Guatemala, un país sin soluciones intermedias

La tasa de natalidad es del 5,5%, pero la mortalidad infantil llega al 8,1 % y la expectativa de vida es de 48,3 años. El 48% de los niños no puede ir a la escuela (el 70% en los naturales, o indígenas) y el 63 %de los guatemaltecos menores de siete años son analfabetos. El ingreso anual por persona equivale a 57.500 pesetas, pero un 70% de la población percibe sólo 5.200 pesetas al año, y la desocupación, más el subempleo, afecta al 40% de la mano de obra. Mientras el paro crece a razón del 4,5% anual, el empleo lo hace al 1,5 %.La economía de Guatemala, basada en la agropecuaria, se caracteriza (como los otros países de la región) por el llamado «desarrollo hacia afuera», que estimula la producción de artículos caros o de escaso valor alimenticio, pero requeridos por la demanda exterior, con preferencia a los correspondientes a la necesidad interna. El 51 % de la producción agrícola está dedicado a productos como el café, banano, chicle, algodón, y sólo el 37%, a los artículos de la dieta básica guatemalteca, como el maíz y otros granos. El 7% de los guatemaltecos está «desnutrido severamente» (informa el Plan Nacional de Desarrollo), lo cual incluye al 82% de la población menor de cinco años.

Al «desarrollo hacia fuera», conocido efecto del control de las trasnacionales del alimento sobre las economías agrarias dependientes, se suma en Guatemala un mal uso de la tierra: de los cuatro millones de hectáreas cultivables sólo se planta un 55 %, y el 20% de la población posee el 72% de la tierra.

El sistema intocable

La solución corriente de una reforma agraria parece imposible en Guatemala, ni siquiera bajo las falaces condiciones con que otros militares propusieron la hondureña de 1975, o la de 1979 en El Salvador.

La oligarquía terrateniente ha sido terminante al respecto. Los guatemaltecos pobres del campo conservan una memoria sangrienta del modo en que la ley de Arrendamientos Forzosos del Gobierno Arévalo (1949) y la prudentísima reforma agraria del presidente militar progresista Jacobo Arbenz (aprobada en 1952, comenzada a aplicar recién dos años después) fueron liquidadas a sangre y fuego en 1954 por la invasión del general Carlos Castillo Armas. Entonces Arbenz fue derrocado, las tierras devueltas a la trasnacional United Fruit y a los latifundistas, fusilados miles de campesinos beneficiarios.

En 1957, también bajo el régimen de Castillo Armas, el sector de negocios fundó el Comité de Agricultores, Comerciantes, Industriales y Financieros (CACIF), para vigilar cualquier recaída de los campesinos en ideas desordenadas. La Mano Blanca, el Ejército Secreto Anticomunista y otras bandas parapoliciales, que mantienen desde entonces el terror en las zonas rurales, están financiadas por el CACIF.

Los políticos han aprendido también que el sistema congelado en 1954 por Castillo Armas es intocable: en 1966 el economista Alfredo Fuentes Mohr, como ministro de Hacienda, intentó una reforma fiscal (para financiar un plan de mejoras sociales propuesto precisamente por Estados Unidos) y fue expulsado del Gabinete. En 1979 se escindió del partido oficial, para fundar un grupo socialdemócrata que ofreciera una alternativa reformista en las elecciones de 1982, y fue muerto a tiros en la calle.

A lo largo de los años, los capitanes de Castillo Armas se convirtieron en los generales terratenientes que componen, con los grandes finqueros y las trasnacionales agrícolas, el trípode de la oligarquía. En un folleto de su secretaría de Prensa, el general Romeo Lucas García, actual presidente de la República (tres fincas, 52.000 hectáreas), advierte en el punto 3 de su programa de Gobierno: «No soy partidario de repartir tierras a diestra y siniestra. No creo en la reforma agraria política ni en el uso de frases vagas e imprecisas como la de "reformas integrales"».

Un circuito político cerrado

El derrocamiento de Arbenz eliminó de las fuerzas armadas al ala progresista, que no se volvió a reproducir; el golpe del coronel Peralta Azurdia contra el presidente Miguel Ydígoras Fuentes, en 1963, estableció de una vez por todas la preeminencia militar sobre los políticos civiles. De ahí en adelante todos los presidentes han debido contar con el previo consenso castrense, y, salvo Julio César Méndez Montenegro (que en su período de 1955, sin embargo, tuvo que prometer obediencia absoluta), todos han pertenecido al Ejército. Una premisa esencial de la Institucionalidad sui generis de Guatemala es que el poder político está subordinado al poder militar, el cual tolera elecciones, pero las gana siempre mediante una peculiar combinación de presiones, terror y leyes a su favor.

El general Lucas García fue electo en esas condiciones, hace dos años, por la coalición Frente Amplio, que comprendía al Partido Institucional Democrático (fundado en la época de Peralta Azurdia), a la Central Auténtica Nacionalista, del general y ex presidente, Carlos Arana Osorio, y al Partido Revolucionario. La decadencia y debilidad de los políticos civiles ante el continuismo militar están bien expresadas en este partido, que fue el de los hombres de la revolución democrática de 1944 (a partir de la cual Arévalo y Arbenz agrietaron el esquema de la oligarquía feudal) y es ahora un desprestigiado instrumento del régimen militar.

En Guatemala es inexacto hablar de Gobierno y oposición como fuerzas opuestas y dialécticas ya que, de hecho, los límites de acción de los ocho partidos legales están trazados, tácitamente, como partes de un sistema cerrado.

De esos partidos, son opositores (dentro de un respeto) cinco: el Frente de Unidad Nacional (FUN), el Demócrata Cristiano, el Movimiento de Liberación Nacional, el Partido Socialista Democrático y el Frente Unido de la Revolución (FUR). Hasta julio de 1978 sólo estaban autorizados el M LN, el PID, el PR y la Democracia Cristiana. Después, en una especie de apertura, se permitió la inscripción de los restantes, y se dice que, para 1982, habrá doce partidos con posibilidad parlamentaria.

Esa multiplicidad no alarma a los militares, que han logrado encuadrar con precisión a los partidos opositores para mantenerlos a raya. El FU N casi no cuenta, y es en todo caso una modesta opción de recambio. La Democracia Cristiana, el más antiguo, es el segundo en importancia dentro del Congreso; pero el Congreso también funciona dentro del sistema amortiguador de disidencias. En julio, por ejemplo, la bancada del PDC quedó súbitamente desierta debido a peticiones de licencia por enfermedad. El Ejército Secreto Anticomunista había asesinado al legendario abogado de campesinos Jesús Marroquín, nieto del escritor prócer Clemente Marroquín Rojas. Si un Marroquín había sido abatido, todo era posible, y los diputados se dispersaron hacia el exterior, para volver recelosamente días después, de a pocos y aún aterrorizados.

El MLN está técnicamente en la oposición, por cuestiones de reparto, pero forma parte indudable del aparato de poder. Fue fundado en 1954 por Castillo Armas, a recomendación del embajador norteamericano John Peurifoy; está orientado hoy por Mario Sandoval Alarcón, un extremista -de derecha que fue vicepresidente del general Kjell Laugerud en 1974, y se presume, con buenas bases, que el movimiento está detrás de algunas bandas parapoliciales.

Al igual que el Partido Socialista Democrático de Fuentes Mohr, el FUR se proponía participar en las elecciones de 1982 como alternativa independiente al continuismo militar, quizá con su jefe, el popular Manuel Colom Argüeta (ex alcalde de Guatemala), como candidato y en posible alianza con el PDC. Fuentes Mohr fue asesinado en enero; Colom. Argüeta, en marzo.