La renovación del convenio de enseñanza privada, en punto muerto

Con el telón de fondo del artículo 27 de la Constitución y toda una importantísima legislación pendiente (ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, estatuto de centros docentes, estatuto del profesorado ... ) el desentendimiento entre patronos y trabajadores supone una grave amenaza para el futuro de un sector que representa casi la mitad del aparato educativo del país. Aparentemente, las dificultades para negociar el convenio no residen en una negativa radical al diálogo por parte de la patronal. Esta manifiesta en todo momento su disposición, y culpa a las centrales sindicales de no saber ponerse de acuerdo. Este supuesto desacuerdo entre los representantes de los trabajadores, que sería coherente, por otra parte, con el principio de pluralismo sindical, no ha impedido que seis centrales sindicales hayan sabido dejar a un lado las diferencias derivadas de sus peculiaridades, para poder presentar un proyecto conjunto en la mesa de las negociaciones. En ningún otro sector laboral se produce ni con facilidad ni con frecuencia la capacidad de entendimiento de que, hasta la fecha, vienen dando muestras las federaciones de enseñanza de CCOO, CSUT, SU, UGT y USO, a quienes se une también la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (UCSTE). El verdadero desentendimiento se produce entre esta coalición de centrales y la formada por FESIE y FESITE, las dos federaciones de sindicatos independientes de la enseñanza. Cuando en la pasada primavera las centrales sindicales habían convencido a las asociaciones patronales para iniciar las conversaciones encaminadas a la mencionada revisión del convenio, el diálogo hubo de interrumpirse en sucesivas ocasiones por la irrupción de los independientes, que no habían sido invitados al mismo. FETE-UGT denunció públicamente la «Invasión» de su sede por parte de los representantes de los sindicatos independientes que se presentaron en sus locales con la intención de intervenir en una reunión que allí se celebraba entre las centrales y la patronal. La reunión había sido convocada casi en secreto y teóricamente los sindicatos independientes, que no habían sido invitados, debían ignorar su celebración. El incidente sirvió de pretexto a la patronal para interrumpir las conversaciones e invitar a los representantes de los trabajadores a que se pusieran de acuerdo entre ellos, todo lo cual determinó el laudo arbitral de las autoridades laborales.

Representatividad sindical

En el presente curso, antes de que llegase a su término la vigencia del actual convenio, los sindicatos independientes manifestaron su voluntad de llegar a un planteamiento unitario con las centrales sindicales con vistas a las negociaciones. La invitación no fue aceptada por éstas porque la suya es una «coalición entre sindicales "de clase" que responde a una coherencia de planteamientos que no pueden improvisarse».La coalición de centrales-, que apela al principio del pluralismo sindical, argumentó que nada impide a cada grupo llevar a la mesa sus proyectos de convenio. Entre tanto, solicitaron que las autoridades de Trabajo designaran a un moderador, nombramiento que recayó en el magistrado Arturo Fernández. A partir de este momento, las federaciones de los sindicatos independientes, tras rechazar esta designación por no haber intervenido en ella, ponen sobre el tapete el problema de la representatividad. Su criterio es que antes de iniciarse las negociaciones es preciso que cada grupo sindical acredite su verdadero nivel de representatividad. De otra parte, los independientes plantean otra cuestión de procedimiento: el convenio ha de ser discutido y votado artículo por artículo.

La acreditación de la representatividad en teoría debiera corresponder al Ministerio de Trabajo pero éste, en reiteradas ocasiones ha manifestado su incapacidad para ello. En este sentido, el director general de Trabajo manifestó en escrito reciente, en respuesta a solicitud del representante de CCOO, que «los datos electorales obrantes en la actualidad en este Ministerio no reflejan el resultado global del sector enseñanza».

Coincidencia entre centrales y Ministerio de Trabajo

La misma autoridad ministerial confirma en otro oficio que no es de aplicación en la actualidad la legislación sobre convenios colectivos, (en la que parecen estar basa dos los argumentos de los inde pendientes en lo que respecta a la representatividad), entre otras razones porque ya no existen la uniones de trabajadores y técnicos a las que hacía referencia la citada legislación. «Son las partes -añade el director general- las que inu tuamente se legitiman y reconocen capacidad negociadora, como ya es criterio reiterado de esta Direcció General, sin que exista norma legal alguna que establezca porcentajes de representación para participar en las deliberaciones.» En cuanto a los argumentos de los independientes sobre la cuestión de procedimiento, una vez más, el director general de Trabajo parece coincidir con los criterios de las centrales: «Las partes se obligan, en el momento de la firma del convenio y para la totalidad del mismo, sin que los acuerdos parciales que se consigan a lo largo de la deliberación vinculen hasta su firma.»La disparidad de criterios entre centrales, independientes y patronos se ha sometido al juicio y análisis de tres expertos en Derecho Laboral, quienes habrán de ponerse de acuerdo sobre estas cuestiones de procedimiento.

Es conveniente no perder de vista el hecho de que este convenio afecta a casi 200.000 trabajadores y a millones de familias, y que en él entran en juego aspectos que van a poner a prueba la interpretación de lo que las diversas fuerzas políticas quisieron decir en los diez puntos del artículo, 27 de la Constitución recientemente refrendada.

En este sentido son significativos dos artículos, en Concreto, del proyecto de convenio elaborado por la coalición de centrales: el 42 («Ningún trabajador podrá ser discriminado en ningún momento en razón de su afiliación sindical y todos podrán exponer en el centro libremente sus opíníones»), y el 46, que hace referencia al consejo de centro.

Por lo que respecta a esta petición de garantías para la libertad de opinión y de sindicación, que parecen gratuitas en el contexto de una sociedad que se ha definido como democrática, se justifica según las centrales, en la «amarga experiencia vivida en los últimos años por numerosos trabajadores despedidos únicamente por pertenecer a una central determinada».

Portavoces de estas centrales han declarado a EL PAIS que «todavía, en estos precisos momentos, a punto de ser promulgada la Constitución, hay muchos trabajadores que no se atreven a confesar su militancia sindical».

En el proyecto de FESITE y en el documento de trabajo del SIE, de Madrid, en torno a este segundo convenio estatal, no aparece esta petición de garantías sobre la libertad de sindicación y de opinión.

Por lo que respecta al consejo de centro, en el proyecto de la coalición de centrales se asignan al mismo, entre otras, «funciones de decisión sobre el establecimiento, organización, desarrollo o modificación de las enseñanzas y asuntos que conciernen a la formación del alumnado y se asigna también a este consejo la función de supervisar la situación económica y controlarla cuando se trate de centros subvencionados. Asimismo, el consejo de centro intervendrá en el nombramiento de director y subdirector y en centros subvencionados al ciento por ciento elegirá estos cargos».

El SIE, por su parte, pone en relación al consejo escolar con el «ldeario» y asigna a aquél la misión de «equilibrar todas las actuaciones de órganos y personas en las escuelas con pluralismo ideológico para ofrecer una coherencia mínima, sobre todo a los alumnos más pequeños».

No hay, al menos en el documento estudiado por EL PAIS del proyecto de FESITE, alusión alguna a la participación en la gestión de los centros.

Las centrales sindicales denunciaron en un comunicado reciente «la actitud de deliberado retraso del inicio de las negociaciones del convenio por parte de la patronal, que se apoya en los sindicatos FESIE y FESITE para cumplir las recomendaciones de la CEOE».