, pero todavía hay incógnitas no resueltas sobre su destino.

La República perdió la guerra y el franquismo se aprestó a controlar los depósitos republicanos de obras de arte, tanto las que habían permanecido en España como las que habían salido al extranjero, y proceder a su devolución. Para este cometido, el gobierno golpista creó en hora tardía —en abril de 1938— el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que perpetró una auténtica confiscación masiva y diáspora de obras de arte con destino a museos, centros administrativos, residencias de Franco, Falange, Opus Dei, universidades, iglesias e incluso particulares.

En la documentación franquista se diferenciaba entre las “entregas en depósito” —lo que evidenciaba el claro desvío, como las 38 que recibió el Prado en este concepto en la posguerra— y las “devoluciones”, que no eran garantía de que el destinatario fuera su propietario; juraba “por Dios y por su honor” que esas obras eran suyas, pero sabemos por la documentación localizada que en muchos casos no era cierto. Existen numerosos ejemplos, pero quizás el más sorprendente sea el de la falsa marquesa de Arnuossa, una tal María Teresa Álvarez, que acudía a los depósitos reclamando obras que decía que eran suyas y lo más increíble es que los agentes franquistas se las entregaban.

El capítulo más evidente de expolio y desvío fue el de las colecciones y bibliotecas de los republicanos. La lista de estos exiliados y represaliados cuyas colecciones fueron confiscadas constituye un caso flagrante de represión franquista contra los vencidos a partir de las leyes de “Responsabilidades Políticas”, de febrero de 1939, o de la “Represión de la Masonería y el Comunismo”, de marzo de 1940. Los casos más conocidos son los de Pedro Rico —alcalde republicano de Madrid, que marchó al exilio—, con 25 obras; Ramón de la Sota —naviero y nacionalista vasco, que había fallecido en 1936—, con 170 obras; o el coronel republicano José Sicardo y su esposa Mariana Carderera —que partieron al exilio en Puerto Rico— con 133 pinturas y numerosos bienes de todo tipo. Pero hay muchos más expropiados. Y tampoco podemos dejar de mencionar las confiscaciones de las colecciones de masones y judíos.

Pero aquí no acababa la diáspora franquista de obras de arte, pues fueron muchas las víctimas de estos atropellos que nada tenían que ver con el exilio o la represión, debido en gran parte al desastre organizativo del Servicio franquista, con agentes militarizados y sin sueldo, y el deseo de quitarse de encima lo antes posible este asunto con entregas a diestro y siniestro. Fueron confiscadas colecciones de los más diferentes orígenes, de la nobleza, de la iglesia o de simples particulares. En la investigación realizada para el Museo del Prado, que se me encomendó en coordinación con su archivo, cuyos resultados se comunicaron en marzo de 2023, pudimos localizar 12 propietarios, entre los que se encontraban Pedro Rico (dos obras de Eugenio Lucas); el marqués de Vilallonga (una de Sorolla); particulares como Gonzalo Rodríguez (dos tablas de los Osona) o Lázaro Galdiano (dos obras, una de ellas de Meissonier); pequeñas iglesias de Guadalajara, como las de Yebes (una tabla del Maestro de Lupiana) o la de Pareja (dos fragmentos de tablas del siglo XVI), entre otros.

¿Cómo es posible que esta confiscación masiva no solo afectara a los exiliados o represaliados? El franquismo decretó en enero de 1940 que, si el propietario que no se presentaba en el plazo de ocho días a recoger sus bienes artísticos, estos pasarían a ser propiedad del Estado. Así de expeditivo. Pensemos, en plena posguerra y en un país semidestruido y empobrecido, en las dificultades que pudieron tener muchos para poder desplazarse y reclamar sus obras.

¿Y quienes fueron los destinatarios de las entregas franquistas de obras de arte desviadas? Los más agraciados fueron los 35 museos repartidos por toda España y con un montante, hasta ahora localizado, de más de 3.700 obras; después los organismos públicos (ministerios, centros educativos, universidades, gobiernos civiles y militares, ayuntamientos…) con 2.330 obras; la Iglesia con una suma de más de 2.000 piezas; y hasta se ha podido descubrir el caso de particulares que recibieron obras que no eran suyas, con casi 600 piezas. Estos datos se derivan de la investigación realizada con unos 17.000 bienes artísticos, de los cuales aproximadamente la mitad fueron desviados, tal como expuse en mi libro Arte, botín de guerra. Pero todavía hay miles de obras pendientes de investigación y los resultados pueden ser aún más sorprendentes.

Parece lógico pensar que la Administración debería asumir este asunto, una herida que dejó el franquismo que permanece abierta. Primero, afrontando una investigación que no se ha concluido, que permita localizar el número real de obras confiscadas, aquellas que fueron recuperadas y las que no lo han sido todavía, marcando claramente su origen en la guerra y su destinatario en la posguerra; en segundo lugar, dando acceso a los investigadores y particulares afectados por las requisas a la información de los registros de bienes artísticos de los organismos beneficiarios para poder localizar su ubicación actual; hasta ahora la opacidad ha sido la tónica casi general en esta búsqueda. Y, finalmente, mediante el estudio de la restitución de los bienes a los confiscados, tal como establece la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022; han pasado ya casi dos años y todavía no se ha desarrollado para poder resolver esta cuestión. Las restituciones realizadas últimamente, que afectan a la importante colección De la Sota, derivan de decisiones de Paradores Naciones (dos retratos de Cornelis van der Voort y Luis de la Cruz) y del Ayuntamiento de Burgos (un retrato de Mengs), pero ninguna de las piezas dependientes del ministerio de Cultura.

Creo que una vez más el Prado, nuestra primera pinacoteca, se erige en el modelo a seguir. Es el único museo estatal -hasta ayer, cuando el ministerio de Cultura ha comunicado haber localizado 5.000 piezas en otros museos- que ha ha afrontado la investigación y publicación de las obras confiscadas que se encuentran en sus fondos, con 70 piezas. Y este modelo se debería generalizar a todos los museos y organismos beneficiarios y, por qué no, afrontar como consecuencia lógica la restitución a sus legítimos herederos. En última instancia, sería un acto de justicia democrática en favor de los injustamente confiscados, víctimas de la represión o de la desidia franquistas. Varios han reclamado sus obras y hasta ahora no han recibido respuesta.