Consumidores y centrales sindicales no tienen presencia en los mecanismos de fijación de precios

Tanto las centrales sindicales como el Ayuntamiento de Madrid han mostrado su preocupación por la falta de participación en los organismos de la Administración central que entienden en materia de precios, en los que tampoco los simples consumidores tienen un papel importante que jugar. La política de precios se configura, contradictoriamente, cómo uno de los aspectos públicos que más preocupan al ciudadano medio, al tiempo que donde su representación, directamente o a través de las instituciones democráticas, es menor.

Los madrileños vieron, a mediados de julio, cómo subían las tarifas de una serie de servicios de primera línea -transportes, agua, teléfono, etcétera-, y se van de vacaciones con el miedo a encontrarse a la vuelta nuevos aumentos de precios. Que las protestas ciudadanas no hayan alcanzado un nivel de resonancia pública sólo parece indicar el estoicismo que da la experiencia de saber que las quejas no sirven de nada.El sentimiento común de indefensión del consumidor llegaría tal vez a provocar reacciones de ira si se hubiera difundido ampliamente un folleto, editado por el Instituto Nacional de Consumo, en el que se recogen los derechos de aquél y en el que se recomienda la creación de asociaciones de defensa. El catálogo de derechos que, teóricamente, se pueden reclamar es tan amplio como incumplido, y todo parece indicar que la Administración del Estado no tiene intención de compartir con los ciudadanos de a pie, y ni siquiera con los ayuntamientos o las centrales sindicales, su monopolio de decisión en materia de fijación de precios, a pesar de que es la misma legislación emanada del Gobierno quien postula la participación de todos los sectores.

Los organismos que deciden qué artículos pueden variar sus precios y en qué márgenes son, por orden de mayor a menor, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDAE), la Junta Superior de Precios, las comisiones provinciales de precios y las juntas locales. El máximo nivel ejecutivo está en manos de la CDAE, Con representación sólo de los diversos organismos ministeriales..

La junta superior está formada asimismo por representantes ministeriales, y los consumidores sólo tienen presencia en aquellas comisiones que la junta decida constituir, exclusivamente con funciones consultivas y no vinculantes. La junta acumula las competencias de variación de precios de prácticamente los más importantes bienes y servicios, desde la leche, el azúcar y el pescado, hasta las entradas de cine, la cerveza, aparatos de radio y televisión o los envases metálicos, pasando por los fertilizantes, detergentes, libros de texto, transportes y agua para regadíos. En total, la relación incluye 78 denominaciones generales de bienes y servicios.

Las comisiones provinciales de precios, donde sí están representados los consumidores, aunque sea, en absoluta minoría respecto a la Administración, sólo tiene competencia en ocho, todos a nivel provincial: agua de abastecimiento a la población, clínicas, sanatorios, hospitales y sociedades médicas, aparcamientos, autobuses urbanos, taxis, engrase y cambio de aceite en vehículos, estaciones de servicio y engrase y entradas de fútbol.

Precios comunicados y autorizados

Tanto para la junta superior como para las comisiones provinciales, los bienes y servicios están divididos en dos grandes categorías de precios: autorizados y comunicados. Los primeros son aquellos en los que la subida, propuesta por el productor o comerciante, requiere la expresa autorización del organismo decisorio para que sea efectiva. En el caso de los segundos se limitan a comunicar a la junta superior la subida decidida por el propio productor. Si en el plazo de un mes no hay contestación, la subida es efectiva. La junta puede también no darse por satisfecha con los argumentos y justificaciones comunicados, y entonces puede paralizar la nueva tarifa propuesta, en cuyo caso el productor puede presentar un recurso contencioso ante el ministerio.O bien la junta superior puede traspasar el producto o servicio en cuestión de la lista de precios comunicados a la de autorizados, lo que en teoría ofrece mayores garantías al consumidor. Es curioso observar, sin embargo, y según un estudio realizado por Fernando Martos, vicepresidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, cómo en los últimos años los precios autorizados presentan incrementos más acusados que los comunicados.

Sólo manda la Administración

En el Real Decreto 2.695/1977, de 28 de octubre, publicado en el BOE del 31 del mismo mes, se alude a los deseos del Gobierno sobre la necesidad de vigilar los mecanismos de formación de precios y se articulan medidas para que los canales de representación de los ciudadanos participen de alguna forma en dichos mecanismos. La disposición final primera estipula que el Gobierno regulará la participación de los distintos sindicatos tanto en la Junta Superior de Precios conio en las comisiones provinciales y juntas locales. Dicha regulación debería formalizarse en un plazo no superior a cuatro meses desde que tengan lugar las primeras elecciones sindicales. Estas se celebraron en el primer trimestre de 1978, y los sindicatos continúan marginados de los citados organismos.Tanto CC OO como UGT han reclamado insistentemente sus derechos a la participación, sin que por ahora haya servido de nada. Lo único que se les permite es asistir cada mes a las reuniones convocadas por el Instituto Nacional de Estadística, donde se les informa de la evaluación del coste de la vida, se charla un rato y nada más. Desde hace aproximadamente unos cinco meses ni siquiera se les cita para dichas reuniones.

Antonio Gallifa, responsable en este campo de CC OO, estima que la participación tampoco sería demasiado eficaz, puesto que siempre se encontrarían en minoría, pero por lo menos tendrían una información más directa y mayores oportunidades de que sus argumentos alcanzaran cierta resonancia.

La situación es muy similar respecto a los consumidores y organizaciones de tipo ciudadano, representadas en las diferentes comisiones provinciales. Estas están formadas por el presidente, cargo que recae en la persona del gobierno civil de la provincia respectiva o en quien éste delegue; el secretario general, que en el caso de Madrid es el jefe provincial de Comercio Interior, Jesús Hernández Calvo, y por representantes de los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Urbanismo, Trabajo, Agricultura, Industria y Energía, Comercio y Turismo, Economía, Sanidad y Seguridad Social, Transportes y Comunicaciones. Los consumidores tienen dos votos, sea cual fuere el número de asociaciones de vecinos, amas de casa u organizaciones propias que asistan a las sesiones. El decreto permite también la incorporación de representantes de la producción y comercialización del producto que se trate.

En Madrid, los organismos que participan normalmente en la comisión provincial son la OCU, de Antonio García Pablos; la Federación de Amas de Casa y, hasta hace algunos meses, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Estos últimos acordaron retirarse de la comisión ante la inutilidad de sus esfuerzos. Según declaró a EL PAÍS su vicepresidente, Fernando Martos, la proporción de fuerzas es siempre de nueve votos contra dos, y no hay fisuras en la Administración central. Antes de comenzar las sesiones, los delegados ministeriales se reúnen por su cuenta para adoptar una postura común, ante la que se estrellan indefectiblemente las razones de los vecinos. Aparte que tampoco la comisión provincial tiene demasiadas competencias. Todos los bienes y servicios importantes vienen ya dictaminados por la junta superior, y la comisión lo único que puede hacer es, dentro del margen estipulado por aquélla, atenuar un poco la subida, más que nada por salvar la cara. Las centrales aún no tienen representación alguna.

El ayuntamiento creará su junta local

Luis Rufilanchas, delegado de Abastos del Ayuntamiento madrileño, informó a este periódico de la intención municipal de constituir este otoño la junta local de precios, aun a sabiendas de las escasas atribuciones que la normativa vigente les concede. La actuación del ayuntamiento se dirigirá a controlar en lo posible los estudios y justificaciones presentados por los productores en sus pretensiones de incrementos, y a sostener una postura testimonial que refleje la preocupación de los madrileños por el continuo incremento del coste de la vida.El ayuntamiento sólo es el último eslabón en la cadena de control de precios, y se limita a ordenar a sus inspectores y a la Policía Municipal la vigilancia en los mercados para evitar abusos unilaterales por parte de los pequeños comerciantes. Inspecciones que tampoco son suficientes, debido a la falta de personal para inspeccionar adecuadamente todos los mercados, tiendas y galerías de alimentación de la capital. Actualmente se han entablado conversaciones con Mercasa y el Ministerio de Comercio de cara a obtener información detallada de los precios de origen que rigen en los mercados de otras ciudades, y poder comprobar así los posibles abusos que se den en Madrid en cuanto a sobrepasar los márgenes comerciales oficiales.