El Ministerio de Sanidad expedienta a seis altos cargos de La Paz

La Inspección General del Instituto Nacional de Previsión ha abierto expediente disciplinario a seis altos cargos de la residencia sanitaria La Paz, de Madrid, dependiente de la Seguridad Social. Entre los expedientados -cuatro de los cuales han sido cesados- figuran el director general, doctor Otaolaorruchi; el administrador general, el administrador adjunto, el jefe de grupo de personal, el jefe de equipo y el responsable de mantenimiento. Al parecer, el motivo de los expedientes fue el de supuestas irregularidades en la contratación de personal de este centro, según informan fuentes del Ministerio de Sanidad. Por otras fuentes se ha podido saber que el número de personas afectadas por esos contratos se eleva a seiscientas.

La agencia Efe señala que parece probable que en el próximo Consejo de Ministros se proceda al nombramiento del diputado de UCD Luis Gamir Casares, actual presidente del Banco Hipotecario, como secretario de Estado de Sanidad. Igualmente se afirma que de forma inmediata se procederá al relevo de los dos subsecretarios del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, cargos que ostentan hasta la fecha Victorino Anguera y José Palacios Carvajal. Este último había solicitado la dimisión por motivos estrictamente profesionales hace quince días.EL PAÍS ha podido saber que Javier Viñes, actual director general de Salud Pública, será nombrado subsecretario del mismo Ministerio, y que en el próximo Consejo de Ministros va a ser aprobado un proyecto de ley según el cual se da luz verde a una amplia reforma de la sanidad y la Seguridad Social españolas. El proyecto recoge la filosofía de cambios estructurales defendida por el titular de la cartera, Enrique Sánchez de León, desde su acceso a la misma y que, en otras ocasiones, encontró dificultades para su puesta en marcha.

Las investigaciones que culminaron con la incoación de los seis expedientes mencionados comenzaron a raíz de una denuncia privada hecha en el pasado mes de junio y concluyeron el 15 de septiembre.

El director de la Ciudad Sanitaria La Paz, doctor Otaolaurruchi Fernández, y el administrador, de dicho centro, señor López Ballesteros, hicieron público anoche un comunicado en el que ponen de manifiesto no tener mayor conocimiento sobre el hecho de sus expedientes que el que se deriva de las informaciones aparecidas en los diarios de la tarde.

Añaden en su nota que «frente a lo que parecen indicar algunas informaciones, no sólo no se ha producido ninguna sanción, sino que, en la comunicación relativa a la incoa ión de los correspondientes expedientes disciplinarios, cuyos fundamentos ignoramos, no se ha determinado por parte del INP ningún tipo de irregularidad como causa de dicha incoación».

« En consecuencia -siguen diciendo los señores Otaolaurruchi y Ballesteros- parece de todo punto evidente la improcedencia de realizar en estos momentos cualquier tipo de imputaciones en relación con unos hechos, al parecer considerados unilateralmente por el INP como sancionables, que ni siquiera conocemos. De ello se deriva para nosotros una total indefensión ante la opinión pública en la medida en que no nos es posible defender nuestra honorabilidad profesional ante unas informaciones que no concretan los hechos que se nos imputan. »

Tras poner de manifiesto la particular gravedad que supone el que las informaciones sobre los expedientes y supuestas irregularidades que los motivaron procedan de «fuentes autorizadas del Ministerio de Sanidad y del propio INP», los máximos responsables de la ciudad sanitaria La Paz continúan expresando su esperanza de que «en lo sucesivo, la información sobre este tema se atenga objetivamente al desarrollo del propio expediente y a su eventual impugnación ante los tribunales de justicia».

Piden finalmente que el INP precise lo antes posible.«las informaciones que nos imputa, a efectos de poder esclarecer plenamente y con todas sus consecuencias nuestra conducta ante la opinión pública».

Por su parte, portavoces de la Unión General de Trabajadores declararon a EL PAÍS que «cualquier medida que tienda a eliminar la corrupción debe ser bienvenida, pero eso no debe servir para levantar columnas de humo. Ahí hay unos funcionarios expedientados. Es discutible su responsabilidad consciente. Alguno de ellos lleva tan solo un mes y medio desempeñando el cargo».

«Lo mismo se puede decir -prosiguió el portavoz de UGT- de los relevos en las dos subsecretarías del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Todo puede tratarse de columnas de humo. La corrupción, dentro de la Seguridad Social, no es tanto un problema de personas como una cuestión de estructuras. Si el Ministerio sigue haciendo la misma política no se puede decir que haya superado el problema porque haya eliminado a dos subsecretarios ni que la corrupción de la Seguridad Social esté en trance. de solución porque se produzcan expedientes.» Por su parte, portavoces, de CC OO manifestaron a, EL PAÍS que «el comité de empresa de La Paz ha estado recabando información de la Administración, en el día de ayer. Hoy, miércoles, se facilitará un comunicado a la opinión pública, tras la celebración de una nueva reunión del comité de empresa. Hasta entonces, no facilita remos ningún tipo de comunicado». Un portavoz del Sindicato de Médicos Libres manifestó a EL PAÍS que no tenían previsto facilitar ningún comunicado al respecto por ser un tema delicado, máxime con la escasísima información facilitada al respecto por el INP. «Nos parece muy bien que se persigan las irregularidades en el caso de haberse comprobado las mismas, pero no se puede acusar a ningún profesional sin darle la oportunidad de defenderse».