El urbanismo de Madrid: una historia y una oportunidad

Los municipios del Area Metropolitana de Madrid han ultimado un documento en el que expresan cuál es la política urbana y cuáles los criterios y objetivos con que piensan acometer la revisión del urbanismo madrileño. Han dado el primer paso en lo que probablemente es la mejor oportunidad de reconducir su futuro urbano.Cuatro millones de personas, un millón de viviendas, 1.500.000 de puestos de trabajo en industrias, comercios, servicios y Administración se congestionan, entremezclan, interfieren y dispersan en el Area Metropolitana. A principio de los años cincuenta era sólo Madrid y núcleos rurales en su entorno. Desde entonces se desbordó un crecimiento sin precedentes con el que triunfó la especulación y la rápida acumulación de capital y salió derrotada la ciudad como medio de vida, como lugar de residencia.

Aunque al ver los resultados cueste creerlo, Madrid y el Area Metropolitana disponían entonces de un Plan de Urbanismo. Redactado y aprobado por el Gobierno en 1963, el plan daba al sector privado, al promotor-urbanizador, el papel de protagonista, y al Estado, a los ministerios, el de soporte y colaborador eficaz del beneficio privado.

Junto con el plan se creó un órgano central: la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana (Coplaco), que, suplantando la competencia municipal, debía velar por el cumplimiento del plan y asegurar la coordinación de las actuaciones de los distintos ministerios. La coordinación brilló por su ausencia, y los hechos se encargaron de alterar el propio plan.

El plan de 1963 perfilaba el tipo de ciudad que más favorecía a los intereses del capital privado. Densidades fortísimas, concentración industrial, congestión de las vías existentes, apoyo incondicional al tráfico privado, fueron algunos de sus rasgos característicos, y lo fueron aún más de la ciudad que desde él se permitió. Sin embargo, al sector privado el plan se le hizo poco y desfasado. En apenas diez años estaba reclamado, como urgente, su revisión. Hasta entonces le había bastado con conseguir que Coplaco y los ayuntamientos, fuertemente condicionados en sus lealtades, adoptasen una postura permisiva y tolerante X les permitiese actuar cambiando o ignorando el plan.

El Gobierno dictó el primero de lo que sería una larga serie de decreto ordenándose a sí mismo, a través de Coplaco, la revisión del plan. Y el plan no se revisó, aunque se mantuvo la permisividad.

Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, la revisión, del plan adquiere nuevos caracteres de urgencia para el sector privado. Empezaban a soplar vientos nuevos a nivel local, pero aún se mantenía Coplaco, que, aunque no había conseguido hacer su plan, retenía, anacrónicamente, la competencia formal para hacerlo. Para muchos, la revisión del plan desde Coplaco podía suponer el mantener la política urbanística anterior o, al menos, consolidar situaciones de privilegio otorgadas por el plan de 1963. Y podía suponer un freno o un contrapeso al tipo de política urbana que cabía esperar de los nuevos ayuntamientos.

Pero esa estrategia, conseguir que fuese Coplaco quien revisase el plan general, no funcionó, ni por razones técnicas ni por razones políticas. El Area Metropolitana es mucho más compleja hoy que a inicios de los años sesenta. Y lo que se le exige al urbanismo como respuesta a problemas ya planteados y a reivindicaciones activas de la población es también mucho más. Se habían volcado cientos de millones de pesetas en estudiar lo estudiable sobre el Area Metropolitana. Pero Coplaco se mostró incapaz de pasar del conocimiento a las propuestas de ordenación. No se puede abordar el Area Metropolitana desde un único organismo central y aislado de la realidad. Hacía falta una política urbana y Coplaco ni la tenía ni estaba segura de que lo que pudiese salir de sus propios cuadros técnicos conviniese a los intereses a los que favorecía la continua permisividad.

Urbanismo por y desde los municipios

Políticamente, los nuevos ayuntamientos no podían permitir que fuese Coplaco quien revisase el plan. La revisión se convirtió también en un objetivo urgente para ellos, pero por razones muy distintas. El plan de 1963 había demostrado ser un gravísimo obstáculo para una gestión municipal progresista, en defensa de los intereses de los ciudadanos. El capital inmobiliario y la gran propiedad del suelo se aferraban al plan de 1963, esgrimiéndolo en defensa de unos pretendidos derechos que sólo podían cambiarse si se cambiaba el plan

El conflicto básico estaba planteado en términos sumamente claros. Dejar el urbanismo madrileño en manos de Coplaco significaba retrasos seguros y el riesgo evidente de un urbanismo al servicio de los intereses de siempre. Por el contrario, reivindicar y conseguir un ur banismo por y desde los ayuntamientos significaba poder enfren tarse a esos intereses y orientar la ciudad y su gestión directamente hacia el bienestar de la población residente.

Pero no sólo se trataba de un terna de competencias, de hacer el plan desde otro sitio. Se trataba de hacer otro tipo de plan: un plan redactado «de abajo hacia arriba», en el que las soluciones metropolitanas surgiesen por la compatibilización solidaria de las propuestas concretas de cada ayuntamiento; un plan redactado desde el examen y solución de problemas existentes, haciendo que el crecimiento y las actuaciones futuras no los agraven y contribuyan a resolverlos; un plan de verdades que no sea un marco de sueños y buenas intenciones, sino que sirva de soporte para una gestión realista.

Planteado el conflicto inicialmente con la torna de postura del Ayuntamiento de Madrid, los municipios del Area Metropolitana y algunos otros se agruparon en el Consejo de Municipios, y se realizó desde él y desde los partidos políticos de izquierda una fuerte negociación para el rescate de competencias y autonomía urbanística municipal.

La confrontación condujo a la reciente publicación por el Gobierno de un real decreto-ley en línea con lo reivindicado por los ayuntamientos, pero que obligaba a la vez a que se llegase a un acuerdo entre las Administraciones central y local sobre las directrices que debían guiar la revisión del plan.

El carácter «previo» y «vinculante» de las directrices llevó a algunos a querer convertirlas en el último baluarte del planteamiento convencional. Hubiera bastado para ello entenderlas como un borrador del planteamiento futuro o, en términos más técnicos, como un plan director, venído a menos por razones de premura. Según esta postura, les quedaría a los ayuntamientos la labor de ampliar y «pasar a limpio» las directrices.

Pero para los ayuntamientos las directrices debían ser otra cosa. Debían asegurar que los planes y, lo que es más importante, su puesta en práctica respondiesen a una política urbana, la suya, y siguiesen los criterios y objetivos fijados por ellos a través del Consejo de Municipios. Dadas las competencias de la Administración central, y por el hecho de pertenecer a una misIma realidad metropolitana, las directrices debían tener el carácter de «convenio» o «garantías» mutuamente vinculantes para las Administraciones central y local. Debían establecer:

- El procedimiento de compatibilización que asegure que los planes de cada municipio tienen en cuenta y resuelven los conflictos y problemas intermunicipales que puedan surgir por compartir la misma Area Metropolitana.

- Compromisos vinculantes para la Administración central en relación al tipo, volumen y, sobre todo, estílo de decisión, con participación municipal, de sus futuras inversiones.

- Compromisos sobre la forma de gestión del plan o de los distintos planes municipales una vez redactados.

Una oportunidad para Madrid

Con ese enfoque, los ayuntamientos han dado su prímer gran paso hacíendo pública su política urbana y su forma de entender la revisión del plan y las directrices. Han establecido su postura frente al futuro. Y, con ello, han abiertó una gran oportunidad de reconducír el urbanismo madrileño y lograr una ciudad mejor que ofrezca un cuadro de vida digno

El juego está ahora en el terreno de la Administración central, de Coplaco. La oportunidad que ahora tiene Madrid depende de cómo asurnan su responsabilidad y del talante con que lo hagan. Esa gran oportunidad podrá prosperar si aportan el indudable conjunto de conocimiento e información que han acumulado, si entienden claramente el papel que sus inversiones pueden jugar en hacer verdad o boicotear los nuevos planteamientos urbanísticos, si modifican su estilo aislado y distante y utilizan la vía de los convenios y si, en definitiva, consiguen la coordinación, que hasta ahora ha faltado, entre sí y con los ayuntamientos. Es aquí donde Coplaco puede aúnjugar un papel clave: convertirse realmente en interlocutor válido que exprese, dirija y coordine la actuación de la Administración central, desarrollando un papel que en teoría le corresponde y en la práctica ha estado inédito.

Francisco Fernández Longoria Javier García Bellido, Eduardo Leira, José Ruiz de Elvira y Bernardo Yncenga son urbanistas asesores del Consejo de Municipios del Area Metropolitana de Madrid.