El inicio del fin de un sistema clientelar en las federaciones deportivas

Como sucedió en 2017 con el encarcelamiento y la posterior inhabilitación de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el caso Rubiales ha vuelto a destapar un sistema clientelar con los presidentes de las federaciones territoriales en la cúspide de la pirámide. Son solo 19, pero manejan la asamblea de 140 componentes —ellos y el propio presidente son miembros natos—, que eligen al presidente del fútbol español cada cuatro años. Su ascendencia, principalmente sobre los asambleístas que no pertenecen al profesionalismo (29 clubes, 18 jugadores, 10 entrenadores y siete árbitros) más sus propios 19 votos les garantizan de salida una mayoría sobrada (76) en cualquier votación. Normalmente, solo los 20 clubes profesionales y algún díscolo entre los equipos regionales son oposición al rodillo asambleario puesto a disposición del presidente del fútbol español.

La Orden Ministerial que regula las elecciones es el embrión del empoderamiento de los barones de las territoriales en las federaciones deportivas. Las circunscripciones para elegir a los asambleístas, salvo en el caso del profesionalismo, son de carácter autonómico. Esto propicia que los mandamases regionales controlen a los candidatos a ser miembros de la asamblea. “Cualquier club o árbitro que intente presentarse a asambleísta sin el visto bueno del presidente de una territorial sabe que puede tener problemas. Las estadísticas dicen que muchas veces solo hay un club, un árbitro o un jugador candidato a asambleísta y es el elegido por el barón correspondiente”, revela un exempleado de la federación que estuvo inmerso en varios procesos electorales.

El Gobierno de Pedro Sánchez, en su intento por derrocar a Luis Rubiales, ha percibido el poder que ostentan los barones territoriales a la vez que recibía el mensaje de la sociedad de que tanto las estructuras de la federación como el sistema electoral necesitaban una renovación profunda. El Consejo Superior de Deportes, presidido por Víctor Francos, trabaja desde hace un par de semanas en un borrador que modifique la citada orden ministerial que regula los procesos electorales. Según fuentes del CSD, la nueva orden ministerial pivotará sobre tres ejes: democratización, igualdad de género e inclusión. El texto que están trabajando los servicios jurídicos del organismo gubernamental refuerza la transparencia con medidas para la publicidad y difusión de los procesos electorales, de manera que a ningún elector se le pasen desapercibidos los plazos. El fin, según fuentes ministeriales, es fomentar, facilitar e incrementar la participación en los procesos electorales, haciendo que sean más abiertos y democráticos. Por otro lado, se garantizará que la representatividad de las asambleas se ajuste a la ley orgánica 3/2017, con una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Esto, a juicio del CSD, corregirá la masculinización de los órganos federativos.

Otro de los ejes será la inclusión de las personas con discapacidad, toda vez que la nueva Ley del Deporte pretende facilitar la integración de todas las personas deportistas —con y sin discapacidad— bajo la misma federación. El borrador aún no perfila si las circunscripciones serán estatales para todos los estamentos que componen las asambleas, pero los tres ejes normativos restarán control a los barones en la elección de los asambleístas.

Los servicios jurídicos del CSD también trabajan en el desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Deporte en sus disposiciones sancionadoras para dotarse de más herramientas y evitar que conductas como las de Rubiales no fueran catalogadas como muy graves por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). La resolución del tribunal deportivo no calificó muy grave el beso no consentido a Jennifer Hermoso, lo que impidió al CSD imponer una suspensión temporal y la posterior inhabilitación al presidente dimitido. La decisión del TAD puso en alerta al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la longitud de los tentáculos del sistema clientelar instalado en la federación. Uno de los miembros del TAD, Jaime Caravaca, es sobrino de Ramón Caravaca, socio a su vez del despacho GC que dirige Tomás González Cueto, asesor externo jurídico de la RFEF. Este factura por sus servicios al ente federativo cientos de miles de euros, además de tener a su hija trabajando en los servicios jurídicos de la entidad. Tras los despidos del secretario general, Andreu Camps, y del director de integridad, Miguel García Caba, González Cueto es el gran bastión del rubialismo que aún mantiene su relación con la federación. El presidente de la gestora Pedro Rocha aún no se ha atrevido a cortar la relación mercantil con González Cueto. Fuentes federativas aseguran que el motivo no es otro que Ramón Caravaca lleva la defensa de los barones imputados en la Operación Soule que acabó con los 29 años de Villar al frente de la federación.

Ejemplos como el de Jacinto Alonso (La Rioja) cuya correduría llevaba gran parte de los seguros de la federación son muestra del sistema clientelar descrito en su auto por el juez Pedraz y con el que Villar se aseguraba el apoyo de los barones. Este modelo tan descarado fue cambiado por Rubiales en 2019 por la asignación de 100.000 euros al año para profesionalizar la gestión de las territoriales. El resultado fue que barones como Francisco Soteras (Cataluña), Rafael Louzán (Galicia), Francisco Díez (Madrid) o Salvador Gomar (Valencia), entre otros, se han incluido la ayuda federativa en su sueldo como presidentes regionales tal y como quedó reflejado en las actas de sus respectivas asambleas. “Rubiales ha regado de dinero a las territoriales, su gestión es la mejor de la historia”, defiende un barón rubialista contrario a que el beso a Jennifer Hermoso supusiera el fin del dirigente granadino.

La nueva orden ministerial que regula las elecciones puede ser el inicio del fin de los sistemas clientelares en las federaciones deportivas españolas. Está por ver si esto es del agrado de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, gran defensor tanto de las gestiones de Villar como de la de Rubiales y del actual sistema electoral. No es descartable que el CSD tenga que enfrentarse a una rebelión de las federaciones aglutinadas bajo el liderazgo de Blanco.

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