Los pactos económicos y el calendario político

APROBADA LA Constitución, el Gobierno carece ya de pretextos para demorar la adopción de decisiones de las que depende el normal desarrollo de la vida del país. Nos referimos, ante todo, al urgente pronunciamiento acerca del voto de investidura, de la disolución alternativa de las Cortes y del calendario de las elecciones municipales y generales. Desde UCD se pone especial hincapié en el derecho que concede la disposición transitoria VIII de la Constitución al presidente del Gobierno para apurar los plazos y mantener en secreto sus propósitos durante los treinta días siguientes a la promulgación oficial de la nueva norma fundamental. Sin embargo, creemos que, en estos momentos de confusión e incertidumbre, es un deber para con la nación y las instituciones democráticas que el señor Suárez responda cuanto antes a esas exigencias de clarificación sobre el futuro que el país entero reclama.Porque de esa decisión depende que buen número de cuestiones extremadamente urgentes, para cuya solución es precisa la colaboración de fuerzas políticas y sindicales, entren en la vía de la negociación y el acuerdo. Sin duda ocupa el primer lugar en ese orden del día la firma de los pactos económicos, necesarios para que la negociación de los 2.000 convenios colectivos prácticamente expirados encuentre una pauta razonable sobre la que establecer la discusión. Aunque CCOO y UGT no renuncien formalmente a mantener la ficción de su completa independencia del PCE y del PSOE, es evidente que sus posiciones en las negociaciones con la Administración y con las organizaciones patronales no llegarán a perfilarse de modo definitivo hasta que las direcciones comunista y socialista vean con claridad el panorama de los próximos meses.

Si las conversaciones que el vicepresidente Abril quiere reanudar entre la Administración y las centrales sindicales se estancan y llegan a pudrir la negociación de los convenios ya vencidos, gran parte de la responsabilidad de ese callejón sin salida recaerá sobre el Gobierno. Especialmente, si se aplaza hasta mediados de enero una declaración pública y concreta acerca del calendario político, información a la que tienen derecho para poder negociar los partidos de la izquierda parlamentaria y los sindicatos que controlan.

En estos momentos, el Gobierno somete a sus interlocutores la firma de los pactos con el aire de un ucase, viciado en su urgencia e imperiosidad tanto por los dos meses largos transcurridos desde las primeras «Jornadas de Reflexión», a finales de septiembre, como por el ocultamiento de los planes del Gobierno para el próximo año. El señor Abril Martorell, que en la noche del referéndum escenificó en el Palacio de Exposiciones la vieja estampa franquista del «usted-no-sabe-con-quién-está-hablan-do» al negarse a cumplir los requisitos exigidos por los servicios de seguridad para la entrada en el recinto, tiene fama de buen jugador de póker, capaz de alternar el farol en un envite con el pase negro de una escalera de color en mano.

Por lo demás, la postura que defiende respecto a. la reducción de la tasa de inflación en 1979, objetivo al que deberían subordinarse los porcentajes de alzas salariales y de disponibilidades líquidas, nos parece sensata y digna de todo elogio. En cambio, la proclividad de las centrales sindicales y de las organizaciones patronales a conseguir mayores subidas salariales y facilidades crediticias a costa de un relanzamiento de la espiral inflacionista resulta altamente preocupante, pues acabaría por desplazarse la carga de la crisis hacia los parados y hacia el conjunto de la economía. Ahora bien, la destreza como negociador del señor Abril Martorell y las razones que asisten a sus posturas pueden quedar anuladas si persiste en sentarse a la mesa de juego con la carta del futuro escondida en la bocamanga.

La obcecación gubernamental en obligar a los sindicatos y a las centrales patronales a firmar los pactos económicos antes del 20 de diciembre, sin dejar siquiera traslucir los propósitos políticos del Gobierno, no tiene la menor justificación. Sin duda, el Gabinete cuenta con azuzar a la opinión pública contra la falta de sentido cívico y de patriotismo de los sindicatos y patronos si no se llega a un acuerdo. La Administración ha dejado pasar más de diez semanas en charlas insustanciales y en remedos de negociaciones, con el rabillo del ojo puesto en sus conveniencias partidistas. Y acude ahora, aprisa y corriendo, a poner contra la pared a sus interlocutores, acogiéndose a la disposición transitoria VIII de la Constitución para dejar fuera de las negociaciones todo aquello -casi todo- que depende de la decisión del presidente acerca de la celebración de las elecciones o de los aliados con los que se propone gobernar, caso de mantener las actuales Cortes, hasta mediados de 1981. A la hora de repartir las culpas y las responsabilidades debe tenerse en cuenta.