El Gobierno y el PSOE endurecen sus respectivas posiciones en la "cumbre" autonómica
El Gobierno y el PSOE endurecen sus posiciones a medida que se acerca la fecha límite del 31 de julio, en la que está previsto que concluyan las negociaciones autonómicas. Al término de la reunión de ayer, a la que no asistieron los representantes comunistas -en parte, por la celebración de su X Congreso, y en parte, por cansancio de ser convidados de piedra-, María Izquierdo y Alfonso Guerra afirmaron rotundamente que su partido no firma los pactos como no se resuelva previamente la cuestión electoral de las diputaciones. Una fuente gubernamental manifestó a este periódico que en ese caso ya se puede dar por seguro que no habrá pactos.
Es inevitable poner las declaraciones rotundas de unos y otros en relación con el hecho de que sólo faltan tres días para que se cumpla el plazo marcado por los socialistas y, lógicamente, tanto el Gobierno como el PSOE juegan con cara de póquer.Sin embargo, María Izquierdo declaró y repitió, empeñando su credibilidad y la de su partido, puesto que el Comité Ejecutivo del PSOE adoptó ayer este acuerdo, que el PSOE no firmará los acuerdos y dará por zanjada la cuestión el día 31 si el Gobierno no accede a modificar el sistema electoral de las diputaciones en el sentido de aceptar la proporcionalidad. Alfonso Guerra, que, una vez finalizado el encuentro de ayer, mantuvo una larga conversación con Martín Villa, a pesar de que éste tenía urgencia en acudir a la importante reunión del Comité Ejecutivo de UCD, manifestó asimismo que, tal y como estaban las cosas, había que ir haciéndose a la idea de que probablemente no hay pactos.
María Izquierdo explicó que el comité federal del PSOE estimaba que no tenía ningún sentido firmar acuerdos parciales. «Para eso no hacía falta abrir una negociación». La responsable socialista de política autonómica calificó de «factor distorsionante» del proceso negociador el intento de UCD de colocar en el lote autonómico la modificación del sistema electoral de los ayuntamientos. «Los ayuntamientos no pintan nada en este paquete, y las diputaciones si están es porque hemos convenido que sean los órganos periféricos de las comunidades autónomas. Precisamente por esta razón exigimos su democratización».
Es indicativo de lo mal que marchan las negociaciones en esta fase final el hecho de que el siempre cauto y, en ocasiones, profesoral secretario de Estado para las Comunidades Autónomas, Manuel Broseta, arremetiera contra la actitud del PSOE, que, según él, es nueva y sorprendente. «Si no se firman los pactos», afirmó, «habrá que explicarle al pueblo español de quién es la culpa».
Broseta afirma que el Gobierno y UCD están a firmar los acuerdos logrados, que son muchos, dejando fuera todo el paquete referido a diputaciones.
El Gobierno, según Broseta, se compromete a modificar el sistema electoral de las diputaciones, pero más adelante, por entender que se trata de un tema especialmente complicado. «El sistema electoral es una pieza clave de toda democracia, y no se puede improvisar», afirmó. Dijo también que exigen el cambio del sistema electoral de los ayuntamientos para impedir que, como sucedió en las pasadas elecciones locales, los concejales de UCD, incluso siendo la lista más votada, fueran arrinconados por la coalición poselectoral PSOE-PCE. No explicó Broseta, sin embargo, cuál es el nexo que este tema tiene con las negociaciones en curso.
Los negociadores volverán hoy a los temas económicos, en un esfuerzo por cuantificar el fondo de compensación interterritorial, otro importante tema pendiente. Los socialistas se quejan de la falta de interlocutor válido en el tema, pues los ministros más implicados, Martín Villa y García Añoveros, responsables de Administración Territorial y Hacienda, respectivamente, se ven arrinconados en determinados momentos por García Diez, ministro de Comercio.
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