Participación de la realidad en las normas costitucionales

Las Jornadas Nacionales sobre Familia y Constitución se clausuraron ayer, con algunos incidentes, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, de Madrid, donde se han desarrollado, desde el pasado jueves, los diversos trabajos relacionados con vivienda y consumo, enseñanza y orientación familiar, salud y seguridad social, cultura y calidad de vida, trabajo y otras propuestas generales. La finalidad de estas jornadas era elaborar una serie de conclusiones que sirvan en un futuro para la redacción de los artículos constitucionales relativos a la familia.

Entre las conclusiones presentadas por ponentes representantes de todas las provincias españolas en las seis mesas de trabajo figuran, con diversas matizaciones, aprobar el estatuto del menor como ley orgánica, que se legisle en contra del pluriempleo y a favor de las medias jornadas laborales para que las madres puedan trabajar, establecer unas pensiones para los miembros de la tercera edad que no sean inferiores al salario mínimo interprofesional, igualdad de oportunidades para todos los niños en cuestión de calidad de enseñanza, garantizar el derecho de los padres en la educación escolar de sus hijos y libertad de enseñanza en la elección de los centros educativos.La subdirectora general de la Familia, Margarita España, señaló que los diversos aspectos sobre la familia se habían abordado con profundidad y realismo. «La participación de la realidad familiar y el carácter concreto y sistemático de los informes y propuestas, junto con su incardinación en las normas constitucionales que han sido aprobadas por la nación española, representa la mayor garantía de su eficacia.»

En el acto de clausura pronunció una conferencia Félix Rodríguez de la Fuente sobre el tema Familia, cultura y naturaleza. Varias asociaciones feministas, de amas de casa y mujeres separadas se sorprendieron de esta intervención y pasaron una nota a la mesa donde pedían explicaciones. Una nota posterior, Firmada por once asociaciones, señala que al no recibir una explicación satisfactoria, Margarita Laviana, de la Asociación Democrática de la Mujer Andaluza y candidata al Congreso por el Partido del Trabajo de Andalucía, se dirigió a la mesa con la intención de pedir la palabra, cuando varios miembros del servicio de seguridad la sacaron de la sala «produciéndola hematomas en los brazos y varias contusiones» e impidieron «por la fuerza, con agresiones personales e insultos», que los congresistas pudieran defenderla. En el comunicado exigen la dimisión de Margarita España, subdirectora general de la Familia, y que el ministro de Cultura manifieste su repulsa ante los hechos.

El comité organizador de las jornadas envió a los medios informativos una nota aclaratoria donde señala que de acuerdo con las normas de régimen interior no estaba previsto intervenciones de los asistentes, «a pesar de lo cual un pequeño grupo de nueve personas provocaron una abierta alteración de orden que fue rechazada masivamente por los novecientos asistentes al acto». Añade la nota que «los servicios de orden invitaron a los componentes de dicho pequeño grupo a abandonar la sala, sin que se produjera en ningún caso el más mínimo intento de violencia, de lo que son testigos los novecientos asistentes». Los organizadores lamentan «esta actitud claramente antidemocrática y provocadora, cuyo objetivo era la alteración de la absoluta normalidad y libertad de expresión que han presidido todas las sesiones ».

La retirada de las asociaciones feministas de Madrid en la sesión del viernes ha sido contestada también por el Ministerio de Cultura, que califica el hecho corno «parte de un mecanismo premeditado de notoriedad pública al amparo de los actos que organiza la Dirección General de Desarrollo Comunitario». «Los hechos -dice el Ministerio- ponen de relieve actuaciones anteriores de algunos colectivos feministas, cuya actuación y escasa representatividad popular se contraponen al estilo agresivo, insolidario y frecuentemente injusto de sus portavoces. »

Las asociaciones protagonistas del conflicto denunciaban en un comunicado conjunto la pertenencia del servicio de orden de las jornadas a militantes de extrema derecha y que los asistentes a las jornadas de trabajo pertenecen a la derecha más reaccionaria, lo que ha sido negado por el Ministerio. Según las feministas, la Dirección General de la Familia ha impedido la participación en las jornadas de un amplio espectro ideológico que representa la realidad de las familias españolas, y que su documento base no es representativo, pues no ha tenido en cuenta a todas las fuerzas democráticas. Rechazan de antemano, pues, las conclusiones, sean cuales resultaran ser, por no representar la pluralidad, democrática.