La disolución del Parlamento acentúa el retraso de la reforma económica

La disolución de las Cortes y las restricciones legislativas que consecuentemente se imponen por el funcionamiento exclusivo de las respectivas Diputaciones Permanentés del Congreso y Senado, van a tener amplia repercusión en la vida económica del país, previsiblemente durante todo el primer semestre del año 1979, hasta tanto no se constituyan las nuevas Cámaras, resultantes de las elecciones generales del próximo mes de marzo.Los proyectos que se encuentran actualmente pendientes del debate y consiguientes trámites legislativos son numerosos en los planos económico y laboral. El más importante de ellos es el de los Presupuestos Generales del Estado, que en modo alguno puede ser debatido al margen del Pleno de las dos Cámaras, además, y entre otros, se encuentran atascados en estos momentos en el Congreso de los Diputados: el Plan Energético Nacional, Estatuto de la Empresa Pública, proyecto de ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, proyecto de ley de Arrendamientos Rústicos, proyecto de.ley de Cambios, todo el esquema de proyectos de ley que configuran la Imposición Indirecta (con especial mención del Impuesto del Valor Añadido, que debe entrar en vigor an tes del ingreso en la CEE), proyecto de ley de Acción Sindical (ya dic taminado y pendiente de aproba ción en el Pleno), proyecto de ley de Negociación Colectiva (remitido esta semana) y una proposición de ley del Paro (presentada por el PSOE y admitida a trámite).

Mecanismo de puesta en marcha del presupuesto

La consecuencia más importante -al menos a corto plazo- de la disolución del Parlamento es la imposibilidad de aprobar e incluso discutir los Presupuestos Generales del Estado para 1979 lo que, constitucionalmente, impide su puesta en marcha.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha dedicado las últimas semanas a estudiar las posibilidades técnicas de acometer los dos aspectos esenciales de la política presupuestaria: los programas de inversión de los distintos departamentos y las dotaciones necesarias para el pago, de las retribuciones a los funcionarios de la Administración del Estado. En esta línea, se ha iríltrumentado un cuadro de disposiciones, con rango de orden ministerial, decreto y decreto-ley, a partir de las cuales sea posible iniciar la aplicación real de los criterios presupuestarios (véase EL PAIS del 24 de diciembre).

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1979 ha debido serreformado posteriormente, como consecuencia del cuadro de medidas económicas que acompañaron al decreto-ley sobre limitación salarial adoptado por el Gabinete la pasada semana. Esta ampliación presupuestaria comprende sobre todo el incremento de un punto porcentual en el aumento de sueldos de los funcionarios, con objeto de acercar su evolución a la parte inferior de la banda decretada para 1979, y a un reforzamiento de las inversiones públicas, especialmente durante los primeros seis meses de 1979.

En la tarde de ayer, el vicepresidente económico, Fernando Abril, y el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, se reunieron por espacio de varias horas para analizar los programas de inversión de los distintos Ministerios y las posibilidades de instrumentación legal durante el intervalo en que el Parlamento permancizca inactivo. A una parte de la reunión también asistió el titular de Obras Públicas y Urbanismo, Joaquín Garrigues, ya que uno de los Ministerios con mayor capacidad inversora es el que dirige.

El propósito esencial del vicepresidente económico, señor Abril, y del Gobierno, es el de evitar a toda costa el parón de la economía que pudiera derivarse del período electoral que se abre la próxima semana. El calendario electoral prevé, al menos, un vacío de cuatro meses en la actividad parlamentaría, durante los cuales no es previsible en modo alguno un relanzamiento de la actividad inversora del sector privado, sino más bien todo lo contrario. Por ello, el propósito del Gabinete es el de reforzar la inversión pública durante los seis primeros meses del año, para dejar la iniciativa en la segunda mitad de 1979 a los inversores privados, una vez que las nuevas Cámaras legislativas hayan quedado constituidas y reanuden su actividad. De esta intención no pueden excluirse totalmente algunas intenciones claramente electoralistas, que fundamentalmente benefician a UCD.

Desde hace varios días, los Ministerios de Economía y Hacienda han solicitado a los distintos departamentos un programa concreto y detallado de las mayores posibilidades inversoras que pudiera desarrollar cada uno de los organismos de la Administración. La instrumentación legal de estos programas de inversiones, la mayor parte de ellos incluidos en el proyecto de presupuesto remitido por el Gobierno a las Cortes, se llevaría a cabo mediante la dotación de créditos extraordinarios equivalentes a las previsiones presupuestarias que, por vía de decreto-ley, podrían ser aprobadas por la Diputación Permanente de las Cortes.

En cuanto a las restantes partidas presupuestarias que sea necesario descongelar, el mecanismo elegido puede ser la prórroga de los actuales Presupuestos -por decreto aprobado en Consejo de Ministros-, que permita llevar a cabo las transferencias preceptivas.

Fundamentación política

Aunque el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado no vaya a ser discutido por las Cortes antes de mayo o junio de 1979, la tesis que sustentan los miembros del equipo económico del Gabinete es la de que políticamente está plenamente fundamentada su puesta en marcha. Esta tesis parte del rechazo alcanzado en el Parlamento por las enmiendas a la totalidad presentadas en su día al articulado del proyecto gubernamental y sostiene que buena parte de las sugerencias y enmiendas parciales planteadas en el seno de la ponencia parlamentaria han sido ya incorporadas al Presupuesto por las normas adicionales refflitidasjunto al decreto-ley de limitaciones salariales para 1979. Con este planteamiento, el Gobierno pretende lógicamente salir con anticipación al paso de los posibles reproches de aplicación unilateral de su proyecto presupuestario que pudiera esgrimir la Oposición en la campaña electoral.

No obstante, la inquietud entre algunos miembros del equipo económico es patente, ante la evidencia de que 1979 se presenta con un amplio abanico de incertidumbres. Situar al inicio del inminente año cuatro meses de absoluta indefinición preocupa notablemente en medios económicos, especialmente por los aspectos fundamentales de la economía española que no podrán ser abordados antes de la constitución de las nuevas Cámaras legislativas.