Planificación energética y programas de ahorro

La evolución y estabilidad de los países, en gran medida, está condicionada hoy al contexto energético; por esta razón, numerosos Gobiernos han tendido hacia una política de asegurar sus fuentes de aprovechamiento, incluso reservando estratégicamente sus propios recursos para un futuro.El haber alcanzado en nuestro país un consumo per capita diario, próximo a las 50.000 kcal/h (47.945, según el CEE para el año 1975) exige unas mínimas garantías de abastecimiento y una diversificación en las fuentes de aprovisionamiento.

Por cuestiones de índole política de sobra conocidas, España prefirió vivir al margen de la crisis energética, producida por la multiplicación de los precios del petróleo en 1973, y los españoles cómodamente creímos poder afrontar este aparente pequeño bache económico disponiendo de nuestras reservas en oro y divisas acumuladas en años anteriores.

Pero el desequilibrio exterior y, concretamente, el déficit de nuestra balanza energética, alcanzando el año 1976 una cota de 296.000 millones de pesetas, superado ya proporcionalmente en el primer semestre de este año con 151.069 millones, que supone un incremento del 8,81 %, ha permitido comprender que no siendo la única, desde luego, es una de las causas principales de nuestra constante erosión e inestabilidad económica actual. Nuestro autoabastecimiento es inferior al 30 % lo que justifica la preocupación de nuestros Gobiernos de asegurar recursos exteriores. Nuestro consumo per capita, seis veces inferior al de países como Canadá, Estados Unidos o Kuwait, no permite, en materia energética, la política de apretarse el cinturón; nuestra economía exige el constante incremento de la tasa de consumo per capita de energía.

Ha faltado una planificación energética nacional a medio y largo plazo, que hoy parece que se inicia con los acuerdos de índole energética incluidos en el pacto de la Moncloa. Esta falta de previsión ha creado situaciones singulares, como la recientemente sufrida en Madrid, por la que en espacio de tres años ha sido obligatorio el uso de tres combustibles líquidos diferentes para calefacciones e incluso usos industriales.

Por el contrario, una planificación no deberá consistir en un programa salvaje de ahorro energético mediante la congelación de los suministros de electricidad o incluso la contingentación de los consumos energéticos, ya que estas medidas podrían agravar la situación económica. Como bien se advierte en los acuerdos del pacto de la Moncloa, la situación española se caracteriza por un «consumo excesivo de energía en relación con el producto nacional bruto y la utilización poco racional de la energía primaria ... ». Lo cual no significa que debamos reducir la ya escasa-dotación energética de cada español, ahorrará ultranza tres o cuatro millones de toneladas de petróleo; sino muy al contrario, incrementar e consumo per capíta, pero sobre todo aumentando la eficiencia térmica de nuestro sistema económico. En definitiva, necesitamos una planificación- que, en previsión de un incremento en el consumo energético, permita un uso más racional de la energía.

Esta planificación a largo plazo deberá incluir un análisis de las energías consumidas, esto es, de la calidad de la energía requerida para cada servicio, programando energías de menor valor añadido para los procesos que requieran consumos de baja temperatura y haciendo uso de todas aquellas fuentes que hoy día se desperdician, disipándose en el ambiente e incrementando la entropia del medio.

No obstante, y en la armonía posible con una programación a largo plazo, la situación actual exige medidas de tipo operacional y medidas tecnológicas que permitan reducir paulatinamente nuestro déficit energético exterior. Considerando que nuestra actual economía de mercado no nos permite coartar o racionar el consumo, si no simplemente canalizarlo, a corto plazo podría proponerse el abanico de médidas indicado en el cuadro adjunto:

Estimamos que cada sector exige medidas específicas para alcanzar un uso racional de la energía, pero el alcanzar una mayor eficiencia energética, particularmente en el sector industrial, no podrá conseguirse limitándonos a medidas puramente tecnológicas que exijan una inspección individual de cada caso por parte de la Administración; ello exigiría una organización tan costosa, que el resultado final resultaría negativo para la comunidad. Unicamente mediante la aplicación de un ordenamiento jurídico adecuado y con la intervención del sistema fiscal podrá conseguirse una eficiencia energética rentable. Existe, pues, la paradoja de que la problemática energética, antes que tecnológica, o incluso logística, tiene una solución jurídica y fiscal.

En nuestro país ha existido tradicionalmente una fiscalidad orientada, en gran parte, hacia los consumos energéticos, como lo atestiguan las antiguas regalías que con anterioridad a 1850 incluían ya una imposición sobre las minas o el impuesto sobre los consumos de petróleo, carburo, de calcio, energía eléctrica y gas destinado al alumbrado, tanto privado como público.

En el entendimiento de los próximos años no serán posibles grandes cambios en las opciones energéticas, por lo que únicamente la incidencia del factor de escala y de desarrollo tecnológico modificarán el mercado actual, el equilibrio de nuestra balanza energética podría enfocarse como una problemática exclusivamente jurídica que permita la adopción de soluciones hoy día no rentables.

En la actualidad se estima que el factor de escala hará rentable la utilización de células fotovoltaícas en el año 1985. ¿Cuántos años se podrían adelantar mediante unas disposiciones que hicieran más sugestiva su utilización al usuario?

Un régimen jurídico apropiado y una organización administrativa oportuna, bien podrían permitir en nuestra nación la inversión de nuestra situación energética a medio plazo. De tal forma que, tras una planificación energética integral, se propusieran disposiciones que hicieran sugestivo al usuario el ahorro de la energía o el aprovechamiento de nuevas fijentes adelantando los horizontes de rentabilidad, permitiendo la evolución acelerada de los coeficientes de escala, creando líneas de crédito especiales, permitiendo beneficios fiscales concretos, o deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, etcétera

Entendemos que, además de un tratamiento puramente logístico y tecnológico, existe una problemática energética perfectamente jurídica, fiscal y económica. Abogamos por un sistema tributario en el que, salvo en los casos de comprobación directa, la estimación de las bases de las empresas fabriles podría determinarse mediante un sistema indiciario basado en el consumo de energía. Un sistema fiscal basado en una autoliquidación en función del índice sectorial de consumo de energía favorecería el autocontrol del ahorro y gravaría la disipación innecesaria de energía.

Si no se consideran estas premisas en la planificación energética de la nación, las fuentes alternativas propuestas en el enunciado del pacto de la Moncloa no podrán tener una realidad económica, ya que nos en contramos dentro de un círculo vicioso tal, que, al incrementarse el coste de la energía, se incrementa el coste de explotación de esas fuentes alternativas.