La asamblea manda

Una de las promesas electorales estrella del programa de Sandro Rosell se ha convertido en el tema más polémico de entre los que esta tarde se someterán a aprobación en la asamblea de compromisarios del Barcelona. La creación de una grada de animación en el Camp Nou divide a la opinión barcelonista porque se entiende que es la puerta de entrada para que los violentos regresen al estadio, del que fueron erradicados en el mandato de Joan Laporta. La Junta de Rosell que espera una asistencia cercana a los 1.200 compromisarios en el Palau de Congressos de Catalunya, intuye que no le será fácil sacar adelante ese punto del día.

De las negociaciones entre la directiva de Rosell y los Mossos d'Esquadra se extrae que la policía autonómica teme la reaparición de los hinchas más violentos del Barça. De entre los 900 nombres de socios que quieren formar parte de esa Grada Jove, según una lista proporcionada por el club, los Mossos han vetado ya a 138 por ser considerados miembros conflictivos de los Boixos Nois o por sus antecedentes policiales.

"Renunciar a esa grada de animación sería dar como ganadora a la violencia", dijo el vicepresidente Jordi Cardoner; que considera que al adaptarse a las exigencias del cuerpo de seguridad autonómico -los Mossos han redactado siete puntos irrenunciables que el Barça deberá garantizar para poder llevar el proyecto adelante-, no debe haber peligro alguno.

Aparte de este punto, los socios compromisarios deben votar esta tarde la liquidación del ejercicio económico de la temporada pasada, el presupuesto de la actual, la propuesta del club de un Camp Nou libre de humos y debe ratificar el acuerdo de la directiva sobre el contrato con Qatar Sports Investment, que supondrá el ingreso de 165 millones de euros en cinco años a cambio del patrocinio principal en la camiseta del equipo, estampada con el logotipo de la Qatar Foundation.

La aprobación de estos últimos puntos no parece peligrar, a pesar de las críticas iniciales que recibió la entidad por manchar la camiseta con un patrocinador vinculado a una monarquía absolutista y por relegar a Unicef a la parte trasera de la zamarra azulgrana. La suculenta cantidad (165 millones en cinco años) que el Barcelona percibirá gracias a este contrato sin precedentes en el fútbol europeo en una delicada situación económica prácticamente garantiza la aprobación del acuerdo por los socios.