El Gobierno se desentiende de sus compromisos en el "caso Promocisa"

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Luis Ortiz García -que ha heredado de su predecesor en el cargo, Jesús Sancho Rof, los problemas planteados por la grave crisis de la inmobiliaria Promocisa, tras dejar sin vivienda a 3.000 familias madrileñas-, se ha desentendido del tema, según manifestó él mismo ayer, al término del Consejo de Ministros, al consejo de afectados.El abogado de los perjudicados por la presunta estafa de Promocisa, Manuel Matamoros, declaró ayer a este periódico que el ministro «se desentendió de los compromisos anteriores adquiridos por su antecesor y anunció su petición a la Abogacía del Estado de un dictamen para ver si hay motivo de querella en la carta que los afectados sin vivienda le dirigieron el pasado 14 de abril pidiéndole medidas urgentes y señalando posibles acciones reivindicativas».

El ministro manifestó, según el citado abogado, que «no podía aceptar los términos de la carta, porque atentaba contra su dignidad, por ser ministro de la nación, y que pediría responsabilidades por ello». Al mismo tiempo, según ha sabido EL PAÍS, el ex ministro de Obras Públicas y Urbanismo y actual ministro de Trabajo, Jesús Sancho Rof, a quien se le atribuyen los compromisos verbales que la Administración no ha cumplido por desidia y debilidad, ha sido encargado por el Gobierno de preparar un informe en el que explique los términos de tales compromisos o los desmienta, en su caso.

El consejo de afectados trató por todos los medios, según su abogado, de obtener alguna respuesta o gesto esperanzador del Gobierno antes de la celebración de la asamblea de sus representados -unas 3.000 familias, que habiendo pagado el piso en los parques de Cataluña, Estoril o La Coruña, de Madrid, han sido presuntamente estafadas desde hace cinco años-, y que tendrá lugar mañana, domingo, a las diez de la mañana en el madrileño cine Bulevar, con el fin de calmar la desesperación en la que se encuentran estas familias. En estos momentos, tras la respuesta negativa del Gobierno, parece no haber otra salida al problema que la que decidan los dos grandes bancos afectados (Banesto y Central), cuyo prestigio podría verse dañado innecesariamente por este escándalo y por la interpelación que los socialistas tienen preparada sobre este tema.

Según el abogado de los afectados, la asamblea podría exigir mañana la presentación de las querellas criminales que sean precisas para aclarar el escándalo inmobiliario. Tales acciones podrían suponer la pérdida definitiva de su esperanza de recuperar la vivienda en muchos años.

Los afectados consultados por este periódico acusan al Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo de desidia, abandono y de debilidad.