Cincuenta mil millones de pesetas para un plan de educación especial

Recientemente se ha elaborado un Plan Nacional de Educación Especial, para cuya realización se solicita la inversión de 49.459.110.000 pesetas en los primeros cuatro años, y de 24.174.977.920 pesetas en cada uno de los años sucesivos. El plan declara ser fruto del consenso alcanzado entre técnicos y personas interesadas que participaron en las sesiones de trabajo que tuvieron lugar en Madrid, los días 7, 8 y 9 de febrero de 1978. Como asistente a aquellos trabajos puedo afirmar que allí lo único que se hizo fue dar lectura y comentar tres ponencias, hasta entonces desconocidas por los asistentes, y la última de las cuales ni siquiera se leyó íntegra por considerar que su exposición y discusión podría exceder las cuatro horas que duraba cada sesión de trabajo. En aquellas jornadas, como conclusión, se dijo que las ponencias recogerían las aportaciones de los asistentes. El Plan Nacional de Educación Especial que, según sus autores, «ha nacido y goza del alto patrocinio» del Real Patronato de Educación Española, del Instituto de Educación Especial, y «se inserta en la responsabilidad política del Congreso», con promesas de mágicas soluciones no sólo para la educación especial, sino para los problemas de la educación general básica (hasta el que lamentablemente no han podido llegar las verdaderas opiniones de la base).

En principio, las orientaciones del plan son «ajenas, anteriores y superiores, a cualquier implicación ideológica o de partido», pero a lo largo del desarrollo del mismo aparecen alusiones a su limitación por la responsabilidad política del Gobierno.

Las contradicciones van en aumento cuando, para un plan que pretende recoger y dar respuesta a las necesidades reales de la educación especial en todo el Estado, se recurre para la determinación del número de deficientes a métodos tan fácilmente cuestionables como la aplicación de porcentajes correspondientes a, otros países, incluso tan alejados de nuestra realidad sociológica concreta como es Suecia, y a los que encima se añade, con el pretexto de quitar dramatismo y evitar gastos superfluos, una subjetiva «estimación a la baja».

Con esta sólida base empieza la elaboración de un plan que exige al país un esfuerzo de más de 50.000 millones de pesetas.

En el criterio educativo que defiende el plan, lo que en él se considera como aspecto cualitativo se ve «obligadamente» recortado por la necesidad de mantener aquel supuesto consenso, que, por lo visto, quedaría roto en caso de superar esos criterios mínimos no claramente definidos en el plan. Establece únicamente su voluntad integradora, aunque reconoce, más o menos solapadamente, la imposibilidad de llevarla a cabo dentro de la actual estructura de la Enseñanza General Básica. Una EGB que en vez de garantizar a todo niño «el tipo de educación que precisa para el mejor desenvolvimiento de sus capacidades y personalidad», deja en la cuneta, cada año, a gran cantidad de escolares, víctimas de la falta de control de Calidad de la enseñanza, la inadecuación de métodos, etcétera.

Orientación del deficiente

Como solución a este problema se propone la creación de los equipos de apoyo que, junto con los programas combinados, permitirían, además de una mejor orientación del deficiente y de posibilitar su integración, evitar el creciente desmoronamiento de los programas y métodos escolares en general. De esta manera se consideraría solucionado el problema de la EGB, en la que el número de escolares con problemas (que muy bien puede llegara un 40 ó 60%) es, según el plan, generalmente de un 15 %; pero sus redactores, dirigidos por su «estimación a la baja», lo reducen al 12%. A la hora de definir al sujeto recepor de la educación especial, se llama a éste deficiente y se considera como tal a «todos aquellos que durante un período significativo de su vida no pueden seguir con provecho la escolarización ordinaria». Se etiqueta, por tanto, como deficiente a aquellos escolares, incluso, que tengan dificultades en el aprendizaje de una asignatura (la mayoría de la población escolar). Así. un plan supuestamente integrador, puede llegar a convertirse en la causa de una mayor marginación.

En la indefinición del plan, a la hora de buscar el organismo que ha de aplicarlo, no queda nada claro si es el Ministerio de Educación (que no ha querido hacerse cargo de las universidades laborales, y que en los ocho años que lleva la EGB no ha sido capaz de poner al día la preparación del profesorado) o si ese nuevo equipo estatal se convertirá en un nuevo ente burocrático auspiciado por el real patronato. Por otro lado, el plan propone experimentar en los próximos meses. ¿No ha habido tiempo ni instituciones responsables de ello hasta ahora? ¿Se puede hablar del «intenso carácter experimental» de un plan para el que se piden 50.000 millones?

Mientras el Consejo de Europa exige como mínimo para lanzar cualquier tipo de acción social una experiencia piloto de, al menos, dos años de duración, aquí primero se lanza el plan y luego se experimenta su aplicación práctica.

Se vuelve a crear un nuevo aparato burocrático (142 sectores geográficos, con 6.106 profesionales, y una inversión de 5.000 millones de pesetas) sin ningún apoyo en ninguna, experiencia real y de difícil desmantelamiento en caso de fracaso.

No se trata de paralizar o retrasar nuevas soluciones. Se trata de evitar la elaboración de grandes planes no basados en la realidad concreta del problema, en los que se juega con la esperanza y la angustia de muchos padres, los deseos legítimos de algunos educadores y el dinero y el sacrificio de toda la sociedad, y en los que la mayor parte de los fondos van destinados a la creación y sostenimiento de las estructuras burocráticas.

El plan recoge también una versión de las ponencias e intervenciones que se dieron en aquellas jornadas y cuya lectura muestra claramente la disparidad de criterios incluso en aspectos básicos entre los asistentes (y esto a pesar de las reformas que ha sufrido la versión original de alguna ponencia). No es concebible además que se utilice el nombre de los asistentes a aquellos trabajos sin que se les haya dado posibilidad de participar a la elaboración final (en mi caso, ni siquiera se me ha considerado con el derecho de conocer el resultado, puesto que no he recibido el plan).

El plan especifica con increíble exactitud la cantidad de dinero necesaria pasa su aplicación, pero recupera su vaguedad de costumbre a la hora de determinar las entidades que han de controlar esta inversión. Es así que el control técnico a escala estatal queda en manos de un equipo muy indeterminado que abarca desde psicólogos, logopedas, médicos, etcétera, hasta sociólogos, economistas, arquitectos, etcétera. El control político se deja a cargo de un supuesto ente parlamentario que se cree a este fin.

A escala sectorial, aparece otro indeterminado equipo técnico de gran poderío (pues sus funciones van desde la detección, orientación y seguimiento del deficiente hasta participar en el control de los fondos), mientras que el control político queda en manos de las «administraciones ciudadanas y regionales» que no se sabe muy bien si son las reuniones de parlamentarios, los entes autonómicos, las delegaciones del MEC, los gobiernos civiles, las diputaciones y/o los municipios.

En ningún momento el plan recoge cauces de participación y control por parte de los padres y de las organizaciones ciudadanas (sindicatos, asociaciones de vecinos, etcétera), pues en el mismo se considera únicamente la existencia de dos partes implicadas: los técnicos y la Administración.

A la hora de examinar los costos del plan choca la gran cantidad (más de 5.400 millones) destinada a la formación del personal docente; la mayor cuantía de esta partida (5.191 millones) se destina a pagar sustituciones del profesorado que necesite preparación, mientras que a su formación individual destinan únicamente 10.000 pesetas por persona (217 millones). Esta es, además, una de las pocas partidas del presupuesto que admite una mínima valoración, puesto que no se recoge en ningún sitio, por ejemplo, con qué criterio se ha establecido el material pedagógico necesario, o la dotación de talleres y pretalleres, etcétera.

Este plan es, una vez más, una exposición de principios carentes de una base real (de nuevo aparece el espectro de la carencia del censo) acompañada de una serie de medidas demagógicas y de la creación de un nuevo ente burocrático experimental cuyo fracaso vendría a sumar una nueva carga a nuestra ya precaria economía. Dudo mucho de que las medidas recogidas en el plan llegasen a repercutir en la gran mayoría de los habitantes del Estado, y, sobre todo, en las clases trabajadoras, las más castigadas también por este problema. Lo que no logro entender es cómo se puede jugar tan a la ligera, sin un serio estudio previo, con los sentimientos y esperanzas de tanta gente y con... 50.000 millones de pesetas del erario público.