El Cabildo de Gran Canaria restituye a la familia del alcalde republicano Pedro Rico cinco cuadros incautados durante la Guerra Civil

El proceso de firmas tardó un rato. Había que apuntar unos cuantos nombres, en un buen tajo de folios. Mientras les tocaba a las autoridades, los hermanos octogenarios Francisca y Pedro Rico Gómez aguardaron pacientes su turno. Solo unos minutos más, la última espera. El 9 de junio de 1938, en plena Guerra Civil, cinco cuadros fueron incautados en el hogar madrileño de su abuelo Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid. Tras el conflicto, el franquismo no los devolvió. Al revés, los envió a Las Palmas de Gran Canaria. Y hasta aquí se han desplazado este jueves los herederos, 86 años después, para llevárselos al fin de vuelta. Nunca conocieron a su abuelo. Al menos, ahora, podrán acordarse de él cada vez que miren sus lienzos.

Los documentos, autografiados en un acto en la Casa de Colón de la ciudad, suponen la primera devolución de obras de arte incautadas a víctimas de la dictadura realizada en el marco de la Ley de Memoria Democrática, como presumió Alicia Bolaños, jefa del Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria —que invitó a este diario al evento—. Tan solo quedan detalles: concretar la caja más adecuada para el envío o aclarar el asunto con la aduana. Así que resonaron música, palabras como “libertad, justicia, deber moral y honor” y grandes aplausos de la cincuentena de asistentes cuando la nieta concluyó: “Recuperarlos supone un desagravio a la memoria de nuestro abuelo”.

Se cierra así un proceso de ocho décadas, entre Guerra Civil, dictadura, olvido, investigaciones, un inventario, obstáculos burocráticos, tres generaciones y otros tantos informes jurídicos. “Es maravilloso, increíble. Siento mucha felicidad”, agregó Francisca Rico Gómez.

—¿Creían que llegaría este momento?, les preguntaron a los dos hermanos.

—Sí.

—¿Estaban convencidos?

—Sí.

Y eso que el adjetivo más usado para definir el procedimiento fue “complejo”. Así lo califica incluso la nota informativa que emitió el Cabildo. El periplo del expediente arrancó en marzo de 2023, cuando la familia reclamó a la Casa de Colón los lienzos. Su origen, sin embargo, se remonta a la mayor tragedia de la historia de España. La Junta Delegada de Incautación, dependiente de la República, se llevó las obras para protegerlas del conflicto, igual que sucedió con muchísimas otras. Para entonces, Rico también había buscado salvación: primero, se asiló en la Embajada de México; luego, se marchó hacia Valencia, escondido en el portaequipaje del Nili, banderillero del torero Juan Belmonte. Mientras el dueño se veía obligado a huir hacia América, sus obras terminaban almacenadas en el Prado. “Entre 1939 y 1940 el régimen abrió un proceso para que la gente pudiera pedir devoluciones. Pero tenías que decir quién eras, donde habías estado en la guerra, y pagar una cierta cantidad”, explicó el conservador del Servicio de Museos, Francisco Javier Pueyo.

Difícil, o incluso imposible solicitarlas, para Rico y buena parte de los afectados. El catedrático Arturo Colorado Castellany, uno de los mayores expertos de este ámbito, suele hablar de “un movimiento de obras como jamás se ha producido en España”. Miles de piezas acabaron lejos de su hogar, en ministerios, universidades, museos, oficinas públicas o incluso en manos de otros privados. Y miles de dueños les perdieron el rastro. Bastante ocupados estaban con sobrevivir.

Los cuadros de Rico, en concreto, llegaron a Gran Canaria en enero de 1942, porque el Gobernador Civil de Las Palmas, Plácido Álvarez Buylla, los solicitó a la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional para constituir un Museo de Bellas Artes. Desde 1952, fueron custodiados y conservados en la Casa de Colón. El exalcalde nunca volvió a verlos: falleció en el exilio, en Francia, en 1957. Ni recuperó su biblioteca, archivo personal u otros cuadros que hoy están el Museo Nacional del Romanticismo o en el del Traje. Miles de visitantes, en cambio, pudieron observar cinco de sus lienzos donde se expusieron durante décadas: en la misma sala de la Casa de Colón que hoy acogió el acto de restitución.

Durante el proceso, nunca se ha hecho hincapié en el potencial valor económico o artístico de Majas obsequiando a un garrochista, Toro embistiendo a un grupo y Cruz de mayo, de Eugenio Lucas Velázquez; Mosqueteros: La venta del caballo, de Francisco Domingo Marqués; y Banderillas de fuego, de Roberto Domingo Fallola. Su impacto emotivo, eso sí, resulta incalculable. “La Administración debía ser ejemplar en este supuesto”, apuntó Alicia Bolaños. Y más desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, concebida justamente para proteger, ayudar y compensar a los represaliados por la dictadura.

El artículo 3 de la normativa amplía la condición de víctima a quienes “padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento”. Y el 31, citado en el acto por Bolaños, impone “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, además de prometer una auditoría de los “bienes expoliados durante la Guerra y la Dictadura” en el plazo de un año. Con ocho meses de retraso, el Ministerio de Cultura publicó en junio un inventario con las 5.126 piezas incautadas y no devueltas que halló en los 16 museos estatales que dependen de su gestión. Sigue siendo, a día de hoy, el único en haber cumplido. De los otros organismos del Ejecutivo nada se sabe públicamente. Este diario preguntó a los 22 ministerios, a través del portal de Transparencia, si custodian obras incautadas durante la Guerra Civil o la dictadura y jamás devueltas. La mitad contestó que no le consta. Algunos matizaron o informaron de que preparan un inventario. Defensa reconoció que expone en sus instalaciones al menos 11 cuadros con ese origen.

“Si las personas ya han sido víctimas de un régimen incompatible con la democracia, no van a serlo también de la inacción de la Administración”, subrayó hoy en el acto la jefa del Servicio de Museos canarios. Así que hace un año y medio recibieron a la familia en el centro, le enseñaron las obras y comprobaron, con un estudio interno de Pueyo, que los cuadros pertenecían efectivamente a Rico. Se cumplían, según Bolaños, los requisitos necesarios: habían demostrado la condición de víctima, y de interesados en el procedimiento; se sumaban el “deber moral” de la administración y el concepto de reparación introducido por la Ley de Memoria Democrática. Solo faltaba —y aún falta— el reglamento que la misma normativa prometía desarrollar en seis meses. Así que, para abrir su expediente en octubre de 2023, Bolaños se acogió al Real Decreto 2134/2008, que regula “la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil”, pero también menciona “otros efectos”.

Sus prisas, sin embargo, se vieron frustradas pronto. Detuvo su expediente cuando descubrió que la Abogacía del Estado preparaba un informe sobre el tema. El Ministerio de Cultura le dijo que no podía facilitárselo, pero le mandaría otro documento. “Y ahí la cosa se quedó parada”, declaraba Bolaños en junio de 2024. Así que insistió: pidió reuniones con el ministerio de Ernest Urtasun y el de Memoria Democrática. El segundo les atendió y les “felicitó” por su trabajo. En el acto, de hecho, se agradeció la colaboración del ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres Pérez, al que se envió una invitación. Finalmente, ni el ministro ni algún representante acudieron.

En el acto, Bolaños citó otro artículo de la ley, el 14: “Las actuaciones que lleven a cabo las administraciones públicas en materia de memoria democrática […] se regirán por el principio de colaboración y subsidiariedad”. Hace meses, los familiares de Rico hasta enviaron una carta al mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desbloquear el impasse. Entre otras cosas, porque participó en un acto de homenaje al exalcalde republicano y otras víctimas del franquismo, en octubre de 2023. Para el Servicio de Museos y del Cabildo, eso sí, la abogada de la familia, Laura Sánchez Gaona, siempre ha tenido palabras de agradecimiento: “Da gusto ver cuando la administración pública tiene corazón”. Y Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, expresó este jueves una esperanza: “Que abramos camino y esto se reproduzca”.

Lo cierto es que quedan miles de piezas perdidas para completar el puzle. El pasado mayo, el Ayuntamiento de Burgos devolvió a la familia De la Sota y Llano Retrato de dama, un cuadro secuestrado por los sublevados franquistas en 1938. Y los mismos herederos recuperaron otros dos lienzos, de la mano del Ministerio de Industria y Turismo. El Prado, por su parte, encargó a Colorado una investigación interna que encontró en sus fondos 70 obras incautadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Incluidas dos de Pedro Rico, que Gaona ya ha reclamado. La abogada cuenta que el proceso avanza y el museo le ha trasladado la “voluntad expresa para poder hacer la restitución lo antes posible dentro del marco legal”. Puede que, dentro de poco, Francisca y Pedro Rico Gómez se sienten de nuevo a firmar. Después de tener tanta paciencia, ahora no esperan otra cosa.