Admitida a trámite una demanda de más de 330 entrenadores contra la RFEF por no expedirles las licencias UEFA para ejercer fuera de España

El Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid ha admitido a trámite una demanda presentada por más de 330 entrenadores contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) promovida, entre otros, por el Comité Nacional de Entrenadores (Cenafe) y la Asociación de Transparencia y Democracia que preside Miguel Galán, el hombre que se ha propuesto cambiar el rumbo en el seno del órgano que rige el fútbol español. Los técnicos acusan a la RFEF de no dejarles ejercer en el extranjero al no expedirles la llamada licencia UEFA a pesar de haber obtenido sus títulos en centros autorizados. Según los demandantes, la federación sí expide esta licencia a quienes han estudiado en centros dependientes de la misma.

La reclamación, de 26 páginas y a la que ha tenido acceso este diario, denuncia la vulneración por parte de la RFEF del artículo 14 de la Constitución Española —que establece que los españoles son iguales ante la ley— y la libre circulación de trabajadores en la UE. “Con la titulación de técnico deportivo superior en fútbol, cualquiera de los demandantes podría entrenar a un equipo de primera división de fútbol (como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, etc.) en la competición española y, sin embargo, no podría hacerlo a un equipo de tercera división francesa porque la RFEF no le emitiría la habilitación (diploma o licencia UEFA) si no paga las tasas (hasta 1.050 euros) para someterse a un procedimiento de acreditación de competencias convocado, creado, controlado y evaluado por la propia RFEF en exclusiva”, relata la denuncia, que fue admitida a trámite el pasado 12 de abril y está firmada por el abogado Antonio Orús y la procuradora María del Mar Rodríguez.

Los demandantes cifran en miles el número de trabajadores afectados por la actuación de la federación de fútbol, ya que han recibido ofertas del extranjero —sobre todo de ligas menores y de categorías amateur— pero no han podido aceptarlas al no contar con la licencia UEFA para ejercer fuera de España.

Los denunciantes solicitan al juzgado que declare que “la RFEF ha vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación” al proferirles “un trato discriminatorio y desigual” frente a aquellos otros entrenadores que sí han cursado los estudios en los centros o escuelas dependientes de la federación. Para los demandantes, esto supone una “barrera” impuesta por la RFEF que les dificulta el ejercicio de sus derechos a “la libertad de residencia y ejercicio de profesión de entrenador de fútbol en cualquier Estado miembro de la UE en condiciones de igualdad”. También reclaman que se condene a la federación a expedir y entregarles las licencias UEFA correspondientes con las competencias profesionales que ostentan “en las mismas condiciones que aquellos entrenadores que han cursado los estudios de entrenador en los centros o escuelas dependientes de la demandada”.

Para la emisión de las licencias o diplomas UEFA, la federación exige a quienes tengan el título de técnico deportivo o técnico deportivo superior en fútbol que acrediten ante la comisión de calidad del organismo haber adquirido los conocimientos y competencias necesarios. Para demostrar la formación, la RFEF solicita, como mínimo, la presentación de un proyecto deportivo y su defensa del mismo ante un tribunal.

La federación envía dos informes al CSD

A la espera de si el Consejo Superior de Deportes (CSD) convoca a la comisión directiva del organismo para someter a votación la suspensión provisional por falta muy grave de la comisión gestora de la RFEF y de Pedro Rocha —el único candidato que reunió los 21 avales requeridos para presidir la institución—, la federación envió el miércoles al CSD dos informes que este está evaluando y “que pueden constituir un elemento de valor” sobre la situación del organismo, según fuentes del propio CSD, que afirman que están actuando con “determinación y firmeza y con las máximas garantías legales ante la crisis de la RFEF”.

La entrega de estos dos documentos llega después de que el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, anunciase el martes en una comisión del Congreso de los Diputados que la institución que preside convocaría los próximos días a la comisión directiva para votar la suspensión temporal de Rocha y de la comisión gestora después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) incoara el pasado lunes un expediente sancionador contra ellos.

El origen del expediente del TAD es una denuncia de Miguel Galán que acusa a Rocha de haberse extralimitado en sus funciones como presidente interino y de retrasar la convocatoria electoral en la RFEF. La resolución del TAD fue remitida el lunes al CSD, que está analizando las 39 páginas de las que consta el escrito para decidir si inhabilita o no a Rocha y al resto de miembros de la federación que integraban el núcleo duro de la misma tras sobrevivir a la crisis de Rubiales.

Rocha, además, está imputado desde el pasado viernes en el marco de la Operación Brodie, que investiga la trama que supuestamente saqueó la RFEF durante la presidencia de Luis Rubiales (2018-2023) mediante el amaño de contratos, entre ellos el de la remodelación del estadio de La Cartuja de Sevilla, ejecutada en 2021, o el que ha llevado a Arabia Saudí los partidos de la Supercopa de España.

Mientras, la federación continúa en una situación de interinidad absoluta, sin un presidente ni nadie capaz de firmar un solo contrato para avanzar en la gestión del día a día.

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