Representantes del Gobierno han mantenido contactos informales con ETA político-militar

El Gobierno ha venido manteniendo contactos informales, a través fundamentalmente de un comandante diplomado del Alto Estado Mayor, con miembros de ETA (p-m) durante los últimos meses. Estos contactos -no se puede hablar ole negociaciones- habían sido reavivados días antes del secuestro del diputado Javier Rupérez.

La existencia de los contactos fue confirmada por EL PAIS en fuentes tanto gubernamentales como vecinas a la organización terrorista. Esta, según todos los datos, no estaba dispuesta a un abandono de las armas, sino a un siemple alto el fuego, si se producían determinadas circunstancias. Por otra parte, la inflexible decisión del Gobierno de no conceder más amnistías habría provocado, según algunos observadores, la decisión de ETA de realizar acciones como el secuestro de Rupérez, para utilizarlas como chantaje en una eventual negociación.Negociaciones ETA (p-m)-Gobierno fueron ya desveladas en su día por el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, pero el Gobierno las ha desmentido siempre. EL PAIS pudo confirmar, no obstante, que dichas conversaciones se iniciaron de forma indirecta en 1977. El episodio negociador más importante se registró el verano pasado, cuando ETA (p-m) inició una campaña terrorista con explosivos en las costas del Mediterráneo. A través del citado comandante, el Gobierno y la organización vasca llegaron a un acuerdo, según el cual ETA (p-m) interrumpiría su campaña y la Administración facilitaría el traslado de varios presos vascos desde la cárcel de Soria a las de Martutene y Pamplona. Otros presos obtuvieron la libertad provisional.

Previamente, el Gobierno exigió a ETA (p-m) que demostrara su capacidad para controlar los comandos terroristas que estaban actuando en las costas del Levante. Entre el miércoles 4 de julio, en que explosionó una bomba en una playa mediterránea, y el martes 10 no se registró ninguna actividad etarra. A partir de esta demostración, el Gobierno aceptó el traslado de los presos solicitado, pero no lo llevó a cabo dentro del plazo exigido por ETA (p-m). El 29 del mismo mes estallaron las bombas de la estación de Atocha y del aeropuerto de Barajas. El día 30 se celebró en la librería Ordago, de San Sebastián, una reunión de dirigentes de ElA -partido político próximo a ETA (p-m)-. Al mediodía varios de éstos se trasladaron a San Juan de Luz (Francia), para plantear a los primos -así denominan a los miembros de ETA (p-m)- la conveniencia de intentar recomponer la negociación. Aceptado este punto, regresaron a San Sebastián y realizaron varias llamadas al palacio de la Moncloa, donde se pusieron en contacto con uno de los asesores del presidente Suárez, para explicar las circunstancias del atentado y el deseo de la organización terrorista vasca de proseguir el acuerdo si el Gobierno cumplía su compromiso.

Todo ello significa que el Gobierno tiene efectiva capacidad de acceso a negociaciones o diálogos con contactos etarras y que la dirección de la organización terrorista -tanto la de los «polis-milis» como la de los «milis»- permanece en el sur de Francia, con la tolerancia de las autoridades de París.

Anteriormente a todos estos con tactos, el Gobierno intentó en su día una negociación con la propia ETA militar y utilizó al PSOE como intermediario para convocar una reunión en Ginebra en la primavera de 1977, a la ,que se supone debería haber asistido el propio Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior. La negociación, en un momento de baja para la organización terrorista, no se llevó a cabo porque el Gobierno no quiso aceptar la condición previa de los «milis» de que fuera pública. Tanto la mediación del PSOE en el asunto, a petición del propio Gobierno, como los preparativos de la reunión han sido confirmados reiteradamente por portavoces socialistas y de otros partidos vascos.