Parece clara la necesidad de un mayor control de la Administración en el sector eléctrico

ASISTENTES AL DEBATEJavier Solana. Diputado del PSOE. Expertoen temas energéticos.

Eugenio Triana. Experto del PCE en temas energéticos.

Roberto Centono. Director general de CAMPSA. Miembro del «Grupo de Trabajo».

Víctor Pérez Pita, Ingeniero industrial de ENDESA. Asesor del «Grupo de Trabajo».

José Rodríguez de Pablo. Economista. Experto energético del Ministerio de Comercio.

Antonio Caretti. Ingeniero industrial. Presta sus servicios en una empresa de ingeniería.

Pedro Costa. Ingeniero técnico industrial. Caracterizado dirigente ecologista.

ELPAIS. ¿El representante de la empresa pública podría definir la importancia de la red de alta tensión y los efectos que tendría de estar en manos del sector público?

Pérez Pita. La creación de una empresa 100% o mayoritaria del Estado, para controlar y gestionar la red de alta tensión no es, en mi opinión, otra cosa que un sistema eficaz de control del sector eléctrico; es decir, de racionalizar la producción de acuerdo con las existencias de materias primas, optimizar el transporte evitando grandes trasvases de electricidad, etcétera. En definitiva, se daría el primer paso importante para la desaparición de las famosas «zonas» en que UNESA tiene dividido el mercado.

El grupo de trabajo encargado de reelaborar el PEN de Oliart ya proponía, este sistema y Enrique Fuentes optó por él, por considerar que era el más viable y económico de cuantos métodos se ofrecían para racionalizar el sector eléctrico, hoy en manos privadas. Esta fórmula se ha adoptado en numerosos países del mundo y no puede sostenerse que sea una medida que se sale de lo que es la práctica común a otros países con similares regímenes políticos al nuestro.

Por otra parte, contrariamente a lo que se ha dicho sobre este asunto, la sociedad que se proponía crear no entraña problema operativo alguno en cuanto al funcionamiento del sistema integral. No hay

que olvidarse, además, que la prerrogativa de esta nueva sociedad en cuanto a la compra y venta de energía se refiere, colocaría al Estado en una situación inmejorable para afrontar los problemas que indudablemente se avecinan, al entrar en juego las entidades autonómicas, permitiendo establecer precios diferenciados y mantener al tiempo una planificación a nivel estatal.

EL PAIS. ¿Qué argumentos se pueden ofrecer en la actualidad para decir que el actual RECA no funciona, y en qué se basan los juicios positivos o negativos sobre la operatividad de la red de alta tensión?

Caretti. Más que responder a esta pregunta lo que quiero es lanzar otra interrogante. ¿Tiene la Administración en la actualidad suficientes medios legales a su alcance para poner orden en todos los temás abordados anteriormente? En mi opinión, todo parece indicar que si se ejercieran los medios de que se disponen, éstos podrían ser uficientes para controlar el sistema. Sin embargo, y a la vista de la actual situación, no parece que la Administración ejerza de una forma plena este control. Yo no sé si los presentes están de acuerdo con que actualmente hay medios suficientes para que la Administración controle el sistema eléctrico cuestionando la necesidad de crear una nueva sociedad como la que se prevé con un contenido que añade muy poco a los medios ya existentes, que indudablemente vendría a complicar aún más el panorama sin resolver el problema de fondo que es el control de los criterios de explotación del sistema.

Centeno. El RECA es un instrumento necesario, pero, desde luego, no es suficiente. La experiencia ha demostrado que no ha podido garantizar el que en cada momento haya estado en funcionamiento la central más económica del país. No es cierto, cómo afirma el slogan de UNESA, que el sistema funcione, como si una sola empresa produjera, transportara y distribuyera toda la energía eléctrica del país. El funcionamiento real es la suma de decisiones individuales, parcialmente controladas y coordinadas por la Administración; lo que produce un empleo no optimizado de la capacidad productiva.

La primera medida que hay que adoptar con respecto al RECA es que esté bajo un estricto control de la Administración, tal como contempla el Plan Energético Nacional, para lo cual hay que dar al Ministerio de Industria medios de los que actualmente carece. Es decir, hay un problema de medios que es fundamental: sin medios todo lo demás sobra.

Ahora bien, incluso aunque el RECA estuviera totalmente controlado por el Ministerio de Industria, ello no sería suficiente para garantizar un funcionamiento correcto del sistema. Ciñéndome exclusivamente a los aspectos operativos, ya que la falta de coordinación ha originado problemas más importantes aun en la fase constructiva, existe una deficiente interconexión entre los diversos subsistemas eléctricos. El esquema de la red de transporte eléctrico en España está diseñado sobre la base de las zonas de influencia de cada empresa. Cada sociedad tiene sus zonas de producción y de consumo, que están conectadas evidentemente entre sí, pero las interconexiones interzonales son débiles.

Las empresas eléctricas tienen un interés claro de utilizar sus propios medios de generación, ya que procuran maximizar sus beneficios individuales, y no van a tomar energía del vecino si la pueden producir ellas. Esto produce situaciones como la puesta de manifiesto en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, en la que se reflejaba la actuación de una gran sociedad eléctrica, manteniendo sus equipos térmicos en funcionamiento cuando había excedentes hidráulicos en su zona.

Además, en este tema de las interconexiones, el problema tiende a agravarse, porque en el momento que entren en funcionamiento las unidades nucleares de gran potencia, que producirán una enorme cantidad de energía de base, va a ser necesario incrementar de una manera considerable los trasvases interzonales. Es decir, para utilizar toda esta energía de base se hace precisa una mayor interconexión.

En definitiva, la necesidad de un control efectivo por parte de la Administración resulta imprescindible para garantizar un funcionamiento del sistema eléctrico conforme al interés general. Para ello, el control del RECA no es suficiente, necesita además la efectiva realización de una red de transporte auténticamente nacional y el control de la misma y de los nudos de conexión por la Administración. Y eso, en mi opinión, la manera más eficaz de hacerlo es mediante una empresa mayoritariamente pública que, garantizando un nivel técnico suficiente, subordine los intereses particulares al interés general, aunque no pretendo que sea esta la única solución posible.

Triana. En este tema se pone de manifiesto una de tantas contradicciones del PEN, ya que éste dice que trata de conseguir unos determinados consumos de combustible y que trata de adecuar las tarifas eléctricas a los costes, lo cual significa conocer los costos y actuar de manera coordinada sobre el funcionamiento de las centrales.

Todos estos objetivos y otros a los que alude el PEN son imposibles de cumplir con una sociedad que sea la suma de las empresas eléctricas privadas y han funcionado y están en funcionamiento con las características ya apuntadas por Roberto Centeno. Es decir, que además de que es un hecho clarísimo que un delegado del Gobierno es un sistema laxo de control, vemos cómo prácticamente en la actividad diaria va a tener muy poca incidencia. Con el sistema elegido no hay garantía ninguna de que se consiga ajustar la potencia instalada a la energía genrada, problema este que es importante en un sistema eléctrico. Resumiendo, todos los objetivos que marca el PEN y que resultan obvios son imposibles de garantizar con un sistema de explotación del RECA y de la red de alta tensión, tal y como se ha concebido. Por tanto, es absolutamente inevitable que el sector público controle la red y el RECA, ya que es la única manera de que se comience a conocer cuáles son los costos de explotación de las empresas eléctricas y los costes de operación de las centrales. Estos datos son importantes porque el PEN está diciendo a lo largo de sus páginas que las tarifas tienen que recoger los costos reales, y nadie sabe cuáles son estos costos.

Solana. Cuando se habla de nacionalizar la distribución, entiendo que lo que se pretende es cumplir una exigencia mínima de aprovechamiento racional de un recurso como es la energía, que pertenece w la colectividad. Por tanto, lo que importa recalcar una y mil veces es la idea de control público. Si para ello es necesaria la nacionalización del transporte, ésta se convierte en solución meramente técnica. Pero sí técnicamente se demostrase que no es posible a través del control de la red de transporte planificar la producción eléctrica más conveniente para el país, habría que ir a soluciones más integrales.

Rodríguez de Pablo. En relación a lo expuesto por Roberto Centeno sobre la falta de interconexiones entre zonas de producción y de consumo, tengo mis dudas que esas afirmaciones sean exactas. El intercambio entre zonas en 1977 fue de 27.000 millones de kilowatios-hora, cifra que representa el 30% de toda la energía final disponible en ese año. En 1976, con una pluviometría muy reducida el intercambio entre zonas supuso el 21%. Un sistema eléctrico que intercambia un 30% un año y que salta desde un 21 % el año anterior, dudo que se pueda decir que esté falto de redes y de interconexión.

Creo contestar a la pregunta directa que nos hace EL PAIS si afirmo que la intervención de la Administración en el sector eléctrico, en mi opinión, no debe ser a costa de dar una mayor rigidez de los precios de la electricidad en España. La situación actual de precios administrados en todo el sector energético creo que está perjudicando a la economía española, y la nacionalización de la red de alta supondría en cualquier caso un elemento más de formación artificial de los precios de la electricidad. Aunque lo diga UNESA, no está demostrado que explotar el sistema eléctrico español como si fuese una sola central sea la solución óptima a nivel de asignación global de recursos económicos. La descentralización de un sistema eléctrico nacional (bastante irregular en la producción y en el consumo) en un número reducido de áreas o mercados con sus propios equilibrios económicos, además de, tener ventajas de gestión y menor riesgo, puede ser aconsejable por razones estrictamente económicas.

Creo que al contrario de lo que se insinúa existe una excesiva masa de electricidad intercambiada entre zonas, lo que a mi entender ha sido debido a una rígida política de tarifas. Si hubiese habido una política de precios flexibles -en una banda de oscilación prefijada- en zonas excedentarias y deficitarias y, al mismo tiempo, los precios de la electricidad pagados por los grandes consumidores industriales hubiesen sido más elevados, creo que, en ese caso, se habría incrementado el consumo más cerca de las centrales eléctricas. En conclusión, entiendo que lo que se pretende con una política de intervención en la red es, en gran medida, competencia de la política de precios y puede resolverse con una tarificación flexible para los grandes consumos industriales.

Costa Morata. Los problemas planteados con la red de alta, el RECA y su nacionalización utilizando la fórmula que sea, me parece el típico quiero y no puedo.

El sector eléctrico tiene unas características que le permiten impedir que se le controle y de ahí surge el verdadero problema, ya que para controlar el sector se necesita probablemente la nacionalización, tanto de la producción Como de la distribución. Cuando se aborda este problema de la nacionalización, el único problema es el de la capacidad política. El querer nacionalizar sólo la distribución es un quiero y no puedo.

Pero con independencia de que tampoco ese pequeño nivel de intervención es admisible por el sector eléctrico, creo que aunque se consiguiera estaríamos en las mismas, porque si existen problemas de intercambio es porque las empresas son muy heterogéneas y cuando las nucleares se hacen compartidas, por poner un ejemplo, cada empresa se hace su línea de distribución y así tenemos líneas de 400 kw que van paralelas al mismo sitio: caso de Almaraz-Madrid, sin ir más lejos.

Creo que la distribución y la administración de la energía es demasiado poco para conseguir adecentar el sistema eléctrico. Para mí parece claro que se hace necesario eliminar la zonificación o la famosa feudalidad, como yo la llamo, y homogeneizar toda la producción con una única dirección.