Dirigentes de UCD, generosamente favorecidos por los créditos de la Caja Rural de Santander

Una inspección realizada por el Banco de España durante los meses de febrero y marzo en la Caja Rural de Santander podría alcanzar a dirigentes de UCD de Cantabria, directa y generosamente favorecidos en los últimos años por la política de créditos de la entidad, que atraviesa por una delicada situación económica.Según los expertos, sólo las influencias políticas de aquéllos justificarían deterininadas acciones de la Caja Rural en el campo de las inversiones inmobiliarias, y la concentración de riesgos que se desprende del listado de los créditos. Tras la inspección del Banco de España presentó su dimisión el presidente del consejo rector, Pedro Rivero Agüero. Antes habían cesado un subdirector, que se negó a firmar el balance de 1980, y un apoderado.

Ayer el diputado socialista Jaime Blanco entregaba a la Prensa un comunicado en el que daba cuenta de que había pedido al Gobierno que haga públicos los resultados de la auditoría del Banco de España, y conteste a la pregunta de si parlamentarios de UCD de Cantabria se han beneficiado, ellos, familiares y/o socios, de facilidades crediticias que rebasen el marco legal. En caso de respuesta afirmativa, el diputado del PSOE por Cantabria pregunta al Gobierno qué medidas piensa adoptar sobre este extremo.

Las pérdidas que viene acumulando la Caja Rural de Santander, que sumarían, según el comité de empresa, unos trescientos millones de pesetas, se han consolidado, e incluso agravado, desde 1977. Medios económicos cercanos a la entidad que manejan documentos irrefutables y en poder del Banco de España, achacan esa situación a la influencia política ejercida desde la Cámara Agraria, a cuya presidencia accedió el diputado centrista y líder agrario Justo de las Cuevas, hace unos cuatro años. Este y otros destacados dirigentes de la Cámara, además de un senador de UCD, algunos familiares directos, y socios de todos ellos en un negocio inmobiliario de la capital figuran en el listado de créditos de la entidad, algunos con intereses cero y con los plazos de amortización reiteradamente superados.

La cuenta de morosos, incobrables o en descubierto de la Caja Rural suma unos doscientos millones de pesetas, e incluye partidas definitivamente irrecuperables, según los documentos recogidos por la inspección del Banco de España. Esta pudo advertir que muchos de los créditos estaban avalados por los diferentes beneficiarios, lo que suponía una concentración de riesgos que en muchos casos se ha materializado. Otro dato destacado para la inspección es el de que el 80% de los consejeros de la Caja Rural tiene créditos, «y no precisamente por ser ganaderos», apunta un informe, con referencia expresa a un listado en el que aparecen nombres de industriales constructores de Santander capital. Se dice, también que, mientras que un ganadero normal puede acceder a un crédito si está avalado por dos personas, con condiciones de devolución reducida y unos intereses entre el 17% y el 17,5%, algunos de estos créditos, calificados como políticos, no cumplen esos requisitos.

La Caja Rural provincial es una cooperativa de crédito formada por 38 cooperativas del campo, que son sus personas jurídicas directas. Tiene 34 delegaciones y una oficina principal. Entre todas disponían a finales del año pasado de 3.800 millones de pesetas de recursos ajenos. El capital social de la Caja Rural es de 230 millones de pesetas, y tiene una plantilla de 148 personas.

De los 3.800 millones de pesetas de recursos ajenos obtenidos por la Caja Rural, ochocientos pertenecen a la oficina principal de Santander, y el resto (3.000) procede de las delegaciones en la región. En cambio, las inversiones crediticias de la oficina de la capital acaparan el 90% del total.

El Banco de España no entrega su auditoría

Pasados dos meses desde que el Banco de España terminó su inspección, aún no se sabe la fecha de su resolución, aunque algunas fuentes aseguran que la auditoría ha dado «resultados preocupantes». A esa auditoría se añade un informe con conclusiones y numerosas fotocopias de documentos-base, que ha sido entregado a diversas personalidades políticas y económicas.El lunes, después de que estos hechos trascendieran a la opinión pública, el consejo rector de la Caja Rural hizo público un comunicado en el que decía que se trataba «de una maniobra política y social en que se involucra a la Caja Rural, intentando relacionar hechos que separadamente no tienen ninguna conexión». El consejo justificaba la dimisión de su presidente por motivos de salud, aseguraba que la inspección del Banco de España era de rutina y que, en todo caso, «todavía no se ha dictado resolución alguna de la que se puedan deducir irregularidades». De la cuenta de morosos, el consejo afirmaba que se mantenía en límites normales de cobertura.