Controversia en torno al acto de Villalar de los Comuneros

Quince días después de su celebración, aún continúa la polémica en torno al Día de Castilla y León, que tuvo lugar el 27 de abril en Villalar de los Comuneros. La versión oficial del Gobierno Civil de Valladolid, elaborada tras recoger informes de la Jefatura de Policía y de la Comandancia de la Guardia Civil ha producido malestar y disconformidad, no sólo en los sectores regionalistas, sino entre muchas de las personas que acudieron a la concentración.Según esta versión oficial, «el 27 de abril, y sin previa notificación al gobierno civil, tuvo lugar en Villalar de los Comuneros una masiva reunión, en número que se calcula superior a 5.000 asistentes». Resulta sorprende que se habla de que no existía notificación de la concentración cuando el senador socialista Juan Antonio Arévalo había mantenido varias entrevistas con el gobernador civil para tratar del tema y éste aseguró, según palabras del parlamentario que no fueron desmentidas por nadie, que a Villalar serían enviadas, como así ocurrió, las fuerzas de seguridad necesarias para mantener el orden en el pueblo. Extraña también que se habla de que la concentración reunió sólo a 5.000 personas, ya que las cifras que se barajaron giraban en torno a la presencia de 50.000 personas, que la propia Guardia Civil facilitó oficiosamente, datos muy superiores a los que recoge el informe del gobierno civil.

Las contradicciones, sin embargo, no acaban aquí. En la versión oficial se indica que «sobre las trece horas la inmensa mayoría de los reunidos en la campa se dirigieron en manifestación, sin previo aviso a la autoridad, desde la explanada que ocupaba hasta la Plaza Mayor de la localidad». En realidad no ocurrió así, sino todo lo contrario. La manifestación convocada por LCR, MCCL, PTCL y OC Bandera Roja partió de la plaza y no llegó hasta la campa, ya que se disolvió antes. Además sólo participaron en aquélla alrededor de setecientas personas, mientras que la inmensa mayoría de los concentrados permaneció en las eras bailando jotas y ajenos completamente al desarrollo de la marcha.

La parte final del informe oficial sí coincide, en cambió, con lo publicado en la prensa y con las versiones de testigos presenciales. Efectivamente, los incidentes finales fueron protagonizados y promovidos por un grupo minoritario (que el Gobierno Civil cifra en 120 personas), cuyos miembros lanzaron piedras y cóctéles molotov contra el ayuntamiento, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad, que lanzaron botes y pelotas de goma para desalojar la zona y dispersar a los provocadores. Pero por entonces la mayor parte de los concentrados ya habían abandonado Villalar de los Comuneros y se hallaban de regreso a sus puntos de origen. Este extremo no se recoge en la resolución que el gobierno civil ha enviado a las tres personas multadas con 250.000 pesetas cada una por su presunta participación en los incidentes. Los sancionados son: Agustín Gómez Acosta, secretario general del FITCL; Manuel Llusia, que ocupa igual cargo en MCCL, y Juan Manuel Félix Morales, responsable provincial del PCEmI.