El Gobierno francés consolida el monopolio de la radio y televisión

La opinión francesa, incluso la más favorable al poder mitterrandista, se manifiesta decepcionada ante la decisión del Gobierno de negarles la publicidad a las radios libres. Las nuevas autoridades galas, con esta medida, parecen decididas a consolidar el monopolio estatal de la radio y de la televisión que, desde el pasado día 10 de mayo, pasó de las manos del giscardismo a las de los socialistas.

El diario progresista Libération, uno de los que aplaudió con más convicción la llegada al poder del presidente François Mitterrand, escribió ayer sobre el final de «una de las grandes farsas del nuevo régimen». Se refería a «la invención de una nueva libertad» y al «nuevo derecho a la información», lemas empleados por el mitterrandismo para significar su deseo de ampliar la libertad de expresión en Francia.Al igual que el citado periódico, todos los partidarios de la legalización de las radios libres en Francia han fruncido el ceño. Ayer, el ministro de la Comunicación, Georges Fillioud, anunció la decisión última del Gobierno: las radios libres no podrán aceptar publicidad algunas.

El proyecto de ley elaborado por el Gabinete del primer ministro. Pierre Maurov, que será sometido a la aprobación de la Asamblea próximamente, ha eludido la cuestión de manera expresa. Las dudas sobre esa cuestión han caracterizado las manifestaciones de los responsables oficiales desde que, en mayo último, con la victoria de Mitterrand, se clarificó el horizonte del mundo con la libertad de las ondas.

Según la declaración de Fillioud, el propio presidente ha dicho la última palabra: «No habrá publicidad », y el Gobierno defenderá esa postura en el hemiciclo.

Se cree en Francia que el Gobierno priva, con esta medida, a las emisoras libres de la más importante fuente de financiación, es decir, que las condena a muerte. Sin fuentes de ingreso publicitarias, en efecto, sólo podrán mantenerse las que sean alimentadas económicamente por los mecenas o por subvenciones. El proyecto de ley incluso prohibe la propiedad de una emisora a «una persona física».

Con estas restricciones a la libertad de las radios libres se supone que el Gobierno pretende obstaculizar la expresión de la derecha, proteger la Prensa escrita de provincias e impedir que el gran capital cree un lobby, radiofónico al margen del monopolio estatal.

El ministro del Interior, Gaston Defferre, propietario del Provençal, de Marsella, habría influido poderosamente en esta decisión última del Gobierno. El asunto, de todas maneras, dará mucho que hablar. Entre los parlamentarios que integran la mayoría gubernamental, muchos de ellos defienden el final auténtico de la piratería radiofónica, mientras que otros. puros y duros, creen que e monopolio estatal se encuentra ahora en buenas manos, y no sería conveniente lesionarlo al crear la competencia que significarían las radios libres.