Todos los presos vascos serán amnistiados

Los militares separados del servicio, tanto del Ejército republicano, como más recientemente los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), no podrán reincorporarse al servicio activo, aunque se les reconocen los derechos pasivos. Este ha sido el principal caballo de batalla en el texto conjunto que aprobaron ayer los representantes de los distintos grupos parlamentarios.

Al parecer, existieron obstáculos insalvables para que la amnistía alcanzase totalmente al estamento militar, y los reunidos hubieron de plegarse a exigencias ajenas a los deseos de la propia comisión.Sobre las doce y media de la noche, Javier Arzallus, que actuaba tomo portavoz de los reunidos, expresó su satisfacción por el acuerdo que, en su opinión, daba mayor credibilidad al proceso democratizador y afirmó que los términos del proyecto suponían la amnistía total para todos los presos del país vasco.

Junto a los delitos y faltas políticos, se amnistían también los de rebelión y sedición, así como los referidos a la objeción de conciencia, por motivos éticos o religiosos y los cometidos por periodistas por negarse a facilitar fuentes de información, así como los delitos de opinión cometidos por medio de prensa o imprenta.

Quedar sin efecto las consecuencias de los delitos y faltas en el orden sindical y laboral.

La aplicación de la amnistía se hará exclusivamente por los jueces y tribunales de las distintas jurisdicciones a través de un procedimierito de urgencia con plazo máximo de tres meses.

Cada grupo parlamentario se ha reservado el derecho de explicar su voto en el Pleno del Congreso que debata el texto. El señor Arzallus indicó que no se ha logrado el 100% de satisfacción para cada grupo presente en la comisión, pero que el acuerdo final era altamente satisfactorio.

De acuerdo con las manifestaciones del señor Arzallus, la amnistía podría no afectar a los presuntos asesinos de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, aunque eso deberán decirlo los jueces.

También podría entenderse que quedan excluidos los miembros de los GRAPO, ya que se excluyen los delitos que hayan obstaculizado el proceso democratizador.

Aunque la comisión tenía un plazo para llegar al acuerdo que expiraba a las doce de la noche, el texto se entregó al vicepresidente del Congreso, Luis Gómez Llorente, con la argucia de que el reloj había sido parado a esa hora. De cualquier forma, la impresión final es que el texto último y definitivo no estaba totalmente redactado y que el acuerdo pleno adoptado quedó en manos del subsecretario,de justicia, Juan Antonio Ortega.

La Comisión Técnica inició su reunión al mediodía, y llegó a un acuerdo básico, delegando la redacción del texto a una ponencia de asesores y expertos -ninguno de ellos diputados-, integrada por los dos senadores y jueces vinculados a la organización Justicia Democrática, - Plácido Fernández Viagas (PSOE) y Joaquín Navarro Estevan (PSP), Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona (subsecretario de Justicia y asesor de UCD) y Jaime Sartorius (abogado y asesor del grupo comunista).

Los cuatro ponentes citados trabajaron hasta las seis de la tarde, hora en que llegaron a la sala del Congreso, donde se han venido celebrando las reuniones de la comisión ad hoc', con cuyos miembros iniciaron un intercambio de puntos de vista.

Alfonso Guerra (PSOE) visitó a los ponentes y confirmó después a los periodistas que la mayor dificultad seguía consistiendo en la amnistía militar. En su opinión, no era correcto hablar de amnistía de los delitos y, al mismo tiempo, establecer la no reincorporación de los afectados a su carrera profesional militar. «Más que una ley de amnistía, sería una ley sancionadora en este punto», añadió el señor Guerra.

El señor Guerra informó también que la propuesta hecha por el grupo socialista, y rechazada, de que se hablara en la proposipión de ley, si es que la amnistía no puede ser total, de amnistía civil o parcial.