Dos civiles, en prisión por uso indebido de uniformes militares

Dos civiles permanecen desde hace diecinueve meses en prisión preventiva en la cárcel Modelo de Barcelona, a disposición de la autoridad naval militar, procesados por un delito de utilización indebida de uniforme de la Marina de guerra española y falsificación de tarjetas militares y uso indebido de ellas.Se trata de José Manuel Quintia Barreiros y Angel Ortega González, ambos con antecedentes penales, los cuales fueron detenidos el 8 de marzo de 1979 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), cuando iban vestidos con sendos uniformes de capitán de corbeta y teniente de navío de la Marina de guerra española.

Los procesados habían visitado diversos bares y establecimientos públicos de Sanlúcar de Barrameda y Cádiz haciendo ostentación de los uniformes, según ellos, «por espacio de una hora y sólo para presumir». La policía los detuvo y en el posterior registro de la habitación donde se hospedaban se hallaron diversas tarjetas de identidad falsificadas.

Detenidos en Cádiz, fueron trasladados inexplicablemente a Barcelona, hace ocho meses, después de que hubieran interpuesto denuncia contra el coronel auditor de Ia Capitanía General del Estrecho.

Los dos encartados no niegan los hechos, pero señalan que su caso debería ser juzgado por los tribunales ordinarios. Así, el pasado 16 de septiembre presentaron denuncia, al amparo del artículo 53 de la Constitución, contra el capitán general de la Zona Marítima del Estrecho, al que acusan de violar la Constitución y los derechos humanos. La denuncia se encuentra en estos momentos en su fase de diligencias previas -2455/18- en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Por otra parte, los dos procesados señalan que por el mismo delito -uso indebido de uniformes- a los secuestradores del teniente general Villaescusa sólo se les condenó a una multa de 25.000 pesetas. Argumentan además que, según la jurisdicción ordinaria, las penas que les corresponden oscilan de uno a seis meses y de 20.000 a 100.000 pesetas de multa, cuando llevan diecinueve meses en prisión y el fiscal militar les pide nueve años de cárcel.