Las víctimas de abusos sexuales de Larry Nassar demandan al FBI por mil millones de dólares
Un centenar de gimnastas reacciona a la decisión de Justicia de no enjuiciar a dos agentes pese a haberse demostrado su inacción en la investigación al médico del equipo olímpico de gimnasia
Después de que un demoledor informe revelara el año pasado que los fallos del FBI en la investigación permitieron al médico deportivo Larry Nassar seguir abusando de decenas de gimnastas, casi un centenar de víctimas del depredador sexual, en su día médico del equipo de gimnasia femenina de EE UU, han decidido demandar a la agencia federal, el principal órgano del Departamento de Justicia estadounidense. Entre las demandantes, que en total solicitan una compensación de más de mil millones de dólares, está la plana mayor del equipo olímpico, con Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney, todas ellas medallas de oro, a la cabeza.
Según las más de 90 demandantes, el FBI fracasó estrepitosamente en 2015 a la hora de investigar la actuación de Nassar cuando ya disponía de información creíble acerca las agresiones sexuales cometidas por este. Las irregularidades de los agentes sólo merecieron la consideración de “falso testimonio” tras una evaluación por parte del órgano de control interno de la agencia. Es la gota que ha colmado la paciencia de las mujeres, inmersas desde hace más de un lustro en un proceso de reconstrucción personal en el que cada muesca del caso supone un nuevo capítulo de sufrimiento, más que de reparación.
“Mis compañeras supervivientes y yo fuimos traicionadas por todas las instituciones que se suponía que debían protegernos: el Comité Olímpico de EE UU, [la Federación de] Gimnasia de EE UU, el FBI y ahora el Departamento de Justicia”, ha dicho este miércoles Maroney mediante un comunicado. “Está claro que el único camino hacia la justicia y la sanación es a través del proceso legal”.
“Si simplemente el FBI hubiera hecho su trabajo, Nassar habría sido detenido antes de que tuviera la oportunidad de abusar de cientos de niñas, yo incluida”, ha lamentado Samantha Roy, antigua gimnasta de la Universidad Estatal de Míchigan, que empleaba a Nassar.
En julio pasado los responsables de la investigación interna corroboraron graves fallos en los primeros compases de la investigación, en 2015, por parte de los dos agentes adscritos a la oficina de Indianápolis, a consecuencia de los cuales el depredador de más de 330 mujeres -el número probado en el juicio- siguió actuando impunemente. Pese a ello, el Departamento de Justicia rechazó hace dos semanas presentar cargos penales contra los agentes por la cadena de errores que dejó desprotegidas a un número indeterminado de jóvenes durante más de un año, antes de que Nassar fuera detenido a finales de 2016 en Míchigan. En diciembre pasado, más de 500 chicas cerraron un acuerdo por 380 millones de dólares con la Federación de Gimnasia para poner fin a cinco años de litigios. Dos años antes, en 2018, la Universidad del Estado de Míchigan había accedido a otro acuerdo de 500 millones con 332 de ellas.
El Departamento de Justicia ya había informado el verano pasado de que no presentaría cargos penales contra los agentes del FBI que infravaloraron las denuncias de acoso y abuso sexual, aunque posteriormente reconoció que con su actuación habían violado las normas de la agencia. En septiembre, las estrellas olímpicas Simone Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols y Aly Raisma denunciaron ante el Comité Judicial del Senado que el FBI había hecho “la vista gorda”, permitiendo que un abusador quedara libre durante más de un año.
El MeToo del deporte
El mayor escándalo de abusos sexuales en el deporte estadounidense se desarrolló en paralelo a la eclosión del movimiento MeToo, que rompió el silencio de cientos de mujeres abusadas por hombres en posiciones de poder. Un caso en el que encaja Nassar, que se prevalía de su influencia en las chicas para actuar impunemente y en silencio. Como una amarga metáfora, la lucha judicial de las supervivientes también ha corrido en paralelo al expediente de quiebra de la propia federación de gimnasia en el Estado de Indiana, tras arrastrar un déficit desde los años noventa, a lo largo de cuatro Juegos Olímpicos. Durante ese dilatado periodo las denuncias fueron reiteradamente ignoradas por la cúpula de la federación, que intentaba marcar distancias con el depredador sexual afirmando que nunca trabajó directamente para el organismo.
Pese a las evidencias llegadas al FBI en 2015, el escándalo se hizo público tras una investigación del diario The Indianapolis Star. Dos años después Nassar fue condenado a cadena perpetua por delitos de asalto, agresión sexual, pornografía infantil y manipulación de pruebas. La primera mujer que rompió el silencio fue la medallista Jamie Dantzscher, que acudió a los tribunales en septiembre de 2016. En 2018 ya eran cientos las mujeres que solicitaban compensaciones por los abusos, lo que contribuyó a la declaración de quiebra de la federación. En repetidos acuerdos, las víctimas no sólo han obtenido una reparación económica, también voz pública y, algunas de ellas, el sello de activistas contra los abusos. El hito en su lucha por la justicia fue la vista del comité del Senado sobre la actuación del FBI. Los espectadores pudieron escuchar a atletas como Biles, ganadora de 25 metales en siete Juegos, contar experiencias dramáticas que se perpetuaron durante años. Todas ellas coincidieron en que si el FBI hubiera actuado antes, al menos 70 compañeras habrían podido evitar las garras de Nassar.
“El agente que me entrevistó me quería convencer de que no valía la pena abrir un caso criminal contra él”, contó Aly Raisman, ganadora de seis medallas entre Londres y Río, a los senadores, a los que dijo haber insistido durante 14 meses para hablar con los investigadores del FBI. Cuando lo consiguió, y pudo contarles cómo Nassar le había metido los dedos en los genitales durante horas cuando tenía 13 años, recibió por respuesta un “¿eso es todo?”. Nassar abusó de muchas integrantes de los equipos olímpicos de 2012 y 2016. En enero de 2018, recibió una condena de 40 a 175 años de cárcel, que se sumó a los otros 60 que ya cumplía en prisión por delitos de pornografía infantil.
Simone Biles no escatimó críticas a las autoridades. “Culpo del abuso sexual a Nassar y a todo el sistema que lo permitió”, dijo quien se presentó ante los senadores como “superviviente de abuso sexual”. La dueña de 25 medallas en mundiales, y siete en Juegos Olímpicos, asumió en los de Tokio, en julio pasado, que no se hallaba en condiciones de competir por sufrir un bloqueo psicológico. Con esa confesión, impensable sólo unos años antes, Biles se convirtió en abanderada del incipiente, y cada vez más generalizado, movimiento de deportistas de élite en pro de la salud mental. “No quiero que ningún otro joven atleta olímpico ni ninguna otra persona sufran el horror que yo y otros cientos hemos soportado y continuamos soportando hasta el día de hoy”, subrayó Biles ante los senadores. Fue la rémora de esos abusos, más la presión de la alta competición, la que la paralizó en Tokio. También, probablemente, el cansancio de litigar durante años para que su voz, y las de cientos de sus compañeras, fuera escuchada.
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