Los "documentos secretos" de investigación a parlamentarios y magistrados

El documento mostrado en la fotografía es uno de los que circularon sobre la investigación, supuestamente pedida por la Dirección de la Seguridad del Estado, sobre diversos magistrados y parlamentarios relacionados con los últimos exámenes de oposición a la Escuela Superior de Policía.

La redacción textual dice lo siguiente: «De acuerdo con lo interesado por esa secretaría, se ha procedido a realizar informes exhaustivos sobre los exámenes celebrados en la Escuela Superior de Policía, que se adjuntan, así como sendos informes sobre magistrados y parlamentarios que podrían intentar anular o impugnar la oposición... En los medios judiciales los comentarios recogidos sobre la oposición no han pasado de ser intrascendentes y las noticias de que impugnarían la oposición no han sido confirmadas, a no ser que al salir las notas del último ejercicio fueran visitados por opositores azuzados por algún partido político. Los informes sobre aquellos que podrían ejercer alguna presión sobre la dirección para anular los exámenes se han realizado tanto en el terreno profesiona, como particular, especialmente en el económico y familiar, campos en los que ha sido más fácil hallar alguna fisura». Finalmente, se detallan los nombres de los investigados: Carlos de la Vega, Jesús Vicente Chamorro, Clemente Auger, Antonio Carretero, Francisco Huet, Juan José Martínez Zato, José Antonio Martín Pallín y Jerónimo Arozamena.La fecha es el 28 de abril del presente año y el número de inscripción en el libro de registros aparece en blanco. Sobre estos documentos, el ministro del Interior, Juan José Rosón, manifestó el pasado martes, en conferencia de prensa, que los impresos son auténticos, pero que el texto estaba fálsificado, porque nunca se pidió tal investigación, nunca se realizó y no se ha encontrado ninguna máquina en el edificio del ministerio que corresponda con la mecanografía utilizada. Todos estos datos han sido los que han motivado la afirmación del señor Rosón de que se trata de documentos falsos, aunque el papel corresponda, efectivamente, a la Dirección de la Seguridad. El asunto está en manos del fiscal para investigar a los autores de la presunta falsificación.