Un negociado para Europa

EL GOBIERNO debe decidir, en los próximos días, la creación de una Secretaría de Estado para Europa o de un ente administrativo que negocie y coordine el proceso de integración de España en las Comunidades Europeas. El nacimiento de este nuevo organismo, que desempeñará en los próximos diez años una difícil e importante labor política y económica, y su ubicación en el organigrama administrativo del Estado es objeto de un debate en el seno del propio Gobierno -que enfrenta al Ministerio de Asuntos Exteriores y a los departamentos de Economía, Hacienda y Comercio- y que preocupa, no sin razones, a los primeros responsables de la oposición.Los elementos de esta discusión, que debe ser sancionada para que España pueda coordinar sus posiciones frente a la CEE y participar en la elaboración del dictamen sobre nuestro ingreso, son los siguientes: nivel administrativo del nuevo organismo -Secretaría de Estado, Ministerio, dirección general, oficina coordinadora, etcétera-; personalidad del que será primer negociador con la CEE o mister Europa; ubicación del nuevo organismo en la Administración; competencias políticas y económicas del nuevo ente y conformación del equipo negociador.

El debate entre los Ministerios económicos y el palacio de Santa Cruz tiene como telón de fondo la ubicación definitiva en la Administración del Estado del comercio exterior, que se ha convertido en pieza clave de toda política económica y exterior. Un sector que incide, de manera especial, en la planificación económica administrativa y empresarial, sobre todo frente a las Comunidades Europeas que comparten más del 50% de nuestros intercambios.

De ahí los recelos de los departamentos económicos ante la gestión europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien culpan de una triunfalista actuación negociadora con la CEE en años pasados, más al servicio del protagonismo político del antiguo régimen que de los intereses económicos y sociales del país. Ponen como ejemplo las dificultades hispano-comunitarias en los temas relativos a la adaptación del Acuerdo de 1970, pesca, textiles y siderurgia.

Tampoco le faltan argumentos al palacio de Santa Cruz para defender sus posiciones. La unidad de la política exterior, la prioridad diplomática del acercamiento de España a la CEE, la necesidad de evitar toda duplicidad de funciones en este tema son argumentos nada desdeñables.

Exteriores quiere una Secretaría de Estado que dependa de su departamento y los Ministerios económicos una Secretaría de Estado que dependa del vicepresidente y ministro de Economía o, en su defecto, un Ministerio autonómo para Europa, como fue el caso en Gran Bretaña en el momento de negociar la integración británica en las Comunidades.

Si una y otra parte -como parece- no dialogan entre sí y sólo lo hacen con el presidente Suárez, juez supremo donde piensan ganar la partida, se provocará, sin duda, una creciente tensión entre los distintos cuerpos administrativos una vez que el tema quede zanjado.

Quizás, y mientras el compromiso entre una y otra parte brille por su ausencia, quepa una salida salomónica al conflicto: la creación de una Secretaría de Estado que dependa de Presidencia, con un político -conocedor de temas europeos y económicos- en su cúspide y un equipo interministerial que tenga como director general a un diplomático experto en las relaciones con la CEE.

La creación de un Ministerio nuevo sería, desde luego un nido de conflictos una carga presupuestaria, y una duplicidad de funciones inaceptable por el titular de Asuntos Exteriores. La Secretaría de Estado para Economía o para Exteriores, sin el consentimiento auténtico de una y otra parte, acabaría convirtiéndose en poco operativa por las reticencias de todas. La dependencia de Presidencia permitiría, además. con mayor facilidad, que las fuerzas políticas y sociales de la oposición ocupasen en el nuevo organismo una parcela consultiva que les es debida, por tratarse la integración a la CEE de una acción de Estado más que de Gobierno. Y para prever situaciones tan difíciles y lamentables como la sufrida por la CEE, en los albores de 1973, cuando el Gobierno de Harold Wilson impuso a las Comunidades la renegociación de los contratos de adhesión que Edward Heath firmó en los primeros días de enero de ese mismo año.