Dificultades económicas y judiciales para realizar el plan único de Vallecas

La coordinadora de asociaciones de vecinos de Vallecas ha mostrado su preocupación por la actitud del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que parece haberse echado atrás en su decisión de crear una sociedad estatal que ejecute las obras de remodelación y construcción de viviendas para albergar a los 12.000 chabolistas de la zona.

Después de varios años de gestiones, manifestaciones y presiones de todo tipo, las nueve asociaciones que componen la coordinadora lograron que se anularan los planes parciales de Vallecas, San Diego y Palomeras Sureste promovidos por los grandes propietarios del suelo, y que se creara un plan único integrador de los tres, promovido y ejecutado por el Ministerio de la Vivienda, hoy de Obras Públicas y Urbanismo. El decreto de la unificación de planes parciales y delimitación del plan único. se publicó el 25 de julio de este año.El paso siguiente sería la constitución de una sociedad estatal formada por la Dirección General de la Vivienda, el Instituto Nacional de Urbanización, Coplaco y la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la que estarían representadas, además, las asociaciones de vecinos, y sería la encargada de las gestiones de expropiación del suelo y construcción de viviendas. Uno de los propósitos de las asociaciones es apartar de la ejecución del plan a los grandes propietarios, los hermanos Santos y la familia Pingarrones, principalmente, contra los que existe una animadversión popular acusada.

Problemas judiciales y económicos

El señor García Perrote, director general del INUR, ha mostrado su coincidencia con los vecinos en el hecho de la constitución de la sociedad, tal y como se ha planteado, y en que sea ella misma quien se ocupe de la construcción de las 12.000 viviendas destinadas a realojar a todos los chabolistas de Vallecas. Donde ha surgido el problema, según palabras del señor García, es en las dificultades jurídicas y económicas para ejecutar el plan en toda su extensión, que contempla la creación de otras 28.000 viviendas aproximadamente, además de las 12.000 citadas.Las dificultades jurídicas han sido planteadas por los grandes propietarios, que no se resignan a dejar pasar un negocio de esta magnitud -el plan tiene una superficie total de 407 hectáreas, y va a movilizar recursos económicos por valor dio 45.000 millones de pesetas-, y se centran en la existencia legal, y anterior al plan único, de tres planes parciales y lasi untas de compensación, dominadas por ellos.

Los propietarios quieren hacer valer lo que consideran sus derechos adquiridos. Según las apreciaciones que hemos recogido, los grandes propietarios dan ya por perdida la construcción de las 12.000 viviendas a ejecutar por los organismos públicos, pero quieren intervenir en la promoción de las restantes.

En este propósito, tienen a su favor la falta de medios económicos de la Administración, que está estudiando actualmente la forma de proceder.

Lo que parece tener más probabilidades es que el Ministerio actúe en toda la extensión del plan, pero con dos variantes. En los terrenos destinados a las 12.000 viviendas, la sociedad estatal que se cree construirá directamente. En el resto, el Ministerio podría venderlas parcelas a promotores privados, que serían los constructores, limitados por las condiciones que se les impusieran.

En este segundo caso, existe también un problema previo. Los vecinos quieren que el Ministerio expropie todos los terrenos, las 407 hectáreas, a lo que se resisten los propietários. El importe total de la expropiación supera los 16.000 millones de pesetas.

El problema se encuentra así en estos momentos. Depende de que los organismos oficiales aguanten las presiones de los -propietarios en sus planes de intromisión. Tal y como afirmó el señor Gárcía Perrote, el tema es tan delicado que ni él, ni el director general de la Vivienda, señor Díaz, quieren tomar iniciativa alguna, y esperan que sea el propio ministro quien decida el sistema a emplear.