Aprobado el presupuesto de la Seguridad Social

Sin ninguna modificación sobre el proyecto de ley del Gobierno, ayer fue aprobado en la Comisión correspondiente del Congreso, tras un largo debate y con la oposición de socialistas y comunistas, el Presupuesto de la Seguridad Social para 1981, que alcanza un importe de 2,08 billones de pesetas.En los Presupuestos aprobados, que reducen las cotizaciones en el 0,5% (esto contrarresta en buena medida -según el centrista García Margallo- los incrementos del ITE), se evalúan los ingresos por cuotas de régimen general de 1.416.269 millones de pesetas.

El crédito total para 1981 asciende a 1.129.225 millones de pesetas, que significa un aumento sobre la liquidación prevista para 1980 de 209.589 millones, lo que supone un 22,8% de mayor gasto, según la Administración.

El incremento se desglosa en obligaciones para 1981 por pensiones estimadas a 31 de diciembre de este año (899.422 millones de pesetas), en crecimiento neto de pensiones en 1981 -alzas menos bajas-, así como los primeros pagos de las alas, a los importes que se reconocen en su devengo (93.273 millones); en revalorización promedio del 12% en las pensiones (114.933 millones de pesetas), y, finalmente, en el anticipo a los 69 años de la edad de Jubilación obligatoria (21.627 millones de pesetas).

Numerosas enmiendas socialistas

Al proyecto de Presupuestos había presentadas numerosas enmiendas socialistas, que fueron defendidas por los diputados Granados y De Vicente, a los que contestó, por el partido del Gobierno, el diputado Bravo de la Laguna. La primera enmienda socialista proponía, entre otros extremos, un incremento de pensiones el 16% para los mínimos concurrentes, y diversas mejoras para pensiones de viudedad no concurrentes, para los afectados por incapacidad permanente total y para los grandes inválidos. En favor de esta enmienda se argumentó la justicia de incrementar las pensiones y la infravaloración de ingresos por cotización de los Presupuestos que permitirían afrontar este aparente aumento de gastos. Con respecto a la infravaloración se recordó que en los años 1979 y 1980 ya se había producido y que este año, al calcularse las cotizaciones sobre un incremento salarial del 12,5%, volverían a producirse. Bravo de la Laguna, tras exponer que su partido no está en contra de mejorar en todo lo posible estas y cualesquiera otras prestaciones, se opuso a la enmienda socialista, argumentando que tales mejoras supondrían un incremento de gasto de 70.000 millones de pesetas. Rechazó la infravaloración de ingresos, argüida por los socialistas, y manifestó que los cálculos de ingresos estaban obligados a hacerlos según la política económica del Gobierno, que preveía un incremento de salarios del 12,5 %.

Exenciones por, incapacidad laboral

En otra enmienda socialista se pedía que los trabajadores en situación de incapacidad laboral transitoria o invalidez provisional estuvieran exentos durante 1981 de contribuir al coste de la prestación farmacéutica para sí o para los beneficiarios a su cargo. Esta enmienda estaba relacionada con otra que solicitaba. que la contribución del asegurado al pago de las medicinas volviera a ser del 30%, y no del 40%, como se había adoptado en los últimos meses. Para apoyar la conveniencia de estas enmiendas se habló de la reducción de los gastos de farmacia (120.430 millones de pesetas en el Presupuesto), teniendo en cuenta el aumento de las medicinas, el incremento del porcentaje a pagar por el asegurado y la elevación de márgenes de farmacia producidos en los últimos meses. Asimismo se recordó la imposición del Gobierno a la Seguridad Social para que anticipara el déficit del seguro de desempleo. Bravo de la Laguna se opuso a ambas enmiendas, por razones similares a las mencionadas anteriormente.

Tampoco fue aprobada otra enmienda socialista que proponía elevar a seiscientas pesetas la ayuda familiar vigente por cada hijo o asimilado en el sistema de la Seguridad Social. La modificación de la cantidad a percibir por la incapacidad laboral transitoria no fue aceptada, y tampoco la creación de un comité anticorrupción en la Seguridad Social (parlamentarios, Administración y fuerzas sociales), propuesto por Coalición Democrática. Los socialistas, que no apoyaron esta propuesta, justificaron su actitud en. la inoperancia de tal comisión, dada la falta de medios con que cuenta el Parlamento actualmente.