¿Muertos electorales?

LA REACCIÓN del Gobierno y los partidos ante el tema del envenenamiento masivo por aceites adulterados está mereciendo ya lógicos caracteres de atención permanente por parte de la opinión pública. La intoxicación ha causado, hasta el momento, 65 muertes registradas, y existen fundados temores respecto a la posibilidad de que las secuelas crónicas originen serias lesiones a los sobrevivientes de la enfermedad. El embeleco de la llamada neumonía atípica sirvió, entre otras cosas, para difuminar los devastadores efectos de la intoxicación en todo el organismo y para quitar importancia a los síntomas que mostraban que no sólo los pulmones habían sido afectados por el envenenamiento. Varios casos de encefalitis se han presentado ya, al parecer.Cualquier pretensión de dar carpetazo a este atentado contra la salud colectiva de todos los españoles, y en particular de las familias modestas que cocinan con aceites a granel baratos, no suprimiría el letal goteo de nuevos fallecimientos ni aliviaría la angustiosa incertidumbre de quienes se han salvado por los pelos de la muerte, pero ignoran las consecuencias futuras de su enfermedad.

Por todas esas razones, la nota del Comité Ejecutivo de UCD, la declaración del Gobierno y la conferencia de Prensa de los ministros de Sanidad y de Comercio, que -justo es decirlo- sólo han comparecido a empujones de la Prensa, constituyen uno de los episodios más incomprensibles en la crónica de la falta de sensibilidad.

Los miembros de la ejecutiva de UCD, tan dividida en otros asuntos, han formado una especie de férrea unión para absolver con todos los pronunciamientos favorables a Sancho Rof y para condenar «la explotación electoralista de las víctimas» por el PSOE, casi único aspecto, al parecer, que el alto órgano de¡ centrismo es capaz de percibir en las denuncias por la muerte por intoxicación de más de sesenta personas. Se diría que la profesión política obceca hasta tal punto a quienes la ejercen que les imposibilita para ver en los ciudadanos otra dimensión que no sea la de eventuales votantes, y para concebir la gestión de la cosa pública en otros términos que no sean su posesión y disfrute. En esa perspectiva, la tentativa de amalgamar las críticas de la Prensa y las protestas de los simples ciudadanos con una maniobra electoral socialista es la mejor prueba de que los políticos centristas se han encerrado entre las cuatro paredes de la lucha por el poder, y ya ni siquiera pueden oír lo que se dice, o se grita, en las calles.

La comparecencia en conferencia de Prensa de Sancho Rof y García Diez, flanqueados por el titular de Agricultura y el secretario de Estado para la Información, ha mostrado, por lo demás, que la resistencia de los ministros a dar la cara tenía la poderosa justificación de su intención de no contestar nada con precisión o coherencia a ninguna de las preguntas concretas que les pudieran dirigir los periodistas. Ahora resulta fácil entender la negativa del ministro de Sanidad a un debate público sobre el tema y su propósito de dejar para septiembre, y dentro del Congreso, ese examen.

La nota del Gobierno, leída textual y aburridamente por el ministro de Economía y Comercio, se limita fundamentalmente a repetir y resumir informaciones ya conocidas y a atribuirse como mérito político el éxito conseguido por la investigación del equipo del doctor Tabuenca. Las únicas novedades son los elogios, que el Gobierno se dirige a sí mismo («las actuaciones llevadas a cabo por los diferentes departamentos ministeriales han puesto de relieve la eficacia y diligencia, con los que se han desarrollado las mismas»), el anuncio de la publicación de un Libro blanco sobre la intoxicación de aceites, y la creación de una comisión interministerial para que presente, antes del 10 de octubre, un informe sobre control alimentario, ocasión esta que permite, de paso, nuevas oportunidades de colocación política y de creación de cargos. Realmente, si las muertes, los miles de enfermos-y las incertidumbres sobre las secuelas crónicas de la intoxicación no dieran suficientes razones para la indignación y el llanto, la reacción del Gobierno y de su partido ante las consecuencias de la comercialización ilegal de aceites adulterados ofrecería a los ciudadanos no pocos motivos para la risa.