Propuestas del PSOE y del PCE para despenalizar el aborto

Los grupos parlamentarios Comunista y Socialista presentaron ayer al Congreso de los Diputados las enmiendas al proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal elaborado por UCD, y en sendos paquetes de enmiendas (más de 680 por parte del PSOE y casi quinientas por parte del PCE) están incluidas las referentes a la despenalización del aborto.

En ambas propuestas se pide la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que el proyecto del Gobierno sigue considerando, en sus artículos 161 y 162, el castigo para los implicados en este hecho. Textualmente ambos artículos dicen: «El que produzca el aborto de una mujer sin su consentimiento será castigado con la pena de prisión de tres a ocho años...», y «el que produzca el aborto de una mujer con su consentimiento será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. En igual pena incurrirá la mujer que consienta el aborto o se lo produzca a sí misma».Así las cosas, el Grupo parlamentario Comunista lo primero que solicita es que el apartado del Código Penal que contempla el aborto punible esté separado del título genérico de «delitos contra la vida e integridad personal», tal y como se contempla en el texto centrista, por considerar que el aborto en sí no atenta contra la vida de las personas. Para el artículo 162, los comunistas proponen que sea sustituido por la siguiente redacción: «El que produjere un aborto con el consentimiento de la mujer fuera del plazo y de las indicaciones establecidas por la ley será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años».

Ahora bien, esta punibilidad del aborto consentido deberá limitarse, en opinión del PCE, a lo que establezca la legislación futura sobre el tema, en cuyo contexto la posibilidad de abortar voluntariamente durante las doce primeras semanas de embarazo será un derecho real de la mujer. Mientras tanto, la enmienda comunista prevé que «la interrupción voluntaria del embarazo se regulará conforme a lo previsto en la disposición adicional primera», cuyo articulado establece que «la mujer mayor de dieciséis años que encontrándose en los primeros noventa días de su embarazo desee interrumpirlo solicitará por escrito y con firma la asistencia correspondiente del centro médico, de la Seguridad Social o privado, en el que haya de ser asistida».

Con posterioridad al plazo de noventa días (durante los cuales una parte de los científicos sostienen la teoría de la ausencia de vida del feto, al resultar plano su electroencefalograma), la enmienda comunista establece la posibilidad de abortar en base a dos supuestos: por indicación médica, en los casos de enfermedad de la mujer, y cuando su gestación constituya un riesgo grave para su vida o salud, o por indicación eugenésica, es decir, cuando sean diagnosticadas posibles anomalías del feto que aconsejen la interrupción del embarazo.

Modificación polémica

EL PAÍS, que ha intentado conocer el contenido de las enmiendas presentadas por el PSOE, ha podido constatar que existe un serio malestar en este partido en torno al tema. Mientras en el grupo parlamentario se negaron en todo momento a comentar el tema del aborto y aplazaban su presentación a la Prensa «otro día y junto con todo el paquete de enmiendas», fuentes solventes informaban que podría tratarse de una maniobra de despiste. Parece que el grupo parlamentario del PSOE ha suprimido la mención a la posibilidad de abortar voluntariamente dentro de los primeros noventa días por causas sociales y económicas -causas que, en la práctica, significan de hecho- el aborto libre-, para reducirlas a las médicas o eugenésicas. Esta posible modificación, no confirmada, causó ayer un fuerte impacto en otros sectores del partido, ya que en la reunión de la ejecutiva donde se aprobó el texto de las enmiendas prácticamente la totalidad de la misma votó a favor de la inclusión de las mencionadas causas «económicas y sociales». Por otra parte, tanto socialistas como comunistas se encuentran en una fase muy avanzada de la redacción de sus proyectos de ley reguladores del aborto. También en este tema el PSOE prefirió guardar de momento absoluta reserva, mientras que el PCE sí avanzó las líneas maestras de lo que va a ser su próximo texto legal. Para los comunistas, están legitimadas para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo todas las mujeres mayores de dieciséis años. En cuanto a las menores de esta edad, se están debatiendo en el seno del PCE dos modelos legislativos europeos, el de Italia y el de Alemania Federal. Mientras el primer país tiene establecido que, en el caso de no existir acuerdo entre los padres o la niña en la decisión de abortar o no hacerlo, es el juez quien resuelve en favor de unos u otros, en Alemania pueden abortar sin consentimiento familiar las menores de dieciséis años sobre las que el médico dictamine que efectivamente son conscientes de la intervención quirúrgica a que van a ser sometidas y poseen la madurez psíquica suficiente como para comprender todo el alcance de su decisión.En el supuesto de que el médico advirtiera en su paciente un grado de infantilismo acusado, exigiría el consentimiento paterno o materno para practicarle el aborto. En principio, portavoces del Grupo Comunista señalaron que son partidarios del modelo alemán, aunque falta la confirmación del último debate.

Asimismo, regularán la «reserva de no participación de los médicos» (objeción de conciencia). En este sentido, el PCE considera que no puede obligarse a ningún facultativo a realizar este tipo de intervenciones, si contradicen gravemente sus principios morales, pero va a exigir a todos los centros sanitarios estatales que en su plantilla existan médicos partidarios del aborto, de manera que ninguna mujer quede sin recibir el servicio médico que la ley le procurará. En todo caso, el proyecto comunista especificará claramente que ningún facultativo va a poder negarse a intervenir cuando una mujer desee abortar por causas médicas o eugenésicas (como ocurre en la actualidad), y, si su negativa causara la muerte de la madre, podrá ser procesado como responsable de homicidio.