El precio de la razón

Secretario general de UGTEl hecho de que UGT haya culminado su larga ronda de conversaciones con la CEOE con la firma de unos acuerdos y que nuestra central no haya considerado oportuno secundar la jornada de paro contra el estatuto de los trabajadores promovido por CCOO parece haber producido una especie de catarsis en el mundo sindical. Acostumbrados como estábamos a que en las relaciones patronaI-sindicatos el enfrentamiento y las posturas encontradas fueran la regla, y el diálogo, la excepción, resulta hasta cierto punto comprensible que desde la perspectiva de determinados sectores caracterizados por su mal disimulado espíritu sectarista se haya atacado con tanto ímpetu la firma de estos acuerdos UGT-CEOE. El escaso ejercicio de virtudes como la coherencia y la objetividad les impide valorar en su justa dimensión el esfuerzo desplegado por UGT de cara a lograr en estos momentos un marco democrático de relaciones laborales absolutamente necesario a los intereses de los asalariados.

Desde afirmaciones tan gratuitas como que hemos roto la unidad de la clase obrera, a otras tan peregrinas como que los acuerdos con la gran patronal constituyen un verdadero pacto social, se observa un inusitado interés por desvirtuar la letra y el espíritu de unos acuerdos que, pese a quien pese, constituyen el paso más importante en el campo de las relaciones industriales desde la legalización de las centrales sindicales. Evidentemente, no es sino el primer paso que permitirá seguir avanzando en la consecución para este país de una legislación laboral y sindical progresista, en consonancia con la que ya existe en otros países de la Europa occidental y que tantos años de lucha ha costado a sus respectivos sindicatos. Han sido, simplemente, unos acuerdos que benefician, aquí y ahora, a la clase obrera española, la gran olvidada y la más sacrificada de todo el proceso de transición democrática.

Hemos repetido hasta la saciedad que ante la presentación por parte del Gobierno del proyecto de ley de estatuto de los trabajadores, UGT consideró necesario establecer una serie de conversaciones bilaterales con el Gobierno y la CEOE y agotar todas las posibilidades que ofrecía el diálogo antes de proceder a cualquier tipo de presión a través de la huelga o las movilizaciones de los trabajadores. Eramos plenamente conscientes de que las posibilidades de llegar a un acuerdo total en torno al contenido global del proyecto de ley eran utópicas, pero se valoró que en estas conversaciones se podrían hallar coincidencias sobre determinados aspectos que hasta ahora habían sido motivo de radicales enfrentamientos entre empresarios y trabajadores, y que, por otra parte, en la actual situación económica y social que vive el país había que hacer un serio esfuerzo por dar los primeros pasos en el camino de la racionalidad de las relaciones laborales.

La adopción de esta vía de la negociación estaba clara.: la entrada en el Parlamento de un proyecto de estatuto que en su actual redacción resulta inasumible por UGT, y el consiguiente peligro de su rápida discusión y aprobación en la Cámara a través de la habitual mayoría mecánica de la derecha traería consigo indefectiblemente la adopción de unas leves laborales lesivas a los intereses de los trabajadores, y que, como central de clase, teníamos la obligación de tratar de impedir, huyendo de la falsa alternativa presión- negociación.

Otro factor esencial al que debíamos tener en cuenta es la coyuntura actual del país, con miles y miles de trabajadores amenazados a consecuencia de la crisis económica por el desempleo, a los que es preciso añadir el más de millón y medio de los actualmente desempleados, y cuya situación exigía anteponer sus intereses a cualquier otra consideración sectaria de tipo partidista basada en una supuesta y patológica tesis de Gobierno de concentración o de amplia mayoría, tan cara a determinado partido.

Para UGT era necesario abordar el próximo otoño con la existencia de un mínimo marco legal de relaciones laborales aceptable por ambas partes sociales, que asegurara prioritariamente el protagonismo y potenciación de las centrales sindicales como garantía de que los intereses de los trabajadores van a ser defendidos adecuadamente durante los meses de duras negociaciones de convenios que se avecinan. El coste que ha pagado UGT con la firma de estos acuerdos con la patronal ha sido muy simple. Ha sido el precio de la razón, del esfuerzo de la central socialista por abrir una brecha de sensatez en medio del caos 3, de la constante crispación que hasta el momento habían sido la nota imperante en las relaciones industriales. Con prudencia, pero también con audacia, teníamos la responsabilidad histórica de romper con esa inercia del diálogo de sordos entre el capital y las fuerzas del trabajo y acercarnos al modelo de relaciones europeo. Había que negociar, en suma, que la democracia entrara por fin en las fábricas y los talleres.

La unidad de acción

En este contexto, afirmar que UGT ha roto la unidad de la clase trabajadora constituye, cuando menos, una irresponsable ligereza. La unidad de acción se puede plantear tanto en un contexto de movilizaciones como de conversaciones, pero nunca, desde nuestro punto de vista, puede pasar por la mera aceptación sin más de todas y cada una de las tesis y planteamientos de la otra central representativa, y mucho menos cuando esas mismas tesis están subordinadas o hipotecadas a una determinada estrategia política, muy respetable por otra parte, pero que pueden impedir la toma en consideración de las medidas más adecuadas a la situación sindical que vivimos.

Unidad de acción sí, pero basada en el mutuo respeto y la salvaguarda de la propia identidad de las organizaciones sindicales, que no siempre pueden coincidir en la adopción de ciertas acciones.

Las movilizaciones son un arma que en ningún momento UGT descarta, pero supeditadas a la valoración del justo momento y circunstancia. No se puede lanzar alegremente a la clase trabajadora a unos paros, por muy simbólicos que se quieran presentar, para no conseguir nada de lo que se dice perseguir con su convocatoria, entre otras cosas, porque puede dejar una amarga secuela de frustración entre quienes la han secundado. La dirección de una central obrera ha de estar imbuida también de la objetividad necesaria para saber escoger en cada circunstancia qué tipo de acción es la más adecuada y beneficiosa para los trabajadores a los que se tiene la responsabilidad de representar, y resulta evidente que, en los momentos actuales, no son las movilizaciones la vía más conveniente para la consecución de los fines que se decía perseguir

El valor de unos acuerdos

Este importante paso de desbloqueo de las relaciones laborales que se plasma en la firma de los acuerdos con la CEOE tiene unos contenidos indiscutibles que, de una forma u otra, van a condicionar el dictamen de la comisión parlamentaria que discuta el proyecto de ley del estatuto de los trabajadores. Se ha abierto una brecha en el espinoso tema de la presencia sindical en el seno de la empresa, en la línea del reconocimiento de las. secciones sindicales, una de las más viejas aspiraciones de la clase trabajadora y de UGT. Se ha eliminado el intervencionismo de la Administración en materia de homologación de convenios y el arbitraje obligatorio, suprimiendo la generalización de los laudos y reduciendo éstos a supuestos excepcionales, y se ha logrado, asimismo, iniciar el camino hacia la negociación articulada, fijándose como techo de representatividad el del 10%. Por último, y para no hacer una disección minuciosa de los acuerdos, por otra parte ya ampliamente divulgados por la prensa, hay otra conquista indudable para la clase trabajadora, como es el aumento automático de los salarios reales, al haberse superado en el pasado mes de junio el 6,5% de aumento en el índice de precios al consumo.

Indudablemente, hay otros puntos que UGT mantiene para su defensa ante la Administración y el Parlamento, que ni siquiera fueron discutidos con la CEOE, pero que nuestra central reivindica, tales como la negativa al cierre patronal, la reducción de jornada laboral a cuarenta horas semanales, la fijación de un mínimo de treinta días de vacaciones, impedir las discriminaciones que se dan actualmente en las indemnizaciones por despido, reforzar las facultades y competencias de los comités de empresa y conseguir el derecho de negociación colectiva para los funcionarios públicos.

En este camino de la negociación bilateral plantea su estrategia UGT. Tras los acuerdos con la CEOE, estamos inmersos ahora en una dinámica de conversaciones con el Gobierno y los grupos parlamentarios, para explicarles el alcance y contenido de los acuerdos con la CEOE.

La revisión salarial

A la Administración, UGT le plantea la urgencia de articular los mecanismos necesarios que conduzcan a la devolución del patrimonio sindical, tanto el histórico como el acumulado, así como la revisión inmediata de los salarios, en función de que ésta afecte a todos los convenios, al salario mínimo interprofesional, pensionistas y funcionarios, así como que la revisión, automática, se lleve a cabo sobre salario real y en función del aumento del coste de la vida.

Para cuantificar la revisión, UGT toma como elementos, de una parte, el aumento medio sobre 1978 de los salarios pactados en convenio correspondientes a 1979 (13,5%), y de otra, el aumento medio de los precios previsto en este año sobre 1978 (16,5%). Por tanto, para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en estos meses, estimamos que la cuantía de la revisión debe fijarse en torno al 2,5-3% anual. Como la revisión se cobra a partir del segundo semestre, el aumento real sobre junio a partir de julio sería, aproximadamente, del orden del 5-6%. Con esta fórmula defendemos el poder adquisitivo ajustando los convenios, y además, permite ampliar la revisión a los sueldos de los funcionarios, jubilados y pensionistas, y al salario mínimo -puntos irrenunciables para UGT- al nivel que realmente van a subir los precios este año respecto del anterior, y no se hipotecan en modo alguno las reivindicaciones salariales que deban plantearse en el próximo período de negociación colectiva de cara a los salarios de 1980.

Firmeza en la negociación

A pesar del realismo de esta fórmula que UGT propugna, el Gobierno no parece estar dispuesto, en principio, a que los salarios y demás rentas de los trabajadores recuperen la parte de poder adquisitivo que vaya a perderse por la subida del precio de los carburantes, por lo que vamos a tener que defender con firmeza este criterio de revisión en las reuniones que esperamos mantener con el Gobierno.

Será, pues, a través de la negociación, con el propósito de agotar las posibilidades que ofrece la vía del diálogo, donde plantea, aquí y ahora, UGT su estrategia de cara al estatuto de los trabajadores y los demás temas anteriormente apuntados.

Si el sentido común se impone entre todas las partes afectadas en el campo de las relaciones laborales, estamos seguros que al igual que se han sorteado obstáculos mucho más difíciles en este período de democratización -y ahí tenemos el caso del Estatuto vasco-, la derecha asumirá también por este camino el desarrollo constitucional de las relaciones industriales sin necesidad de caer en posturas irracionales que fuercen a las centrales sindicales de clase a tener que hacer uso de la pres lón en las fábricas y en la calle como única salida en la defensa de los intereses de los trabajadores. UGT, responsablemente, asume hasta el justo límite el camino del diálogo y la negociación. Democratizar las relaciones laborales sin traumas ni cerriles enfrentamientos bien merece que las otras partes valoren este esfuerzo.

La postura de UGT sobre el actual momento socioeconómico cierra el panorama de opiniones (ayer ofreció EL PAIS la posición de CCOO) de las fuerzas sociales acerca de la situación sindical y laboral, a falta tan sólo de los planteamientos de la CEOE, que declinó la invitación de este periódico en este sentido.