AIgunos accionistas de Isodel, reticentes con el plan de reflotación de la empresa

Hoy se celebra en Madrid reunión del Consejo de Administración de la empresa Isodel Sprecher, dedicada a la fabricación de aparellaje eléctrico. Además de presentar las cuentas de la sociedad y el presupuesto para este año, el consejero delegado de la sociedad, Juan Miguel Romeo, explicará al consejo la marcha del plan de viabilidad a cinco años, que los trabajadores aprobaron en referéndum el pasado 8 de abril, y que cuenta ahora, al parecer, con reticencias por parte de algunos socios, especialmente Banesto, Bandesco e Hidrola.

Este plan de reflotación supone a los socios la reducción a cero del capital social, la ampliación automática de 1.400 millones de pesetas y no repartir dividendos durante todo el plan, como mínimo. Las entidades financieras acreedoras deberán convertir su deuda en capital o, alternativamente, aplazarla hasta 1993, con un interés del 5%. A los trabajadores les supondrá una reducción de 285 puestos de trabajo durante este año, jubilaciones anticipadas para los mayores de sesenta años, ausencia de conflictos durante la vigencia del plan y que en 1980 sus salarios no suban más de un 10%.Todas Ias partes habían aceptado su sacrificio, previamente al referéndum de los trabajadores. Los socios extranjeros Sprecher und Shuli (empresa suiza propietaria de algunas licencias de explotación, que cuenta con el 25% de las acciones) y Delle-Alsthom (empresa francesa similar a la anterior y con igual participación) han conformado ya su aprobación al plan de reflotación económica. Sin embargo, los socios españoles Banesto (7,5% de las acciones), Bandesco -del grupo Banesto- (7,5%) e Hidrola (25%), se muestran ahora un poco reticentes, por considerar que les supone un costo muy alto.

Por esta razón, el señor Romeo planteará hoy al consejo la celebración urgente (a finales de mes) de una junta general extraordinaria de socios, con un único punto en el orden del día: la suspensión de la actividad de la empresa o la aceptación escrupulosa del plan de salvación.

Y habrán de tener muy en cuenta los socios el dictamen de la intervención judicial sobre la petición de quiebra que en su día presentó la dirección.

Dice el dictamen, al que ha tenido acceso EL PAIS, que la suma del activo de la empresa asciende a 3.870 millones y la del pasivo a 3.561; el superávit de 308 millones impide, por tanto, un planteamiento legal de quiebra.