La iglesia critica los métodos del régimen militar peruano

La Iglesia católica ha advertido al régimen militar peruano que no trate de resolver la gravísima crisis económica por la que atraviesa el país, usando métodos represivos de «odio y violencia» para defenderse de las protestas de los trabajadores.Desde la huelga general del 19 de julio, en la que murieron seis personas a manos de las fuerzas de seguridad, más de trescientos líderes y enlaces sindicales han sido arrestados. También son muchos los obreros despedidos sin ninguna compensación económica, por haber participado en las huelgas.

El régimen militar peruano, en el poder desde hace nueve años, se enfrenta actualmente con una huelga de mineros que ha paralizado varias explotaciones propiedad del Estado en la zona de La Orova y parece decidido a eliminar el sindicato de izquierdas, organizado por el clandestino Partido Comunista.

El cardenal Juan Landzuri Ricketts, en la celebración del veinticinco aniversario de su nombramiento como arzobispo de Lima, declaró el pasado martes: «La crisis económica por la que atraviesa nuestro país debe ser resuelta mediante la cooperación de todos, pero sin odios ni violencia.

Despidos

Según fuentes de la Iglesia católica, el primado eclesiástico de Perú había expresado a las autoridades militares su gran preocupación por los numerosos despidos, tanto en empresas privadas como en estatales.Las empresas privadas se han apresurado a acogerse a un decreto gubernamental, elaborado después de la huelga general, que suspendió las cláusulas referentes a la estabilidad de los puestos de trabajo, las cuales dificultaban la expulsión de trabajadores que tenían cierta antigüedad.

«Durante diez años he estado esperando la oportunidad de deshacerme de más de una docena de agitadores», ha declarado un ejecutivo del Banco Comercial, que ha despedido a 40 empleados, entre ellos a la mayoría de los líderes sindicales.

Los militares peruanos, después de la caída del presidente Fernando Belaúnde Terry en 1968, alentaron la formación de la Confederación Nacional del Trabajo, de tendencia izquierdista, que contaba con el apoyo de los comunistas, al mismo tiempo que iniciaban un régimen revolucionario nacional-populista. La confederación izquierdista estaba destinada a neutralizar a la poderosa Confederación de Trabajadores de Perú, controlada por el APRA, partido nucionalista, opuesto al régimen militar.

Descontento popular

Desde que el primer presidente del régimen militar, Juan Velasco Alvarado, fue reemplazado en agosto de 1975, los elementos de la izquierda socialista en el Gobierno han sido eliminados por el presidente Francisco Morales Bermudez, y los militares han recuperado la confianza del capital privado y de los acreedores extranjeros.Este cambio tuvo lugar cuando la deuda exterior sobrepasó los cuatro mil millones de dólares, los precios de los productos peruanos, especialmente los agrícolas y minerales, bajaron, y la inflación elevó el coste de vida, el año pasado, en un 45 por ciento. El Gobierno ha congelado los salarios durante los dos últimos años, principalmente de los funcionarios públicos y trabajadores de las empresas privadas permitiéndose solamente ciertos incrementos de salarios, que siempre han sido inferiores al aumento real de los precios.

Los aumentos salariales otorgados a las fuerzas armadas y la policía durante este período han sido superiores a los de los profesores, empleados municipales o empleados estatales. Esto ha contribuido a acentuar el descontento laboral. El obispo de Cuzco, Luis Vallejos, y otros cuatro obispos del país protestaron contra la política de precios y los salarios oficiales cuando el ejército prohibió las manifestaciones en la región. En su declaración pública los obispos denunciaron el hecho de que una minoría privilegiada estuviera cargando el peso de la crisis económica en los hombros del sector obrero.

Protesta

En los suburbios de Comas, al norte de la capital, el ejército disparó contra una multitud de manifestantes el día de la huelga general, matando a seis personas e hiriendo a veintiuna. Entonces, una declaración de protesta fue leída en las parroquias de la zona durante la misa del domingo. De acuerdo con esta declaración, la huelga estaba apoyada por la mayoría de los trabajadores. «Los pobres no toman parte en las decisiones políticas y económicas, en un país donde no se permiten los derechos tan fundamentales de reunión y diálogo con las autoridades, mientras esta sociedad de consumo concentra el poder y el dinero en una minoría», dice también la declaración.

«Una de las víctimas de los disparos de la policía era un empleado municipal que ganaba 2.300 soles (2.550 pesetas) al mes. Otra fue una viuda, vendedora de periódicos, con cuatro hijos, que ganaba mensualmente 2.125 pesetas», recalca un sacerdote católico.