El concierto económico con el País Vasco

EL LLAMADO Estado de las autonomías intenta ser una respuesta, todavía incierta, borrosa y vacilante, a dos problemas de viejo origen, pero agravados durante el franquismo. Así, en las reivindicaciones políticas, idiomáticas y culturales de las nacionalidades «históricas» se han sumado los agravios comparativos de los territorios de menor desarrollo industrial y de mayor pobreza. De un lado, los estatutos del País Vasco y de Cataluña y, posteriormente, el de Galicia se proponen contrarrestar la rígida uniformidad que el anterior régimen quiso imponer, con elevados costes y escasos resultados, a poblaciones diferenciadas por la historia, por la cultura y por el bilingüismo. El reconocimiento, por el artículo 3º de la Constitución, de que el catalán, el vasco y el gallego son también lenguas españolas y merecen carácter oficial en las respectivas comunidades autónomas no hace sino elevar a rango legal una realidad social y valorar como patrimonio común la riqueza de esas «distintas modalidades lingüísticas». De añadidura, las expresiones culturales en esos idiomas, las tradiciones y costumbres de esos territorios y la voluntad de autogobierno de esas comunidades quedan liberadas de la pesa da losa del uniformismo centralizador, que muchas veces, ha inmolado en los altares de la modernización y del progreso valores culpables tan sólo de ser diferentes de los que la mayoría o los gobernantes preferían. De otro lado, el denominado Estado de las autonomías constituye una promesa, a veces más cercana al espejismo milagrero que al proyecto razonable, de conseguir una mejor distribución territorial de los recursos y las riquezas. A este respecto, conviene recordar que, sobre todo, durante la última etapa del franquismo, el crecimiento económico español se polarizó en el País Vasco, Cataluña y Madrid, zonas cuya renta por habitante era superior en un 30% a la media nacional, en tanto que Extremadura, Galicia, Canarias y Andalucía quedaban por debajo de esa media. La esperanza de que las autonomías, a la vez que dieran satisfacción a las reivindicaciones idiomáticas, culturales y de autogobierno de las llamadas nacionalidades «históricas», pudieran servir, de instrumento para el desarrollo económico de las zonas más atrasadas del país ha sido el origen de la fiebre estatutaria, y puerperal en toda España. Desgraciadamente, el problema de la redistribución territorial de la riqueza en la década de los ochenta se complica con la gravedad de la crisis económica, la cual ha afectado con especial intensidad a las principales concentraciones industriales del país. Las bolsas de paro aumentan en Barcelona, Bilbao y Madrid, mientras las deshumanizadoras consecuencias de un desarrollo urbanístico desmesurado, insalubre y especulativo se hacen patentes en las grandes capitales y en los centros fábriles. En el País Vasco, a la crisis de la industria siderúrgica y de la construcción naval, particularmente grave en un territorio dominado por el monocultivo del hierro, se une la comprensible abstinencia de invorsiones de unos empresarios atemorizados por las extorsiones y chantajes- los llamados «impuestos revolucionarios»- de las distintas ramas de ETA, y propensos a trasladar sus negocios, cuando les resulta posible, a otras zonas de España.

En ese contexto, el anuncio del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Gobierno de Vitoria para establecer -y reinstaurar- «el sistema foral tradicional del concierto económico», previsto en el articulo 41 del Estatuto de Guemica, ha planteado algunos interrogantes sobre el presunto trato de excepción que pudiera significar este convenio. El artículo 138 de la Constitución, a la vez que compromete al Estado a velar «por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español», subraya que las diferencias entre los estatutos «no podrán, implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Cabe, pues, preguntarse si el concierto económico con el País Vasco conculca de alguna manera ese principio de solidaridad reiteradamente defendido por nuestra norma fundamental.

Las largas y arduas negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Gobíerno vasco han estado seguramente vigiladas por dos temores contrapuestos: el fantasma del privilegio fiscal, por el lado de Madrid, y el aspecto del vaciamiento del Estatuto de Guernica, por el lado de Vitoria. Ahora bien, las filtraciones que se conocen del proyecto definitivo permiten aventurar que el arreglo es satisfactorio para ambas partes, que los principios- constitucionales -diferentes, pero conciliables- de autonomía y de solidaridad han sido correctamente armonizados, y que la unidad financiera y fiscal de España no queda malparada.

Los derechos arancelarios y los impuestos recaudados por los monopolios fiscales se hallan fuera del concierto.

El Gobierno vasco recaudará, en cambio, los impuestos indirectos y los impuestos directos sobre personas y sociedades. Surgirán, sin duda, dificultades en el caso de sociedades que operan tanto en el País Vasco como en el resto del territorio español; pero la naturaleza del proble ma es eminentemente técnica. Respecto a las sociedades circunscritas a la comunidad autónoma, los precedentes de Navarra y de Alava -cuyo régimen foral fue respetado por el franquismo- disipan los temores a desequilibrios serios o irreparables. En lo que concieme a los impuestos personales sobre la renta y el patrimonio, el ejemplo de Navarra muestra que incluso un trato jurídico más favo rable puede quedar contrapesado por una capacidad recaudatoria más eficaz.

Los riesgos mayores de este drástico replanteamiento de las actividades recaudatorias en favor de las comunidades autónomas, sin las cuales, obviamente, las instituciones de autogobierno serían un simple decorado de zarzuela, no provienen tanto de los eventuales privilegios fiscales como de la duplicación de competencias y de funcionarios, que llevaría a un fuerte e injustificado incremento del gasto público. Sería para echarse a temblar si las comunidades autónomas reprodujeran, costosa y monótonamente, las estructuras de la Administración central. Pero si la sensatez prevaleciera y las autonomías fiscales funcionaran de manera eficiente, los territorios autónomos que consiguieran mejores servicios públicos y mejor infraestructura servirían de ejemplo, de acicate, para las demás instituciones de autogobierno y para el propio Estado, lo que podría constituir una salida para el actual anquilosamiento en materia de gestión y ordenación del gasto del sector público centralizado.