El Ministerio ultima la regulación del acceso a los centros subvencionados

El reglamento que ha de regular las condiciones para la admisión de alumnos en los centros de titularidad privada financiados con fondos públicos es una de las disposiciones ministeriales cuya publicación se considera más urgente, una vez que el Estatuto de Centros Escolares sea aprobado definitivamente, según informó ayer el ministro de Educación, José Manuel Otero.

Otra disposición para el desarrollo reglamentario de la ley de Centros que el ministro considera de la mayor urgencia es la normativa sobre la designación de los directores de centros estatales. Aunque la entrada en vigor de este aspecto de la ley no podrá hacerse muy probablemente hasta el curso 1981-1982, el Ministerio de Educación pretende que la regulación del acceso a la función directiva de los centros pueda ser conocida inmediatamente después de que el Estatuto de Centros sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.El ministro dialogó con los informadores después de clausurar una mesa redonda sobre calidad de la enseñanza pública que expertos españoles y franceses han mantenido durante dos días en un hotel madrileño. Respecto al actual trámite parlamentario del Estatuto de Centros, el titular de Educación aseguró que «el Grupo parlamentario de UCD ha decidido, por unanimidad y espontáneamente, no presentar ninguna enmienda». Añadió que, aun admitiendo, como él mismo lo hacía, que la ley podría ser mejorada, el Grupo parlamentario Centrista no había considerado políticamente conveniente enmendarla en el Senado. En cuanto al acceso de los alumnos a los centros financiados por el Estado, el ministro manifestó su firme propósito de crear todas las condiciones que impidan cualquier tipo de discriminación.

Dijo también que se han realizado sondeos informales para conocer qué centros, de los que no están subvencionados actualmente, se acogerán a la financiación del Estado, y que de tales sondeos se deduce que van a ser muy pocos, porque las contrapartidas que va a exigir el Estado a cambio de la financiación no van a ser de recibo para la mayoría de los llamados colegios de élite.

Si se llegasen a confirmar estas previsiones, se pondría de manifiesto la tremenda ambigüedad de ciertas órdenes e instituciones religiosas dedicadas a la enseñanza. Después de defender con gran energía el Estatuto de Centros como la vía ideal para poder ofrecer sus servicios a todos los grupos sociales, a la postre, vendrían a seguir manteniendo sus colegios de élite para las clases privilegiadas, compensados, eso sí, por unos centros dedicados a las clases sociales más modestas, que serán los financieros por el Estado.

Entre los principales colegios de élite se encuentran muchos centros dirigidos por religiosos y otras instituciones eclesiásticas, y su ubicación en unas zonas urbanas muy concretas hace temer que jamás podrán dar cabida a una población escolar interclasista.

Uno de los principales problemas a los que el Ministerio de Educación habrá de hacer frente a la hora de regular las condiciones de admisión de los alumnos en los centros privados subvencionados es el del carácter no gratuito de la enseñanza preescolar. Si el Estado financia la EGB de un determinado colegio, pero el nivel preescolar de este mismo centro tiene un precio que resulte prohibitivo para las familias más modestas, resultará que las clases de preescolar se convertirán en un procedimiento de discriminación insalvable.

El ministro aseguró en sus declaraciones de ayer que este problema podría solventarse, mientras la preescolar no sea gratuita, concediendo becas a los alumnos que no puedan hacer frente a su coste; pero esta medida quizá podría dar lugar a graves desigualdades de trato entre unas zonas y otras.