Cuando la política mete las narices en el deporte

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El mundo del deporte, y en particular el fútbol, ha sido históricamente un terreno fértil para la intervención política. Este fenómeno ha ocurrido en diversas etapas de la historia, tanto durante dictaduras como en periodos democráticos, aunque bajo modalidades y fines diferentes. Un ejemplo claro de la vinculación entre política y deporte se puede observar en la historia reciente de España, donde muchas veces se han cruzado las fronteras entre lo deportivo y lo político, a menudo con consecuencias negativas para la independencia de las instituciones deportivas.

Uno de los ejemplos lamentables de esta interferencia tuvo lugar durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando el gobernador Milans del Bosch tomó la decisión de cerrar el estadio de Les Corts, sede del Futbol Club Barcelona, durante seis meses. Este cierre se produjo como consecuencia de una pitada que los aficionados del Barça hicieron al himno nacional español, en un acto de protesta contra el régimen. A pesar de las represalias del gobierno, los socios del club no abandonaron su apoyo al Barça y continuaron pagando sus abonos, lo que demuestra la resistencia de una parte de la sociedad catalana frente a la represión política.

Durante la guerra civil española, la relación entre la política y el deporte se intensificó aún más. Un caso trágico que simboliza esta conexión ocurrió en 1936, cuando Josep Suñol i Garriga, presidente del FC Barcelona en ese momento, fue asesinado por el ejército franquista. Suñol fue detenido mientras viajaba en coche a Madrid y, posteriormente, ejecutado en la Sierra de Guadarrama. Otro caso trágico, según una investigación hecha por la revista Sàpiens, fue el que aconteció en el año 1939, cuando el presidente del Real Madrid de la época, Antonio Ortega Gutiérrez, fue ejecutado a garrote vil después de ser sometido a un juicio sumarísimo. Estos hechos reflejan la persecución que sufrieron muchos de los líderes deportivos que se oponían al régimen, así como el uso que el franquismo hacía del deporte para consolidar su poder.

En otra ocasión, durante los primeros años del régimen franquista, la Junta Directiva del Barça, presidida por Agustí Montal, decidió conceder la medalla de oro del club al presidente de la Penya Barcelonista de Manresa. Sin embargo, el gobernador civil de la época intervino y advirtió a Montal que en España, bajo la dictadura de Franco, la primera medalla de oro debía ser otorgada al propio Caudillo. Ante esta presión, la Junta Directiva se vio obligada a anular su decisión y viajar a Madrid para entregar la primera medalla de oro de la historia del club a Franco, una acción que evidencia la sumisión del deporte a la voluntad del régimen.

Ya en la transición democrática, después de la muerte de Franco y con la llegada al poder del gobierno presidido por Adolfo Suárez, la relación entre el poder político y el mundo del deporte continuó siendo tensa y problemática. Un episodio revelador ocurrió cuando, bajo la presidencia de Agustí Montal, se pactaron con el gobierno de Suárez los nombres de los integrantes de la nueva Junta Directiva del FC Barcelona. Este pacto subraya cómo la política siguió infiltrándose en las decisiones internas del club, incluso en la era democrática. Si bien este pacto no tuvo las dimensiones de las represalias vividas durante la dictadura, sí dejó en evidencia la falta de autonomía de algunas instituciones deportivas frente a los intereses políticos.

Política y fútbol en el siglo XXI

Los momentos más recientes de la historia del Barça también han estado marcados por la interferencia política. En la democracia del siglo XXI, la relación entre la política y el fútbol, especialmente en Cataluña, ha alcanzado nuevos niveles de conflicto. Durante mi mandato como presidente del FC Barcelona, experimenté la brutalidad con la que la política no solo influye, sino que irrumpe en el deporte con desvergüenza y crueldad. Durante mi mandato, un grupo de políticos dentro del gobierno español, específicamente Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partido Popular (PP) en Catalunya, me incluyó en una lista de “potenciales independentistas catalanes” a eliminar. Esta lista formaba parte de una estrategia que buscaba desestabilizar a las figuras que representaban una resistencia política, en este caso, aquellos que ellos creían que apoyaban la causa independentista catalana, fuera o no cierto.

Mi posición como presidente del Barça, en ese momento uno de los clubes más poderosos del mundo, tanto en el campo como fuera de él, me convertía en un blanco perfecto para los intereses políticos. En esos años, el FC Barcelona disfrutaba de uno de los periodos más exitosos de su historia. El primer equipo, liderado por Lionel Messi, arrasaba tanto en competiciones nacionales como internacionales, mientras que la situación económica del club era la más sólida de toda su historia. No obstante, fue precisamente en esos momentos de éxito cuando más se intensificaron los intentos de controlar al Barça desde los círculos políticos.

La decisión de nuestra junta directiva de incluir las cuatro barras de la bandera catalana en la segunda camiseta del equipo, nos acarreó graves problemas. Ciertos sectores políticos lo interpretaron como un acto de rebeldía hacia el Estado. Este tipo de decisiones, que para muchos son simplemente simbólicas, para otros resultan inaceptables y ponen en riesgo su control sobre los grandes símbolos nacionales. Desde ese momento, se desató una campaña mediática y política que buscaba “eliminar” socialmente a aquellos que, como yo, defendíamos la independencia del club y su derecho a expresarse libremente.

En este contexto, los mecanismos del Estado comenzaron a actuar en contra del Club y todo lo que representaba. Utilizando la vía judicial, se fabricaron casos falsos, sin pruebas ni fundamento legal, para tratar de desestabilizar el Club y perjudicar la buena marcha deportiva, económica y social que ponía muy nerviosos a los enemigos internos y externos. Las acusaciones carecían de todo sentido, pero eso no impidió que se llevara a cabo una prisión preventiva injusta, que se alargó casi dos años, con el único objetivo de presionar y silenciar a quienes se oponían a sus intereses. Esta situación contó con la colaboración de la jueza Carmen Lamela, cuya actuación fue claramente parcial, muy extraña y probablemente corrupta, extremo que estamos intentando aflorar con pruebas y hechos incontestables. Su ascenso de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo se hizo en contra de las prácticas habituales; ello demuestra hasta qué punto el mal funcionamiento del sistema judicial español es capaz de actuar en connivencia con los intereses políticos.

Lo más alarmante de este tipo de intervenciones es que, aunque las evidencias de corrupción y de abuso de poder son claras, muy pocos han sido castigados por sus acciones. La falta de consecuencia para estos actores corruptos deja claro que, a pesar de vivir en una sociedad que se autodenomina democrática, los mecanismos de control del poder siguen siendo muy similares a los de las dictaduras, donde aquellos que no se someten a la voluntad del régimen son castigados sin miramientos.

La política y el deporte han estado entrelazados durante siglos, pero su relación ha variado en función del contexto histórico y político de cada momento. Durante las dictaduras, como la de Primo de Rivera o Franco, la interferencia política en el deporte tenía como objetivo mantener el control sobre la sociedad, canalizar las energías del pueblo hacia actividades que los distrajeran de sus problemas cotidianos y, sobre todo, evitar que cuestionaran la legitimidad del régimen. En esos momentos, la política no solo utilizaba el deporte como una herramienta de propaganda, sino que también aplicaba medidas represivas para eliminar cualquier tipo de oposición.

En las democracias, la interferencia política sigue existiendo, pero adopta formas más sutiles. Los políticos buscan utilizar la pasión que el deporte genera entre la gente para manipular el voto y aumentar su base de apoyo. En el caso de Catalunya, por ejemplo, el fútbol ha sido utilizado por los independentistas como un medio para movilizar a sus seguidores y para marcar una identidad colectiva. En este contexto, el deporte deja de ser solo una competición para convertirse en un espacio de confrontación política.

Este fenómeno tiene graves consecuencias para la independencia de las instituciones deportivas, que se ven obligadas a tomar decisiones bajo la presión de actores políticos. Además, la falta de una verdadera separación entre el poder político y el deportivo genera un ambiente de desconfianza y de manipulación, que termina por perjudicar a todos los involucrados.

Lo cierto es que la interferencia de la política en el deporte es un problema estructural que no se resolverá mientras no haya un compromiso serio por parte de los políticos para erradicar la corrupción y garantizar que las instituciones deportivas puedan operar con independencia y autonomía. Mientras tanto, los clubes y los deportistas seguirán siendo, en muchos casos, víctimas de las presiones políticas, y el deporte seguirá siendo utilizado como una herramienta para fines ajenos a su verdadera naturaleza.

En conclusión, la relación entre política y deporte es compleja y, a menudo, problemática. Aunque en teoría las democracias deben garantizar la autonomía de las instituciones deportivas, la realidad demuestra que la política sigue influyendo en el mundo del deporte de manera significativa. Solo a través de un verdadero compromiso con la independencia y la transparencia se podrá lograr que el deporte recupere su función original: ser un espacio de disfrute y competición, libre de las presiones y manipulaciones políticas. Mientras tanto, seguiremos siendo testigos de cómo el poder continúa utilizando el deporte como una herramienta para consolidar su dominio sobre la sociedad.

[Sandro Rosell es expresidente del F.C. Barcelona (2010-2014) y expresidiario provisional entre 2017-2019]