Superado el estudio constitucional de las autonomías

Con la aprobación del artículo 150 y de dos disposiciones transitorias, la Comisión Constitucional dio término ayer al estudio del título VIII y al debate sobre las comunidades autónomas, el más importante, según las palabras de los propios comisionados, de todo el texto de la Constitución.

En esta última sesión se aprobaron varios temas fundamentales repetidamente reclamados por los partidos nacionalistas y por la izquierda. Entre ellos destaca la posibilidad de que las Cortes Generales atribuyan a las comunidades autónomas la facultad de dictar legislación delegada así como la posibilidad de que el Estado delegue, mediante ley orgánica, la ejecución de funciones de su titularidad. Se rebajó también -de cuatro quintos a tres cuartos- el porcentaje de municipios que, en cada provincia, deben adoptar la iniciativa del proceso autonómico para no tener que esperar los cinco años que en otro artículo establece la propiaConstitución. Igualmente se reguló que donde existan preautonomías, los órganos superiores colegiados de éstas sustituirán a las diputaciones en el mismo proceso de iniciativa autonómica.

Otro de los temas que despertaba mayor interés era la aprobación de Tribunales Superiores de Justicia, votados finalmente por unanimidad, incluida AP. La enmienda fue defendida por Miguel Roca y a ella se incorporó Joan Reventós, de Socialistas de Cataluña. Marcos Vizcava, del PNV, expresó su satisfacción por considerarlo «un avance sustancial». Los Tribunales Superiores de Justicia son los órganos en los que culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Igualmente, y sin perjuicio de lo que se establece en el artículo -115 respecto al Tribunal Supremo, las sucesivas instancias procesales se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la comunidad.

Mediante una enmienda in voce de UCD se incorporó una disposición transitoria segunda que, en alguna forma, se puede interpretar como una reparación para las nacionalidades históricas del Estado español. Se establece en la misma que los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto y cuenten, al tiempo de promulgarse la Constitución, con regímenes provisionales de autonomía, podrán solicitar la ampliación de competencias que establece el texto constitucional sin necesidad de esperar ningún plazo. La enmienda fue votada favorablemente por todos los comisionados -AP incluida-, excepto por la diputada de UCD por Valladolid, Teresa Revilla, que dio el único voto en contra.

El señor Vizcaya (PNV) se mostró en contra del procedimiento aprobado para la elaboración de los estatutos: proponía que se eliminara el requisito, previo al referéndum, del envío del texto a la Comisión Constitucional y que, por el contrario, el estatuto pasara directamente al Pleno de las Cortes para que apreciara, exclusivamente, su constitucionalidad o anticonstitucionalidad. Citó en su apoyo un voto particular, en el mismo sentido, retirado por la Minoría Catalana. El señor Roca señaló que la nueva redacción era una fórmula transaccional. «O salía esta fórmula o era mucho peor», dijo.

Cierto debate planteó el artículo 149, en el que se fijan los recursos de las comunidades autónomas, el más destacado de los cuales serán las transferencias de un fondo de compensación interterritorial y asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales. El diputado vasco señor Vizcaya pretendió que se introdujera un apartado según el cual el Estado y las comunidades autónomas gozarían de igual prioridad a la hora de tener cobertura para sus necesidades. Fue derrotada por un voto a favor (PNV), ocho .en contra (una parte de los diputados de UCD) y dieciocho abstenciones (otros diputados de UCD y el resto de los grupos parlamentarios). Previamente, una enmienda del señor Gastón dio también origen a una disparidad de criterios, en esta ocasión, entre los dos representantes de AP. El señor Carro votó a favor, mientras que el señor Mendizábal se abstenía.