El juez del ‘caso Oikos’ deja el caso con críticas a la dificultad para perseguir los amaños en el fútbol

A finales de mayo de 2018, varios amigos del barrio malagueño de El Palo recibieron un chivatazo sobre el resultado del partido Huesca-Nàstic que se iba a jugar. Apostaron y ganaron como nadie en España. La Policía Nacional tiró del hilo de aquel golpe de suerte con trampa y el asunto terminó, bajo el nombre de operación Oikos, sobre la mesa de Ángel de Pedro, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huesca, que un año después ordenó la detención de una decena de personas como parte de una supuesta red de amaño de partidos. El juez, a quien apenas le interesaba el fútbol, se vio enredado en una compleja causa en la que llegó a tener imputadas a más de medio centenar de personas. Después de tres años, De Pedro abandonó el pasado 14 de septiembre el juzgado y, con él, el caso Oikos. En este caso, con un auto que puede leerse como un legado para la magistrada que le sucede en el que detalla todo lo que ha aprendido estos meses sobre amaños y le avisa de la extraordinaria dificultad que entraña la persecución de la corrupción en el deporte, incluso cuando todo apunta a que existió.

Nueve días antes de que el BOE diera oficialidad a su traslado al Juzgado 1 de lo Penal de Huesca, De Pedro dictó ese último auto en el que sobreseía la causa para 23 de los 25 futbolistas de la plantilla del Reus en la temporada 2016/17 pese a que parecía convencido de que muchos de ellos participaron en el supuesto amaño del partido que este equipo jugó contra el Real Valladolid en junio de 2017 y terminó con un 2-0 a favor de equipo catalán. Todo ello, presuntamente ordenado y pagado por el Huesca.

En las jornadas finales de aquella temporada, el Huesca y el Valladolid optaban todavía a la sexta plaza de Segunda, la última que daba derecho a jugar el playoff de ascenso. Según la investigación, el club aragonés, con la intervención de su presidente, Agustín Lasaosa, detenido en 2019 y aún investigado, pagó 250.000 euros a los jugadores del Reus por vencer al Valladolid. En su auto de despedida, el juez describe quién prestó el dinero en efectivo para ese pago, a cambio de qué interés, cómo se acordó el pagó, dónde y cuándo se realizó y dónde, y cuándo se repartió al final el dinero entre los futbolistas.

Sin embargo, el relato del proceso, reconstruido por el juez a partir de mensajes intercambiados a través de la aplicación WhatsApp, registros bancarios y una contabilidad manuscrita encontrada en el despacho de Lasaosa, no le resulta suficientemente sólido al propio magistrado. De Pedro resume su frustración en el auto: “Hay que tener en cuenta que en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos (‘amaños de partidos de fútbol’) es muy difícil contar con prueba personal y directa, salvo que hubiese una confesión de un jugador o directivo de un club implicado. Lo habitual es contar con prueba indirecta o circunstancial, lo que exige un proceso intelectual complejo de reconstrucción de un hecho concreto a partir de una recolección de indicios (juicio de inferencia). En el caso que nos ocupa, en relación al resto de los integrantes de la plantilla del Reus, no existe aquella prueba directa, y la indiciaria no es lo suficientemente plural, ni tiene una naturaleza singularmente incriminatoria”.

Lo que De Pedro echa en falta en la operación Oikos es lo que sí permitió la primera condena por amaños en España, dictada en 2020 en el llamado caso Osasuna. El exgerente del club navarro, Ángel Vizcay, confesó que al final de las temporadas 2012/13 y 2013/14 habían decidido pagar al Getafe y al Betis para que se dejaran ganar contra ellos, y al Valladolid, al Betis y al Espanyol para que ganaran sus partidos contra otros rivales, resultados que ayudarían a Osasuna. Un tribunal condenó gracias a este testimonio a nueve de los 11 acusados, entre ellos dos futbolistas.

Además de la constatación de las dificultades, el juez reflexiona en su auto sobre si primar a terceros por ganar debe ser considerado delito, algo que discuten algunos expertos: “A mi juicio, la conducta analizada es fraudulenta, no por la forma opaca en que se realiza, de forma no pública, con entrega de dinero en efectivo no declarado, a través de intermediarios, o con facturas falsas para obtener la financiación, sino porque implica una trasgresión de las reglas de juego de las que la propia competición se ha dotado. Actuando la sociedad deportiva que paga la prima con infracción del principio de juego limpio, y de forma ventajosa frente a sus competidores, que no saben que aquella prima ha sido prometida o abonada; o que no tienen la capacidad económica de aquella sociedad; o simplemente, que confían que el juego se va a desarrollar de forma previsible atendiendo a la técnica, forma física, y destreza de los jugadores, y no a estímulos externos ajenos a la limpieza de la competición. Por otra parte, solo aquellas entidades deportivas que tengan mayores recursos económicos podrán incentivar a equipos contrarios a sus rivales”, escribe.

En su auto de despedida, De Pedro archiva la causa para 23 futbolistas de aquella plantilla del Reus, pero mantiene como investigados a Francisco Javier Atienza y Aritz López Garay, que según las investigaciones actuaron como presuntos intermediarios entre sus compañeros e Íñigo López, el exfutbolista del Huesca a quien la policía considera uno de las piezas principales de la supuesta trama de amaños. Junto con él, también siguen en la causa los dos presuntos cabecillas, el exfutbolista del Real Madrid Raúl Bravo, que según la investigación financió el amaño del Reus y promovió algunos otros, y el también exfutbolista Carlos Aranda, también financiador como Bravo. El sumario identifica además a Aranda como la persona que supuestamente avisó en su barrio, El Palo, de lo que iba a suceder en el Huesca-Nàstic con el que empezaron la investigación y las frustraciones del juez De Pedro.

Su puesto lo ha ocupado la magistrada Sara Uriel, que el 26 de octubre, solo unas semanas después de asumir el caso, retiró a la SD Huesca su condición de investigada con presunta autor de posibles delitos tributarios y contables. De Pedro y la policía estaban convencidos de que el club había usado facturas falsas para que una empresa de construcción ayudara a blanquear el efectivo con el que pagaron el presunto amaño. Sin embargo, Uriel, después de consultar a la Agencia Tributaria, cree que no tiene suficientes indicios para seguir por esa vía.

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