Una política de Estado para Canarias / y 3

Consejero del presidente del Gobierno

Muchas veces se ha hablado de que Canarias es «un problema nacional», una «cuestión de Estado», un «deber profundo de solidaridad para todas las regiones españolas». Estas expresiones tienen un sentido más que retórico, pero no impactan plenamente en el entendimiento del ciudadano español hasta que un acontecimiento dramático viene a llenarlas de contenido. Ahora ha ocurrido eso: que la torpe y necia intromisión de un grupo de ministros extranjeros logró, desde fuera, hacer comprender qué es lo que se quiere decir con tales expresiones que a todos suenan bien, pero que en boca de quien las pronuncia van más allá de las meras palabras. Buscan sintonizar con un esfuerzo que habrá de ser generoso en una determinada capacidad de renuncia por parte de los españoles peninsulares a la hora de aportar soluciones a ese problema insular que, sin duda alguna, ha adquirido, si no la tuvo siempre, dimensión nacional.

El régimen preautonómico

Nos consta la plena comprensión de S. M. el Rey, así como la del presidente del Gobierno y miembros de su Gabinete, que acaban de aprobar un amplio régimen preautonómico para Canarias. Fundamental mente por su talante, pero también por el nivel de información que poseen, ellos conocen el auténtico conflicto subyacente al estallido emocional de estos últimos días. Saben que una eficaz diplomacia puede disolver a corto y medio plazo la cuestión creada por la OUA y que, en todo caso, tal cuestión sería de orden menor si no se dieran en el archipiélago determinadas condiciones cuyo origen se remonta muy atrás, pero resultaron exacerbadas por los males y problemas derivados de la descolonización del Sahara.

Lamentablemente, el sentimiento nacional de un pueblo como el canario, que sería fecundo de manera absoluta sin atentar contra la base común de la identidad española -identidad de sangre, cultura, historia y convivencia secular-, ha sido utilizado por determinados sectores según convino o conviene a sus intereses. Para empezar, la tendencia a glorificar lo de dentro y a condenar lo de fuera es una grosera tautología, una demagógica totalización que muy poco dice de la lucidez y el rigor de análisis de quienes en ello incurren. Pero están ahí y no son, claro está, los que buscan una imagen de moderación pública que legitime su autoridad moral o ideológica. Estos saben que las capas de la población canaria, dotadas de una sana conciencia política, sea del signo que fuere, no comulga con tales ruedas de molino. Ese otro nacionalismo es mercancía de pintadas, de mitin algunas veces, atentado terrorista otras y, en cualquier caso, corrientes subterráneas que afloran a la superficie en sectores sin suficiente capacidad crítica o en supuestos de contestación violenta del orden del Estado. Es una protesta irracional alentada desde fuera por intereses extraños a Canarias y a España, pero puede provocar en las islas un daño irreversible.

Los sectores revolucionarios

Así como en otras regiones ha sido patente el rechazo de la democracia por sectores que se autocalifican de revolucionarios, porque vacía de sentido su ideología y de arraigo sus intereses, en Canarias,parece que algunos no quieren ni la democracia ni la autonomía regional. En el momento en que, por vez primera, se hace posible para los isleños esa autonomía y se legitiman los medios de lucha política y parlamentaria para acceder a ella, se involucran los marcos y las funciones institucionales con las personas; se confunden las frustraciones derivadas de una legislación centralista -ahora en trance de revisión- con los hombres encargados de la función pública, mezclándose en la misma masa el rechazo de un cierto sistema con el sentimiento xenófobo dirigido contra quienes, igualmente, insulares o peninsulares, tuvieron que padecer.

La solución autonómica es la única que puede aportar, si no la solución inmediata, apoyos de real trascendencia en la región canaria. Cataluña y el País Vasco han llegado a un régimen preautonómico que la contextura histórica y el ser actual de ambas regionesjustifican indiscutiblemente. Canarias, con régimen preautonómico ya, es de las primeras regiones españolas en asumir la responsabilidad directa y primordial de su destino en su plena aceptación de la soberanía española y desde criterios de radical solidaridad con y desde las demás regiones. Los problemas son excepcionalmente graves, porque arrancan de la misma estructura productiva del archipiélago. Estos últimos días se han expuesto y repetido con todo rigor, y no es necesario reiterarlo. Sí, en cambio, insistir en lo que los más lúcidos artículos y editoriales -entre ellos los de EL PAÍS- sentaron como culminación de la gran marea informativa provocada por la OUA: en que todos hemos obrado y lo hemos hecho con la mejor voluntad, pero es hora de que con el cese de las palabras comiencen las realidades.

El hecho clave fundamental es dar cauce a la experiencia autonómica del archipiélago, que repudian los nacionalistas xenófobos y rupturistas, porque calculan el alcance previsible de una responsabilización ciudadana en el Gobierno, la administración y el planteamiento de la región, interrelacionada en pie de igualdad con las demás regiones de España.

Y, a continuación, comprender, reconocer y aceptar que ese problema de solidaridad nacional que las más altas esferas del Estado quieren asumir empieza por la generosidad: generosidad para aceptar sin obstáculos, sin sentimientos competitivos (que no cabría justificar, puesto que ninguna colectividad española sufre hoy circunstancias como las de Canarias), un capítulo de transferencias en atribuciones, recursos y servicios que las islas necesitan vitalmente para imponer el simple reciclaje de sus estructuras productivas y una supresión de los más negativos índices reales: el paro brutal, la inflación desproporcionada, la absoluta descapitalización, la zozobra de la pequeña y mediana empresa, la vergonzante falta de viviendas sociales..

Un problema nacional

Si Canarias es un problema nacional, todos y cada uno de los españoles deben aportar, al menos, su consentimiento y su comprensión a los programas especiales que se gestan después de un largo camino de deterioro, cuyo punto crítico coincide con el intolerable atrevimiento del organismo africano. Los canarios esperamos que el unánime pronunciamiento de las Cámaras sobre la españolidad de Canarias no se trueque en regateos ni celosas reivindicaciones de parte (por supuestos improcedentes e inexistentes «agravios comparativos») a la horade sustanciar esta tan proclamada solidaridad.