Los funcionados de la prisión de Córdoba piden la dimisión del director

Más de veinte reclusos hospitalizados en Córdoba, de los que cinco han tenido que ser intervenidos clínicamente, es el balance del último motín ocurrido en él centro penitenciario de esta ciudad. Un grupo de funcionarios de la prisión ha relatado a EL PAIS el desarrollo de los acontecimientos, al tiempo que se ratifican en la petición de dimisión del director del centro.

El 6 de agosto, el director de la prisión de Córdoba, José Manuel Lorenzo de la Fuente, interrumpió sus vacaciones ante el ambiente de malestar y los rumores de conflicto. En una cesta de fruta destinada a Collazo Araújo, uno de los grapo que permanecen en ese centro penitenciario, se habían descubierto, en el cacheo de la comida, seis hojas de sierra y dos candados. El director decretó el internamiento del recluso en celdas de aislamiento. Al día siguiente comenzó la revuelta: el resto de los reclusos abrió las puertas y rescató al miembro de los GRAPO, que luego volvería a celdas tras negociarlo con el director. Al parecer, la acusación era de intento de fuga.Pocos días antes, el 20 de julio, habían llegado a la prisión 47 nuevos presos, trasladados desde Carabanchel, a raíz de los acontecimientos de julio. Con ello, la población de esta prisión se ponía en unos 270 hombres, de los que catorce eran políticos, y entre los comunes estaban buen número de los líderes de la COPEL. Los de Carabanchel fueron aislados del resto de sus compañeros en el centro celular. Para el 18 de agosto, los aislados iban generalizando diversos actos de protesta: plante de talleres, de vino, de cine, y crecía el ambiente de amotinamiento, que se extendía a los presos antiguos. El director envió a los funcionarios, armados de porras de goma, para llevar a celdas de castigo a los de Carabanchel. Los funcionarios se negaron al empleo de las porras, alegando que su misión es la reinserción social y no la represión. A las cuatro de la tarde, mientras los reclusos permanecían en sus celdas por la siesta, ochenta miembros de la policía antidisturbios conducían a los 42 de Carabanchel que quedaban en celdas de castigo. El resto de los reclusos se amotinó.

Desde la azotea de la cárcel, desde las ventanas, los presos sacaron pancartas. Hubo enfrentamientos con el jefe de servicio, y los aislados en celdas aporrearon las puertas. La fuerza pública volvió a entrar en el recinto penitenciario, y aún lo hizo una tercera vez: a la mañana siguiente, cuando los castigados en celdas salieron de ellas a la hora del desayuno. Esta intervención ha sido calificada de especialmente innecesaria por los funcionarios que ya habían convencido a los reclusos de que volvieran a encerrarse. Los propios funcionarios fueron amenazados, según su propio testimonio, por el capitán antidisturbios.

Y entonces comenzaron las lesiones. El domingo 21 se levantaron la mayor parte de las sanciones, y de entonces al martes cinco miembros de la COPEL han tragado diversos objetos cortantes, y otros se han cortado ellos mismos las venas. Muelles de las camas, palometas, trozos de grifo, cadenas... El médico de la prisión ha dimitido ya, y el interino nombrado no tiene carácter oficial. Un inspector de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha abierto el estudio de los sucesos, que han llevado a la habilitación de un ala del Hospital General de Córdoba para los heridos de diversas causas. En cuanto a los funcionarios, los cargos contra el director, textuales, son taxativos: «El origen primario de los sucesos es la incompetencia del director; el secundario, la llegada de los presos de Carabanchel y el no prestarles la debida atención. La entrada de la fuerza pública fue innecesaria.» En cuanto al director, EL PAIS ha intentado recabar su visión de los hechos, lo que ha sido imposible hasta el momento.

Con todo, el conflicto sigue. Funcionarios y abogados presentarán hoy una denuncia ante el Colegio de Abogados de Córdoba, y Manuel Hernández Rodero y Fátima Macho han presentado otra doble en la comisaría de policía, por coacciones y lesiones por parte de la Guardia Civil en el momento en que un abogado pretendía visitar a uno de sus clientes, y contra el director, por incumplimiento de prescripciones médicas con dos reclusos.