El futuro de Rafael Louzán como presidente de la RFEF, en manos del Supremo

En medio del bochorno reputacional del juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso, el futuro, el prestigio y la imagen de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también estarán a partir de este miércoles en manos de la justicia, en este caso del Tribunal Supremo. A las diez y media de la mañana comienza la vista tras la cual cinco magistrados del citado tribunal deben decidir si prospera el recurso del actual presidente de la RFEF, Rafael Louzán, o ratifican la sentencia de siete años de inhabilitación para ocupar cargo público que la Audiencia Provincial de Pontevedra le impuso por un delito de prevaricación. Los hechos sucedieron en 2013, cuando Louzán presidía la Diputación pontevedresa y el Partido Popular en la provincia. Louzán votó a favor de conceder a la constructora Eiriña SL una subvención de 86.311 euros para unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que en su mayor parte ya estaban ejecutadas. En la sentencia, el juez sostuvo que Louzán prevaricó al votar a favor del acuerdo de conceder la subvención “a sabiendas de que era [algo] ilegal y arbitrario porque respondía a un artificio para, burlando las barreras de la normativa, satisfacer las reclamaciones de la contratista, infringiendo el deber de transparencia y no protegiendo los derechos de la Administración”.

Louzán fue elegido presidente de la RFEF el pasado 16 de diciembre con el voto de 90 asambleístas que le apoyaron pese a tener conocimiento de la condena y del terremoto y el daño reputacional al que se exponía de nuevo al fútbol español si el Supremo ratificara la condena. En este sentido, según avanzó la Cadena Ser, la Fiscalía solicitó este martes en un escrito dirigido a la sala de lo penal que se ratifique la condena. El Ministerio Público considera que en la sentencia “constan todos los elementos nucleares y periféricos del delito de prevaricación”. La citada sentencia hace referencia a que de las escuchas telefónicas se puede derivar cómo fue urdida la prevaricación y que en el concurso para la concesión de las obras se presentaron dos empresas “en mera apariencia, sin propósito serio de valorar sus proposiciones”. Y prosigue el juez: “la participación subjetiva y culpable [de Louzán] consiste en que conocía que lo que se aprobaba era contrario a derecho porque se iba a conceder una subvención ad hoc, en el seno de un procedimiento simulado para sortear las limitaciones de la norma de aplicación que eran las Bases Reguladoras do Plan de Investimentos Da Deputación Provincial de Pontevedra 2009- 2011″.

Louzán considera que esto último es una mera cuestión de interpretación y espera que los magistrados del Supremo concluyan que cumplió con la Ley. El dirigente gallego también se ha mostrado optimista con la resolución final apoyado en la estadística de que solo un 10% de los recursos de casación son admitidos a trámite por el Supremo, aunque no dice que solo prosperan entre un 85% y un 90%. Su optimismo también se basa en que la sentencia le exoneró del delito de fraude por el que fue condenado en primera instancia.

La ratificación de la condena supondría otro seísmo de gran calado en la Federación. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, manifestó el pasado miércoles que, si la inhabilitación se mantiene, habrá que convocar nuevas elecciones a la presidencia federativa. Otro bochorno mundial después de estar casi un año y medio para poder celebrar las que Louzán ganó después de que su antecesor, Pedro Rocha, fuera inhabilitado. Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) aseguran que, si la resolución es contraria a Louzán, se aplicaría el artículo 60.3 de la Ley del Deporte que reza: “Cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de Deportes”. Además, si la sentencia es corroborada por el Supremo, Louzán no podría formar parte de ningún órgano de gobierno o equipo de trabajo de FIFA y UEFA.

Sin embargo, según fuentes federativas, Louzán estaría incluso dispuesto a seguir aunque la condena sea ratificada amparándose en que la inhabilitación es especial y que solo le impediría ejercer un cargo público homólogo al que ocupaba en el momento del delito, además de defender, con la jurisprudencia existente al respecto, que la federación es una entidad privada, aunque tenga funciones públicas delegadas.

Durante la campaña electoral, Louzán proporcionó a los presidentes de territoriales afines a su candidatura un documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, en el que sus abogados aconsejaban un cambio en los estatutos de la federación, en particular de los artículos 19 Y 24. El primero, referente a los requisitos para formar parte de los órganos de gobierno federativos, establece como condición “no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos”. Esto no impidió a Louzán presentarse a las elecciones, pero sí le niega el acceso a los órganos de gobierno federativos. El presidente de la federación también lo es de la Asamblea y de la Comisión Delegada. El artículo 24 tiene que ver con el cese en los cargos para cualquier persona afectada por las restricciones del 19. Louzán ha convocado una asamblea extraordinaria para el próximo lunes día 10 en la que el punto seis del orden del día dice: “Asuntos jurídicos”: ·”Adaptación de los Estatutos a la normativa vigente y modificación”.