El ministro de Defensa asegura que la Guardia Civil es un cuerpo militar adscrito al Ejército de Tierra

El ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, afirmó ayer ante el Pleno del Congreso que, según el criterio del Gobierno, la Guardia Civil es un cuerpo militar adscrito al Ejército de Tierra. El pronunciamiento del ministro se produjo ante la exigencia socialista de una aclaración sobre esta polémica. El Pleno del Congreso aprobó ayer varios proyectos de ley, entre ellos el de la nueva fórmula para la jura de bandera y el que suprime los certificados de buena conducta, sustituyéndolos por el de antecedentes penales más una declaración del interesado.

En el proyecto de ley sobre nueva fórmula para la jura de bandera, el diputado centrista Joaquín Satrústegui defendió una enmienda para proponer otra redacción, ya que la del proyecto era, en su opinión, un perfeccionamiento de la hasta ahora vigente, proveniente del franquismo. Aunque el diputado la retiró, el Grupo Socialista pidió su mantenimiento y asumió la propuesta, aunque el presidente de la Cámara manifestó que no había lugar. En esta situación, la izquierda se abstuvo en la votación.Los diputados Luis Solana y Simón Sánchez Montero, de los grupos Socialista y Comunista, respectivamente, apoyaron la tesis de Satrústegui. Solana pidió al ministro de Defensa que en la primera ocasión en que se utilice la nueva fórmula del juramento se invite a los máximos representantes de las instituciones. El portavoz de Coalición Democrática, Manuel Fraga, apoyó esta idea.

La polémica sobre el carácter militar de la Guardia Civil fue promovida por los socialistas con ocasión del debate sobre el proyecto de ley de ascenso honorífico del personal militar de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y Policía Nacional. De nuevo, Luis Solana propuso, en nombre de su grupo, que se separasen de esta ley a los oficiales y jefes de las Fuerzas de Orden Público para que se les diese el mismo tratamiento, pero en otra normativa. El diputado socialista dijo que no deben mezclarse los cuerpos de seguridad del Estado con las Fuerzas Armadas, ya que en la ley orgánica de la Defensa no se especifica que la Guardia Civil sea parte de éstas, y en esta indefinición el PSOE sostiene que la Benemérica no está integrada en el Ejército.

El diputado socialista, se quejó de que, habiéndose pactado en su día no especificar esta cuestión, el ministro de Defensa «va por las capitanías diciendo que la Guardia Civil pertenece a las Fuerzas Armadas. Nos tememos que fuimos engañados y pedimos a UCD que clarifique sus ideas al respecto».

El ministro de Defensa replicó que en el debate aludido el grupo de UCD había aceptado la redacción que no especificaba ese carácter militar únicamente para permitir que los socialistas votasen a favor de la ley orgánica, pero el portavoz centrista había dejado bien clara la posición de que la Guardia Civil pertenece a las Fuerzas Armadas. El diputado centrista Guillermo Medina abundó en esta tesis y dijo que de todas formas no se mezclan las FOP con las Fuerzas Armadas, sino que a los efectos de esta ley se les da el mismo tratamiento.

De nuevo Luis Solana insistió en que la cuestión no es si la Guardia Civil es o no un cuerpo militar, sino si forma parte del Ejército de Tierra. Ante ello, el ministro de Defensa afirmó tajantemente que la Guardia Civil es un cuerpo militar adscrito al Ejército de Tierra, y añadió que la cuestión va a ser regulada en estos términos en el desarrollo de la ley orgánica de Defensa.

Incentivos a la fusión de empresas

A continuación se aprobó el proyecto de ley que establece incentivos fiscales a las fusiones de empresas que mejoren la estructura productiva u organizativa de éstas en beneficio de la economía nacional. En concreto, el proyecto establece bonificaciones del 99%, sobre el impuesto de sociedades que gravaría el incremento de patrimonio que se derive de las operaciones de fusión. Asimismo, habrá una exención de hasta el 99% en el impuesto municipal sobre el incremento en el valor de los terrenos. Los municipios serán compensados por el Estado de las cantidades que dejen de percibir, en virtud de una enmienda transaccional acordada entre los grupos comunista y centrista, con el apoyo socialista. También se aprobó en la sesión de ayer el proyecto de ley de creación del Colegio Oficial de Biólogos, y como último punto del orden del día, fue aprobada sin debate la proposición de ley remitida por el Senado sobre expedición de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana. Esta ley supone en la práctica la desaparición de los actuales certificados de buena conducta expedidos por las comisarías de policía y los puestos de la Guardia Civil, y que se requerían para numerosos trámites burocráticos.

En su artículo primero, la ley establece que estos certificados consistirán en adelante en la certificación de antecedentes penales expedida por el Registro Central de Penados y Rebeldes, complementada con una declaración personal que realizará el interesado, en impresos que facilitarán los ayuntamientos y los gobiernos civiles.

Esta declaración expresará si el interesado se encuentra inculpado o procesado; si se le ha aplicado medida de seguridad, así como si está implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en la ley de Peligrosidad Social, si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres años inmediatamente anteriores a la declaración; si en este mismo plazo se le ha impuesto sanción gubernativa como consecuencia de expediente administrativo sancionador por hechos que guarden relación directa con el asunto para el que se exija la certificación e informe de conducta. No tendrán que ser declaradas las sanciones gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes ni las procedentes de infracciones de tráfico.

Esta ley no afectará, no obstante, al actual régimen jurídico sobre informes que caigan dentro de la competencia de la Defensa ni a los regulados por los reglamentos de armas y explosivos.