La última oportunidad

LEOPOLDO CALVO Sotelo, cinco semanas después de su investidura como presidente del Gobierno y del fracaso del golpe de Estado, se ha entrevistado con Felipe González para sentar las posibles bases de una eventual política de concertación. Rechazada la oferta del PSOE de un Gobierno de coalición, se dibuja así la perspectiva de unos nuevos pactos de la Moncloa que, aunque con distinto nombre, desempeñarían una función similar: establecer un acuerdo de paz política entre el Gobierno y la oposición, negociar un grupo de leyes y de pactos económicos y sociales y realizar una distribución de trabajo según la cual el Gabinete monocolor se reservaría en exclusiva el poder ejecutivo y la Administración central y la oposición se limitaría a contemplar desde el Parlamento -y ahora desde la Administración local y algunos Gobiernos autónomos- la forma en que UCD cumple o incumple, parcial o totalmente, los compromisos firmados. Sin ánimo de desencadenar una guerra de palabras, la verdad es que la concertación no es sino un sinónimo o una variante del consenso devaluada por el desánimo que cunde en las filas de la oposición y por la arrogancia que se percibe en algunos sectores del centrismo. En cualquier caso, parece evidente que el PSOE es convocado a participar como socio industrial y minoritario en una empresa cuyo control, gestión, manejo y beneficios retiene en exclusiva el Gobierno monocolor de UCD.Por lo demás, las cinco semanas transcurridas desde la investidura de Calvo Sotelo han presenciado una febril actividad del poder ejecutivo a la hora de marcar las directrices -algunas difícilmente reversibles- en cuestiones tan importantes como la llamada armonización de las autonomías, la reglamentación coercitiva del uso oficial de algunos términos jurídico-políticos -nación, nacional, nacionalidad- irremediablemente ambiguos, la entrada de unidades de las Fuerzas Armadas en el País Vasco para colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional en tareas de orden público, el endurecimiento de las penas y la ampliación de las responsabilidades criminales en delitos de rebelión militar y terrorismo, la cancelación de la publicidad de las listas de contribuyentes y -last but not least- el drástico descenso de los techos de libertad de expresión. No deja, así pues, de ser sorprendente que el líder de la oposición sea invitado a la fiesta de la concertación casi al humo de las velas y cuando han sido ya adoptadas decisiones de notable importancia en campos igualmente importantes. Las admoniciones que los padres autoritarios dirigen a sus hijos inapetentes cuando llega a la mesa una fuente de lentejas -«si quieres, las comes, y si no, las dejas»- no deberían, en cualquier caso, servir de pauta al presidente del Gobierno para sus tratos con la oposición. En un sisterna pluralista, la existencia de una alternativa política es un bien que todos debieran cuidar. Y en estos momentos se corre el serio riesgo de que el PSOE deje de desempeñar tal papel para convertirse en un apéndice del Gobierno, condenado a compartir todos los males de la impopularidad de los programas legislativos y de la gestión pública, pero sin poder participar en las responsabilidades del Estado.

De las informaciones disponibles se desprende que el primer tema de concertación será el encauza miento de las autonomías y que sólo después les llegaría el turno al terrorismo y a la política económica, esta última concretada en la lucha contra el paro, la cobertura del seguro de desempleo, la moderación salarial, las inversiones del sector público y la reconversión de los sectores en crisis. En lo que a las cuestiones autonómicas se refiere, parece evidente que esta puede ser la última oportunidad que UCD y PSOE tienen de enmendar sus errores del pasado y de plantear en sus correctos términos, sin buscar ventajismos electorales y sin azuzar agravios comparativos, los problemas y las soluciones de un conflicto gangrenado por las ambiciones y las irresponsabilidades de unos y otros.

Al salir de su entrevista con Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González se ha referido a la búsqueda de un método para resolver eI embrollo autonómico y a la conveniencia de formar una comisión de expertos que dictamine sobre la enfermedad y sus remedios. No creemos, sinceramente, que las cuestiones de procedimiento o las aportaciones de la técnica jurídica encierren las claves del problema. Es cierto que el menosprecio de los políticos hacia los expertos, o el intento de aquéllos de hacerse pasar por éstos, tiene la culpa de que buena parte de las normas fundamentales de nuestro sistema democrático sean deficientes técnicamente y lamentables estilísticamente. No en vano la Constitución fue el fruto de las negociaciones entre un ingeniero agrónomo y un director de teatro aficionado. Pero sería un error simétrico encomendar ahora a los expertos, como si la cosa pública fuera equiparable a la física nuclear, la tarea de decidir el contenido político de unas soluciones en vez de pedirles simplemente su opinión sobre la forma jurídica más correcta de instrumentarlas.

La distinción en el artículo 2º de la Constitución entre las nacionalidades y las regiones no fue una decisión caprichosa, sino que expresó las diferencias históricas, lingüísticas y culturales entre Cataluña, el País Vasco y Galicia y el resto del país. La nefasta teoría de la tabla de los quesos de Manuel Clavero, primero, y la no menos nefasta consigna de café para todos de Pérez-Llorca y Martín Villa, después, contribuyeron decisivamente al desbordamiento de los agravios comparativos y a la eventual utilización de las autonomías, maliciosa o estúpidamente presentadas como el bálsamo de Fierabrás para el subdesarrollo, como material explosivo para la rebusca de votos. El PSOE, por su parte, ha oscilado, a veces casi frenéticamente, entre el cultivo oportunista de los sentimientos nacionalistas y la no menos oportunista manipulación de las emociones antinacioríalistas, con el resultado de que, tanto en el País Vasco como en Cataluña, los socialistas han entrado en barrena. Tampoco el comportamiento del PSOE en Andalucía y en Galicia puede enorgullecer a sus dirigentes, pues es evidente que, tanto en un caso como en otro, fueron motivos electoralistas y deseos de poner a UCD contra la pared los móviles de buena parte de sus planteamientos.

En nuestra opinión, la idea de diecisiete autonomías con idénticas competencias, instituciones y poderes es el mal sueño de un arbitrista o de un administrativista con aficiones políticas. ¿De verdad alguien cree que las regiones españolas sin reivindicaciones culturales y lingüísticas que satisfacer y sin problemas de identidad histórica que resolver necesitan Parlamento, Gobierno y Tribunal Supremo? ¿De verdad se puede sostener que la policía autónoma del País Vasco debe repetirse clónicamente en el resto de las comunidades? Rodolfo Martín Villa dice a todo el que le quiera oír que el desarrollo del Estado de las autonomías debe marchar en paralelo con una vigorización de las diputaciones provinciales. ¿Qué ocurrirá, entonces, en las comunidades autónomas uniprovinciales, como Asturias, Santander, Logroño o Murcia? ¿No será esa extensión y homogeneización de las diecisiete autonomías una forma de llevar hasta el absurdo el título VIII, de recortar los estatutos de Sau y de Guernica y de regresar a una nueva forma de centralismo?

El primer paso para afrontar el delicado tema de las autonomías es que centristas y socialistas se digan y nos digan la verdad de lo que piensan sobre el tema, aunque en ese discurso del método tengan que reconocer sus pasados errores, ventajismos y triquiñuelas, incluidos los apoyos de UCD al pintoresco Alejandro Rojas Marcos y el rompimiento de la palabra dada por los socialistas en torno a la autonomía gallega y andaluza. Y el segundo paso no puede ser otro que el de incorporar, desde el principio, a las negociaciones a esos partidos interclasistas que, tanto en Cataluña como en el País Vasco, no sólo poseen una identidad singular, alejada de la bipolarización UCD-PSOE en otras regiones, sino que, además, se hallan al frente de los Gobiernos de las dos únicas comunidades autónomas que, hasta el momento, existen en España.