La lógica de unas medidas fiscales

El Real Decreto-Ley del pasado 24 de agosto, aprobó una serie de medidas económicas de tipo fiscal, de fomento a la exportación y de racionalización del comercio interior. En concreto las modificaciones al sistema fiscal son las siguientes: a) subida de la gasolina. b) aumento del Impuesto de Lujo. c) incremento del Impuesto de Transmisiones. Al menos a corto plazo han vuelto a quemarse las ilusiones y esperanzas puestas en la reforma fiscal, propiciada por esos libros ministeriales, blancos, unas veces, y verdes, otras, pero siempre de negro destino. Veamos el significado de esta mini-reforma tributaria.

En primer lugar es lógico que el Gobierno haya decidido articular su política económica acudiendo al mecanismo expeditivo del Decreto-Ley. Ya vimos el lento naufragio en Cortes del proyecto de ley de actuación económica de Villar Mir. Desplegar hoy día un frente de medidas económicas para someterlas a discusión pública, equivale a abrir una discusión constituyente tal como está a economía y sus evidentes relaciones con la situación política. El Gobierno se evita el problema con el arma eficaz del Decreto-Ley, tan usado, por otra parte, para trazar la política económica en los últimos cuarenta años.

En segundo lugar, las medidas en si, aunque no las únicas posibles, son lógicas si se atiende a su finalidad: conseguir por la vía rápida un incremento de la recaudación fiscal para enjugar en lo posible el déficit presupuestario. Bien claro dice el propio Decreto Ley que se trata de lograr resultados inmediatos para reducir el déficit. Y desde luego, a ese efecto se trata de disposiciones tributarias qué entran inmediatamente en funcionamiento. Casi se sabe con certeza lo que va a rendir al Fisco en lo que queda de año el nuevo precio de la gasolina (se ha hablado de 4.100 millones de ptas.). El cálculo es más difícil en los impuestos de Lujo y Transmisiones, pero, con evidente riesgo, aventuro las cifras aproximadas de 3.250 millones de ptas. para el primero y unos 2.500 para el segundo, referidas ambas cifras al último cuatrimestre de 1976 y calculando sobre datos presupuestarios. No es mucha para este año si se tiene eh cuenta el déficit que se avecina, pero puede ser una ayuda sustanciosa para 1977 (entre 25.000 y 30.000 millones de ptas.).

Además tales medidas tienen otra característica: no suponen corrección alguna al esquema del sistema tributario vigente en nuestro país. Un sistema tributario designado como latino, apoyado en la imposición real y con predominio de los tributos indirectos, que en consecuencia responden con eficacia a un incremento de los tipos impositivos, dada su fuerza recaudatoria. En un sistema así, el Gobierno adopta esta medida con facilidad y los contribuyentes terminan asumiéndolas sin más problema, y, sobre todo, no se intranquiliza a quienes soportarían mal, el ser intranquilizados. El propio Ministro de Hacienda ha hecho ver que en estos tiempos no se debe pensar en una reforma en profundidad del sistema fiscal. Las medidas son consecuentes con este diagnóstico.

No obstante hay argumentos que empañan una lógica tan respetuosa analizándolas simplemente como tales modificaciones fiscales, al margen de una valoración más amplia de la política económica del Gobierno.

Aunque el tema de la reforma fiscal merecerá una consideración más detenida, hasta echar una ojeada a las cifras presupuestarias de ingresos del Estado para comprobar que no responden a la filosofía social y a las máximas de buena Hacienda, que exigen nuestro tiempo. Los impuestos indirectos (que gravan el gasto) prevalecen sobre los directos (que gravan la renta). Los primeros recaudarán este año el 51 por 100 del presupuesto y los segundos el 36 por 100. Esta simple relación hace sospechar una tendencia regresiva de nuestro sistema tributario, que se confirma si se conoce como actúa cada tributo en particular aunque el tema sea de muy difícil tratamiento a nivel científico. Las modificaciones fiscales del Decreto-Ley comentado insisten en ese defectuoso planteamiento, ya que todas ellas son simples aumentos de los tributos indirectos. Y si se ha salvado el Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas, hay que atribuirlo más a la inflación y a los apuros de los empresarios que a razones de técnica fiscal. Aunque las medidas adoptadas no son precisamente antiinflacionistas.

El asunto es mas grave si se tiene en cuenta que las medidas fiscales de apoyo a la inversión, de auxilio a la exportación y de ayuda a las empresas, colaboran al desmantelamiento de la imposición directa, ya de por sí muy sufrida por la contundencia del Impuesto sobre el Trabajo Personal y el pobre resultado del Impuesto sobre la Renta. Desmantelamiento que en verdad hubiese sido mayor de cuajar esos proyectos de Impuesto sobre la Renta que en época reciente nos venían amenazando.

Por otra parte, acentuando la potencia recaudatoria de los tributos indirectos por simples aumentos de la presión fiscal, vamos a convertir en imprescindibles figuras tributarias que deberían perfeccionarse antes de consentir en que tomen tamaño tan gigantesco. En el Impuesto de Lujo, que superará en el próximo ejercicio los 100.000 millones de ptas. no es oro todo lo que reluce y quienes han escrito sobre sus efectos nos plantean muchas dudas sobre su progresividad. El impuesto sobre Transmisiones, cuya recaudación crece en los últimos tiempos habría que articulado en el contexto más amplio de la imposición sobre el patrimonio y convendría una meditación sobre la función de las Abogacías del Estado, que tan inestimables servicios puede prestar a la gestión de Hacienda en la calificación de actos y contratos. Y todos saldríamos ganando si en lugar de tan pertinaces subidas del precio de la gasolina, revisáramos la verdadera misión de CAMPSA, para lo que la crisis energética nos viene ofreciendo una magnífica ocasión.

Desde hace algún tiempo Hacienda viene padeciendo planteamientos empresariales. Se tiene miedo de reformas de mayor alcance que puedan comprometer los resultados del ejercicio económico: se piensa en el sistema tributario como medio de protección de la iniciativa privada: se va por dinero caliente al mercado a través de los impuestos sobre el gasto; se presiente el endeudamiento nacional. Será difícil salvar los criterios de justicia que deben inspirar el reparto de la carga tributaria y no parece que vayan a evitarse por ese camino los agobios presupuestarios. Pero también es lógico que esté sucediendo así. El problema de la financiación del Estado es ante todo una cuestión política. El momento puede ser inoportuno, pero si no nos decidimos a enfrentarla como tal y seguimos aferrados a nuestro viejo sistema fiscal, es explicable que en época de apuros tengamos que acudir a técnicas empresariales, a magias financieras, o a recetas de urgencia.