La política de grasas propondrá la fijación de un precio de garantía para la aceituna

Rotas las negociacíones para la fijación de un precio para el aceite de oliva entre el Ministerio de Agricultura y los representantes del sector por una total falta de acuerdo (el Gobierno ofrecía 110 pesetas-litro al productor, mientras éstos piden 125), el departamento- gubernamental hará público en breve los principios básicos para el desarrollo de una política de grasas. En ella se contempla una ordenación de campaña que fijará junto a los precios de garantía para el aceite de oliva el equivalente para la aceituna.

Según el documento, el objetivo fundamental es conseguir una producción nacional de aceites y grasas vegetales, que, a través del más racional aprovechamiento del espacio natural disponible permita atender la demanda interior, mantener los actuales niveles de exportación de aceite de oliva y atender la demanda interior, en competencia con aceites procedentes de importación.El aspecto más importante que contempla este documento básico es el relacionado con la ordenación de cultivo. En este sentido apunta que las regulaciones concretas de campaña deberán partir de los siguientes supuestos: consideración prioritaria del sector productivo de aceite de oliva y mantenimiento en el índice de precios al consumo.

Bajo estos objetivos, el documento señala que la regulación de campaña debería instrumentarse en base a los siguientes criterios:

-Incrementar el consumo de aceite de oliva.

-Tender a una relación adecuada entre los precios de los distintos aceites con el fin de incrementar el consumo de aceite de oliva.

-Aplicar una subvención al aceite de oliva.

-En relación con el régimen de comercio exterior aplicable al aceite de girasol y atendiendo a la demanda interior, si se privatizase, con el fin de salvaguardar los intereses de los productos nacionales, deberá establecerse un sistema parecido al del derecho regulador, suficientemente ágil y ordenado que garantice en todo momento las rentas de los agricultores nacionales.

-Los derechos reguladores podrán servir para compensar el precio del aceite de oliva. al sector olivarero, y para ayudar en las reformas estructurales que deben llevarse a cabo en dicho sector.

-En la ordenación se fijará junto a los precios de garantía para el aceite de oliva el equivalente para la aceituna a fin de proteger y orientar a los pequeños y medianos empresarios.

El documento básico señala que se clasificará la superficie de olivar, estableciendo los siguientes grupos: olivar productivo. olivar no productivo -conveniente de mantener en base a razones ecológicas y de conservación de suelo-, y olivar susceptible de transformación.

Mejora de calidad

Tras reseñar que uno de los principales objetivos es el de potenciar la calidad del aceite de oliva y fomentar la inscripción en el registro de denominaciones de origen para aceites de alta calidad, el documento resalta la necesidad de tipificar como delito el fraude que se cometa con el aceite de oliva.En su punto octavo, el documento dice, que si bien es desechable la hipótesis de una variación drástica de los niveles de consumo del total de aceites y grasas per cápita, es una realidad la modificación de la estructura de dicho consumo, con una creciente participación de los aceites de semilla en detrimento de los de oliva.

Oposición de los olivareros

El documento base para el desarrollo de una política de grasas, y especialmente el apartado que señala que la ordenación se fijará junto a los precios de garantía para el aceite de oliva el equivalente para la aceituna, ha encontrado el rechazo de un potente grupo de olivareros.La razón de esta oposición parece residir en el hecho de que los grandes representantes del sector no sólo cubren el sector productivo sino que amplian su abanico de actividades a las almazaras y convierten a este escalón en una especie de feudo que podría ser desmontado si se fijase un precio de garantía de la aceituna que en el futuro y de forma progresiva vaya sustituyendo al del aceite.