La policía niega que los hermanos Perret tengan relación con el atentado contra el bar Hendayais

Las investigaciones llevadas a cabo por Fernández Dopico le llevan a afirmar que los hermanos Perret no forman parte del comando detenido en la frontera francesa el pasado 23 de noviembre, momentos después del atentado contra el bar Hendayais, y puesto en libertad horas más tarde en Irún. Concluye, asimismo, que la Comisaría General de Información no tiene capacidad para financiar extraoficialmente a los comandos anti ETA; que es irrelevante la pertenencia de los informadores o confidentes de la policía a la OAS (organización terrorista de apoyo a una Argelia francesa) o a cualquier otra organización, y que no se tiene constancia de que se hayan practicado registros en domicilios de supuestos miembros de estos comandos y que, habiéndose encontrado armas, por órdenes superiores se evitara la posibilidad de emprender una acción judicial contra los responsables.La supuesta participación de los hermanos Gilbert y Clement Perret en el incidente fronterizo antes mencionado es desmentida en el informe Fernández Dopico, en base a las declaraciones de los propios hermanos y como resultado de las diligencias de reconocimiento practicadas entre los funcionarios que se encontraban de servicio el día 23 de noviembre en el puente de Hendaya y en la comisaría de Irún, adonde fueron trasladados los protagonistas del incidente y en donde fueron puestos en libertad, al parecer, por orden de Manuel Ballesteros.

Los hermanos Gilbert y Clement Perret prestaron declaración voluntaria, según dice el informe, el pasado día 30 de enero, después de que el día anterior solicitaran protección en la comisaría de Castellón de la Plana, por miedo a sufrir un atentado de ETA. Gilbert declara que pide protección porque tiene constancia de -haber sido seguido por elementos de esta organización terrorista y sospecha que ello es debido a que su teléfono obrara en poder de un tal Szonek, condenado por un tribunal francés como responsable de la muerte en atentado de un militante de ETA Militar.

En el informe se admite como posible que el teléfono de Gilbert Perret figurara en la agenda de Szonek como cliente ocasional de la pastelería que la esposa de Gilbert regenta en Benicasim, cuya popularidad, así como la bondad de sus tartas, glosa el informe.

Los Perret niegan haber participado en el incidente fronterizo del día 23 de noviembre, por encontrarse ese día en Castellón. Ese día se celebra la festividad de san Clemente, por lo que celebraron, dicen, en una reunión familiar, el santo del menor de los hermanos. Como prueba de que ese día se encontraban en esa ciudad Gilbert alega que, después de comer, salió con su mujer y sus hijos a la feria, y allí se encontró con el policía que tramita en la comisaría de Castellón la documentación de los extranjeros.

Por lo que respecta a las diligencias de reconocimiento practicadas entre los funcionarios de servicio en el puente de Hendaya y en la comisaría de Irún, fueron efectuadas sobre dos fotografías en las que no constaba nombre alguno y sólo un número. Los cuatro policías de servicio en el puente y los cuatro que practicaron las diligencias oportunas en la comisaría de Irún coinciden en «negar rotundamente» que las fotografías que se les exhiben pertenezcan a ninguno de los tres detenidos aquel día, después de que en el atentado contra el bar Hendayais murieran dos personas y otras varias resultaran heridas. Previamente, a la pregunta de si podrían reconocer a los detenidos, los ocho afirmaban, por unanimidad, que «posiblemente sí».

Los guardias civiles de servicio en el puente dicen no poder reconocerles porque los ocupantes del vehículo interceptado salieron con las manos en la nuca y la cabeza agachada y a varios metros del lugar donde se hallaban. El cabo, por el contrario, sí les vio de cerca y niega que las fotografías correspondan a ninguno de los tres detenidos aquel día.

Es preciso hacer notar que esta diligencia de reconocimiento carece de sentido, toda vez que la identidad de los ocupantes del vehículo que provocó el incidente fronterizo es conocida por la policía, dado que fueron detenidos, esposados y puestos en libertad por orden superior. Sin embargo, este dato no consta en el informe. Por otra parte, desde el punto de vista procedimental, la prueba de la identificación por fotografía es de una validez relativa, por no existir constancia judicial de que las fotografías exhibidas correspondan realmente a los hermanos Perret.

Entre las circunstancias, que el informe califica de «indubitadas», figuran además de la no participación de los Perret en el incidente fronterizo, la constatación de Jacques Debessa no puede ser, como han señalado algunos medios informativos, el tercer hombre del comando, ya que, desde el 6 de septiembre de 1980, se encuentra en prisión por falsificación de moneda. Es otra «circunstancia indubitada» la falta de constancia de que los Perret hayan pertenecido a la OAS. Según el informe, son poco más de una veintena los ex miembros de la OAS que viven en la costa de Castellón y Alicante y se encuentran desde siempre bajo control.

No obstante, se afirma que los integrantes de las «redes informativas», tanto en territorio nacional como extranjero, se seleccionan con independencia de su nacionalidad o de su pertenencia a la OAS o a cualquier otra organización, dato que, según el informe, «puede ser desconocido por la policía». Es la disposición y las posibilidades de cada colaborador lo que se tiene en cuenta a la hora de su selección.

Confidentes: secreto profesional

Respecto a la posibilidad de que la Comisaría General de Información emplee fondos «incontrolados» para subvencionar atentados dirigidos contra supuestos miembros de ETA residentes en el sur de Francia, se afirma que ello no es posible ya que la citada comisaría no dispone de recursos económicos propios, por lo que cualquier cantidad destinada a «colaboradores» ha de contar con la autorización previa del director de Seguridad del Estado y con cargo a la aplicación 251/144 de los Presupuestos Generales del Estado. «No existen, por tanto, fondos incontrolados», se afirma.Se reconoce que la policía aprovecha la información que pueden prestarle los confidentes, cuya utilización es generalizada por parte de todas las policías. Por razones de secreto profesional y de eficacia policial, la identidad de los confidentes debe ser guardada con absoluta reserva. «La confidencia, además de deber de ciudadanía, se convierte en función policial cuando se realiza por personas al servicio de las autoridades», según el informe. Estos colaboradores realizan misiones puramente informativas programadas al nivel adecuado y son controlados por distintos procedimientos. El derecho al secreto no obliga, sin embargo, a ocultar la identidad de un informador que se ve implicado en la comisión de delitos, aun cuando fueran consecuencia de su misión de informador.

Manuel Ballesteros, jefe de la Comisaría General de Información en el momento de la elaboración del informe, reconoce que es verdad que existen comandos en Francia, que alguien les debe pagar, que posiblemente algunos integrantes de los mismos hayan sido miembros de la OAS y que, «efectivamente, hubo un atentado contra un bar en Hendaya, Argala fue asesinado en Anglet y alguien atentó contra Antonio Cubillo». Niega, sin embargo, que exista relación alguna entre las redes informativas de su comisada y esos supuestos comandos.

Respecto a los registros en busca de armas, el informe se limita a señalar que no hay constancia de que se hayan practicado. Ante algunas informaciones publicadas que indicaban una presunta relación entre los hermanos Perret y el policía Antonio Fernández Pacheco, conocido por Billy el Niño, Fernández Dopico afirma que, a la vista de su expediente profesional, se trata de un policía de excepción, caballero de la Orden al Mérito Policial en todas sus categorías.

Se le considera a Fernández Pacheco artífice principal del éxito en numerosos servicios y se estima que si fuera verdad que controla una red de informadores demostraría con ello su eficacia en la colaboración con la justicia, la sociedad y el Estado. Concluye el informe señalando que no hay evidencia que permita cambiar de criterio respecto a Fernández Pacheco, y que, «si la hubiera, no se recogería en este informe».