El Gobierno vasco considera que los pactos autonómicos no tienen ninguna fuerza política

El Gobierno vasco elaboró ayer tarde, en San Sebastián, un documento por el que se descalifica la aplicación de los pactos autonómicos suscritos recientemente por UCD y PSOE. Dicho escrito constituye la base argumentación que el partido mayoritario del País Vasco pretende iniciar las negociaciones con el Gobierno central.

El documento recoge pormenorizadamente aquellos aspectos de los pactos autonómicos y del proyecto de ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que el Ejecutivo vasco considera susceptible de rechazo. En sus primeros apartados, el documento critica duramente la marginación de que han sido objeto a su juicio tanto el Gobierno como los partidos mayoritarios vascos a lo largo de las negociaciones, haciendo especial hincapié en el carácter minoritario que UCD y PSOE poseen.«Ambos partidos», se señala, «suponen únicamente un 25% de los escaños del Parlamento vasco, mientras que los partidos de ámbito exclusivamente vasco representan el 70% de la Cámara». A la vista de lo que se considera «posición absolutamente minoritaria de los suscribientes del pacto», el Gobierno vasco declara que tal acuerdo no tiene ninguna fuerza política.

El escrito atribuye a los partidos firmantes de los pactos la intención de modificar el Estatuto y, como prueba, recoge el apartado del borrador del proyecto de ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) del que se afirma que dicha ley «afecta a aspectos relacionados con el contenido de los estatutos de las comunidades autónomas y con el ejercicio de sus competencias».

A juicio del Gobierno vasco resulta igualmente reveladora la negativa del Gobierno central de hacer constar explícitamente que la aplicación de tales acuerdos no podría alcanzar a los estatutos vigentes.

Entrando ya en el terreno concreto de los acuerdos, el Gobierno vasco denuncia especialmente los peligros que según su criterio podrían derivarse de la constitución de comisiones sectoriales estatales para estudiar las transferencias, hecho este que a su juicio contraviene el Estatuto, que, por su parte, prevé únicamente una comisión mixta (Gobierno central-Gobierno vasco). «Esta comisión mixta», se añade, «no debe verse mediatizada en su negociación a planteamientos generalizados a comunidades cuya problemática autonómica es diferente a la vasca».

Los acuerdos alcanzados en materia económica constituyen el blanco principal de las críticas de los consejeros vascos, quienes sostienen que su eventual aplicación tendría consecuencias rarísimas para el desarrollo del concierto económico y pondría en entredicho la realidad misma de la autonomía. Más en concreto, se señala que los acuerdos de los temas económicos impedirían a la comunidad autónoma reservar sus propios recursos para satisfacer las subvenciones a las ikastolas o para financiar la construcción de nuevas escuelas o carreteras. «Ni siquiera», se afirma, «la comunidad vasca podría decidir sobre la oportunidad de conceder una subvención de un nuevo centro escolar o una nueva carretera, ya que tales decisiones, en el mejor de los casos, vendrían determinadas por la Administración central del Estado».

Para el Gobierno vasco este es un pacto que vulnera el Estatuto y el concierto económico, y que, en algunas competencias, llega incluso a vulnerar «un derecho histórico que el propio régimen franquista», se dice, «respetó siempre al territorio de Alava».

El Ejecutivo vasco reprocha además que se haya ignorado en lo que se refiere a la negociación de cupo el procedimiento ya concertado en la comisión paritaria Gobierno central-Gobierno vasco; que la renta para la determinación provisional de los cupos contributivos vaya a ser efectuada en base a los datos económicos del último año sobre el que existe información precisa, «cuando es notorio que en los últimos años el nivel de renta ha descendido sensiblemente en el País Vasco», y que para la fijación de los cupos se tome como referencia el producto interior bruto, «lo que perjudica ostensiblemente al País Vasco aparte de ser técnicamente inadecuado...».

El escrito, por otra parte, califica de ridículo el porcentaje del 5 % con que se intenta ponderar la variable de la tasa de paro existente, y señala que la pretensión de que los conciertos supongan una especificidad únicamente en el orden fiscal, pero no en otras materias económicas, choca frontalmente con la exposición adicional tercera del concierto económico. «Los llamados acuerdos económicos financieros», afirman los consejeros vascos, «contradicen abiertamente el concierto de Hacienda autónoma establecida en el artículo 40 del Estatuto».

La LOAPA, antiestatutaria y anticonstitucional

Para el Gobierno vasco, la LOAPA no es una ley orgánica, ya que, a su juicio, el concepto de ley orgánica es de interpretación restrictiva, y tampoco puede considerarse de armonización, porque los estatutos de autonomía no son disposiciones de las comunidades autónomas, sino leyes de Estado. «Este proyecto de ley», añade el Gobierno vasco, «es, pues, antiestatutario y anticonstitucional, y el recurso a la idea de ley orgánica o ley de armonización encubre un verdadero fraude a la ley».Entre los problemas básicos que la ley plantea, según el Gobierno vasco, se sitúan los siguientes convierte en comparudas competencias exclusivas, reduce las competencias legislativas del Parlamento vasco, al interpretar unilateralmente los conceptos de bases normas básicas o legislación; ignora las competencias de la comunidad autónoma en materia de cuerpos de funcionarios, el papel de las comisiones mixtas de transferencias al convertirlas en órgano que intentan formalizar acuerdos de las comisiones sectoriales a nivel estatal.