Rosón hace balance de la aplicación de la ley Antiterrorista

02 abr 1981 - 00:00CEST

El ministro del Interior, Juan Jose Rosón, compareció ayer ante la Comisión de Interior del Congreso para informar sobre la aplicación, de la ley Antiterrorista durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1980 y el 24 de marzo del presente año. Rosón destacó que el balance es positivo porque esta ley ha permitido una actuación policial más eficaz.Para justificar esta valoración, el ministro destacó que durante el período indicado se practicaron en base a esta ley 593 detenciones, frente a las 270 que se efectuaron en el mismo plazo del año anterior. Igualmente resaltó que en los primeros meses de 1980 fallecieron 32 personas en atentados terroristas, frente a dieciséis en idénticas fechas de este año.

Registros y escuchas

Rosón afirmó que entre diciembre del pasado año y el 24 de marzo último se efectuaron 109 registros domiciliarios, de los cuales sesenta dieron resultado positivo. Fueron realizadas 373 observaciones telefónicas y diez observaciones postales.De las 593 detenciones indicadas anteriormente, 296 personas fueron acusadas de vinculación a ETA (212 a ETA Militar, 53 a ETApm y 31 a comandos autónomos), 111 por implicaciones en actividades de la extrema derecha, y quince, por supuesta pertenencia a los GRAPO.

El ministro enumeró también diverso material intervenido en las operaciones policiales practicadas en el último cuatrimestre al amparo de la ley Antiterrorista. Fueron incautadas 129 armas, de las cuales catorce son metralletas, seis fusiles, 34 pistolas, veintidós escopetas, veintisiete granadas de mano, veintiséis revólveres y 509 kilos de Goma 2.

Posteriormente, Juan José Rosón respondió a diversas preguntas que le formularon los diputados sobre actuaciones vinculadas con su departamento. Manifestó en primer lugar que los funcionarios de las fuerzas de seguridad pueden llevar armas permanentemente, porque permanente es su servicio, recordó que la autoridad judicial interviene cuando se dan casos de uso abusivo de armas y especificó las actuaciones gubernativas emprendidas contra quienes transgredieron la ley durante la última concentración celebrada en la plaza de Oriente en recuerdo de Franco.

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